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Documentos filtrados sugieren que Rudd estableció cuotas de deportaciones de inmigrantes, las cuales tenían como objetivo aumentar el número de expulsiones. Rudd, sin embargo, rechazó conocer la existencia de estas cuotas.
La presión forzó su renuncia.
La ministra de Interior británica, Amber Rudd, dimitió este domingo tras la polémica por el trato a inmigrantes de países caribeños, que llegaron a Reino Unido entre 1940 y 1970 y que en los últimos años vieron cómo pasaban a ser inmigrantes ilegales.
Documentos filtrados sugieren que Rudd, que sucedió en el cargo a la primera ministra Theresa May, estableció cuotas de deportaciones de inmigrantes, las cuales tenían como objetivo aumentar el número de expulsiones. Rudd, sin embargo, rechazó conocer la existencia de estas cuotas.
Muchos emigrantes caribeños que llevan viviendo en el país desde hace décadas fueron amenazados con ser expulsados.
La responsable de Interior llamó a la primera ministra el domingo por la noche para comunicarle su decisión en medio de las crecientes peticiones para que dimitiera.
May dijo que lamentaba la salida de Rudd y consideró que debería estar orgullosa de lo que había conseguido.
El escándalo Windrush comenzó cuando se descubrió que algunos migrantes de los países de la Mancomunidad de Naciones o «Commonwealth», que habían llegado a Reino Unido entre finales de 1940 hasta 1970, habían sido declarados migrantes ilegales.
Tras la Segunda Guerra Mundial, miles de ciudadanos de países del Caribe como Jamaica, Barbados, Guyana o Trinidad y Tobago -que permanecían entonces bajo dominio británico- respondieron a un llamado en el que se ofrecía empleo y una nueva vida en Reino Unido.
Muchos llegaron al país siendo niños. La mayoría nunca regresó a sus lugares de origen.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESUn endurecimiento de la ley que promulgó Theresa May cuando estaba al frente de Interior hizo que esas personas debieran probar con documentos originales todos los años que han vivido en el Reino Unido, un trámite burocrático que algunos de ellos no pudieron cumplir.
A raíz de esa situación, algunos de ellos perdieron sus trabajos, vieron denegado el acceso a la sanidad, recibieron amenazas de deportación o no pudieron regresar al Reino Unido tras visitar su país de origen.
En plena polémica, Rudd negó ante un comité del Parlamento que hubiera cuotas de deportaciones de inmigrantes ilegales.
Posteriormente admitió que existían objetivos «locales» de partidas voluntarias de inmigrantes para uso «interno».
No obstante, el periódico The Guardian publicó un documento oficial de junio de 2017 de un funcionario en el que se hablaba de esas cuotas y que había sido preparado para Rudd y otros ministros. La ministra negó haber visto este documento.
El diario además publicó una carta, de enero de 2017, en la que Rudd informa a Theresa May sobre planes para reestructurar su cartera.
En ella, Rudd dice a May que planea centrar los esfuerzos en «el objetivo deincrementar el número de deportaciones forzadas en un 10% durante los próximos años, algo que creo que es ambicioso, pero viable».
La voluntad de Rudd de incrementar las «deportaciones forzadas» no debería haber afectado a los migrantes de la generación Windrush, pues estos estaban siendo amenazados con «salidas voluntarias».
El término «voluntario» hace referencia al método de salida del país, pero no significa que puedan decidir irse o no. Aquellos que se vayan de este modo pueden pedir al Ministerio asistencia financiera con los costes del viaje.
«El escándalo Windrush ha arrojado la debida luz sobre un problema importanteen nuestro país», señaló Rudd en su carta de dimisión enviada a May.
Rudd, que fue nombrada en el cargo en 2016, consideró que los votantes querían que aquellos que tienen derecho a residir en Reino Unido fueran tratados de manera justa y humana, pero también que los inmigrantes ilegales fueron expulsados.
