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La decisión fue anunciada en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del Poder Judicial que indicó que la decisión fue tomada por el juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca [ACTUALIZADA]
Una sala de la Corte Suprema de Perú anuló este martes el indulto humanitario que en diciembre pasado recibió el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y ordenó su captura para que sea ingresado en una prisión.
La decisión fue anunciada en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del Poder Judicial que indicó que la decisión fue tomada por el juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca.
El juez declaró fundado un pedido «de no aplicación» del indulto y dio una orden de «ubicación y captura» para que Fujimori «sea reingresado al establecimiento penitenciario» que determine la autoridad a cargo, agregó.
La decisión, emitida en una sentencia de 225 páginas, señaló que «carece de efectos jurídicos» la resolución de indulto que otorgó el 24 de diciembre pasado el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori por «razones humanitarias».
Al respecto, el abogado de Fujimori, Miguel Pérez, declaró que su patrocinado está «bastante consternado» con la orden judicial, aunque dijo que el fallo «es acatable» desde el punto de vista jurídico, «pero es cuestionable».
«(Está) muy preocupado, me ha dicho que si eso es legal. Eso teóricamente no era posible. Incluso había un informe de un expresidente del Tribunal Constitucional que nos daba la razón», aseguró.
El abogado consideró que Fujimori deberá retornar al penal de la Policía Nacional en el distrito limeño de Ate, donde cumplió desde 2009 la sentencia a 25 años de cárcel que se le impuso por delitos de lesa humanidad.
Pérez dijo que apelará esta sentencia porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló este año que «la vía correcta» para definir el caso se debía tomar en el marco constitucional y «no penal».
«Es apelable, porque es un pedido que se hace en una primera instancia, en todo momento dijimos que esta resolución, que el control de convencionalidad era prevaricadora. Toda vez que en el proceso dice que el proceso está vigente. Son temas de procedimiento», indicó.
El exministro de Justicia Enrique Mendoza, quien firmó el indulto otorgado el año pasado por Kuczynski, declaró en la emisora RPP Noticias que este fue «otorgado honestamente dentro de la facultad que tiene el presidente».
«Kuczynski tomó en consideración una serie de cuestiones de orden médico. Constitucionalmente el presidente está facultado. Me ratificó que es un indulto convencional y legal y atiende razones de orden internacional que son las razones humanitarias», dijo.
Al indultar a Fujimori, Kuczynski alegó «razones humanitarias» debido a las dolencias que afectan al exgobernante, de 80 años, quien padece de lesiones precancerígenas en la lengua, además de hipertensión y dolencias estomacales.
Sin embargo, la decisión fue cuestionada porque estaba cumpliendo una condena por delitos de lesa humanidad y fue otorgado poco después de que un grupo de legisladores disidentes del fujimorismo liderados por Kenji, el hijo menor del exmandatario, evitaran que se apruebe un pedido de destitución de Kuczynski por el Congreso.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, respectivamente, y por el secuestro de un empresario y un periodista tras el golpe de Estado que dio en abril de 1992.
En tanto, Miguel Arroyo, abogado del ex presidente peruano Alberto Fujimori, apeló la anulación del indulto a las condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad que el exmandatario gozaba desde la Navidad del pasado año.
Arroyo cursó la apelación después de haberse reunido con Fujimori en su domicilio, situado en una exclusiva urbanización de Lima, donde residía desde que fue excarcelado gracias al indulto que le concedió el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.
A la salida del encuentro con Fujimori, Arroyo argumentó que el juez Núñez no está capacitado para valorar la idoneidad de las razones médicas que motivaron la concesión del indulto.
La sentencia sostuvo que el indulto es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, «de la que forma parte el Estado peruano».
Asimismo, halló irregularidades en la tramitación del indulto al no cumplir exigencias legales ni ser transparente en la evaluación de la junta médica que determinó la excarcelación del expresidente.
Sobre la junta médica, consideró que «sorprende la celeridad con que fue procesada dicha solicitud» y advirtió que no cumplió los principios de imparcialidad y debido procedimiento, además de sobrepasarse en sus atribuciones y extralimitarse en sus funciones.
La resolución del indulto firmada por Kuczynski argumentaba que Fujimori padecía una enfermedad grave, degenerativa y no terminal, aunque no especificaba cuál.
El indulto fue concedido bajo sospechas de ser un acuerdo político, pues Kuczynski indultó a Fujimori solo tres días después de salvarse de ser destituido por el Congreso gracias a la abstención de un pequeño grupo de congresistas fujimoristas liderado por Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente, que le había pedido en reiteradas ocasiones liberar a su padre.
Fujimori fue condenado en 2009 como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en las que murieron 25 personas a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti durante el «autogolpe» de Estado de 1992.
Al expresidente, cuyo indulto ha durado nueve meses y siete días, le queda por cumplir 14 años de esta condena que finaliza en 2032 y que hasta el momento del indulto purgaba en una prisión construida expresamente para él, con una celda con tres ambientes y atención médica permanente.
