El expresidente carioca puede presentar un último recurso hasta el 10 de abril
Esta condena supone un duro golpe para el ex mandatario, quien lidera las encuestas para las próximas elecciones presidenciales de octubre.
Se acabó el tiempo para Lula. Tras una larga jornada que se extendió por más de 9 horas, la justicia resolvió, con 6 votos a favor, enviar a la cárcel al ex mandatario brasileño.
Tras haber sido condenado por corrupción en enero a una pena de 9 años que luego fue aumentada a 12, la defensa de Lula interpuso un recurso de «habeas corpus» que impedía que Lula fuera encarcelado hasta que se agotaran todos los recursos de apelación, pero 6 de los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) votaron en contra de esta medida, por lo que el ex jefe de Estado podría ir a prisión en los próximos días.
Tras más de 9 horas y con un empate a 5 votos, fue Carmen Lúcia, presidenta de la Suprema, quien dio el voto definitivo para dar pie a la encarcelación de Lula.
Sin embargo, Lula da Silva aún podrá presentar un último recurso hasta el 10 de abril, aunque los expertos aseguran que las posibilidades de éxito son mínimas.
Esta condena supone un duro golpe para Lula, quien encabeza las encuestas para las próximas elecciones presidenciales de octubre.
Mientras el juicio se desarrollaba, grupos de manifestantes salieron a las calles, unos para expresar su apoyo al ex presidente y otros, para exigir que fuese encarcelado.
En esta causa, una de las 7 que se le imputan, Lula fue hallado culpable por beneficiarse de la corrupción en la estatal Petrobras, a través de la sesión de un apartamento en un balneario paulista.
Para los conservadores, Lula es la cara de la plaga de corrupción que afecta a la elite política del país.
Para la izquierda, Lula es un héroe cuya presidencia entre 2003 y 2010 sirvió para reducir los niveles de pobreza y es víctima de un sistema judicial que pasa por alto otros escándalos de corrupción, como los señalamientos contra el presidente Michel Temer.
El caso incluso ha dejado dudas acerca del estado de salud de la democracia brasileña después del polémico mensaje del comandante del Ejército urgiendo al ingreso en prisión del expresidente.
«Aseguro a la nación que el Ejército brasileño juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, a la paz social y a la democracia», escribió en Twitter el general Eduardo Villas Boas.
En 2016, el STF había decidido que los condenados deben comenzar a cumplir sus penas una vez que los tribunales de apelación confirmen las sentencias de primera instancia.
De igual modo, investigadores de la llamada Operación Lava Jato (Lavado de Autos), de la cual forma parte el juicio a Lula, han señalado que para la continuidad de las investigaciones es importante que los procesados inicien el cumplimiento de sus penas después de haber sido condenados en segunda instancia.
En enero, los jueces en la corte de apelaciones dijeron que el exmandatario había incumplido la ley al aceptar sobornos por valor de US$1,1 millones de la constructora OAS, una de las empresas implicadas en el escándalo «Lava Jato».
Lula, quien sigue siendo el político más popular de Brasil, aspira a presentarse a las elecciones presidenciales de octubre de 2018.
Sin embargo, tendrá dificultades para hacerlo si se mantiene la condena por corrupción en su contra pues le dejaría inhabilitado para ocupar cargos públicos.
Lula fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero, tras ser hallado culpable en julio de 2017 de aceptar sobornos por US$1,1 millones de la constructora OAS.
En enero, tras la apelación, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región ratificó la condena de forma unánime y aumentó la pena hasta los doce años y un mes de prisión.
