MUNDO
Justo antes de las elecciones de mitad del mandato, Donald Trump anunció el envío de soldados a la frontera con México y amenazó con el uso de la fuerza militar contra la caravana de migrantes. ¿Es eso legal?
¿Puede el Presidente Donald Trump modificar la ley estadounidense de asilo por decreto? Esta pregunta clave deberá ser respondida una vez más por los tribunales, lo cual podría tomar largo tiempo. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ya presentó una demanda contra la medida, y se espera que otras le sigan.
En consecuencia, el asunto podría tomar un rumbo similar al de la prohibición de ingreso que dictó Trump contra ciudadanos de algunos países musulmanes, poco después de asumir su cargo. Los tribunales bloquearon la puesta en práctica de la orden presidencial durante meses.
La nueva disposición de Trump indica que las personas solo pueden solicitar asilo en puntos oficiales de entrada al país. Aquellos que ingresen ilegalmente no pueden pedir asilo, pero pueden acogerse a otras modalidades para evitar la expulsión y remitirse, por ejemplo, a la Convención de la ONU contra la Tortura, indica Steven Yale-Loehr, profesor de derecho de inmigración en la Universidad de Cornell.
«El gobierno de Trump argumenta que permitir a la gente recurrir a esas otras modalidades satisface nuestra obligación internacional de no devolver personas a países en los que podrían ser objeto de persecución”, señala el especialista. Pero, para decidir si el decreto de Trump es legal y la argumentación correcta, la corte tendrá que sopesar diversas consideraciones.
«Tradicionalmente, los tribunales han asignado a los presidentes amplias facultades discrecionales en materia de inmigración, por cuanto afecta la soberanía nacional”, explica Yale-Loehr. No obstante, agrega que «Estados Unidos ha suscrito el protocolo de la ONU sobre refugiados, que impide a los países devolver a personas a Estados donde pueden ser perseguidas. Y el estatuto estadounidense de asilo permite expresamente a las personas solicitarlo, sin importar cómo hayan entrado a Estados Unidos. El presidente no puede revocar el estatuto de asilo. Solo el Congreso puede hacerlo”
El Ejército estadounidense no puede ser utilizado para detener o aprehender a potenciales inmigrantes en la frontera. Solo puede apoyar a las autoridades aduaneras y las patrullas de control fronterizo y otras fuerzas de orden interno. Los soldados solo pueden emplear armas en defensa propia y como último recurso.
Las limitaciones legales al empleo de soldados para asegurar la frontera del país con México están contenidas en la Posse Comitatus Act (PCA), una ley federal que prohíbe a las fuerzas militares asumir funciones propias de las fuerzas de orden público. Pero si las tropas actúan pasivamente, en función de apoyo, no se vulneraría este principio, a juicio de Timothy MacArthur, experto en derecho militar.
Consultado acerca de la alusión de Trump a que los militares podrían disparar contra inmigrantes que les lanzaran piedras, MacArthur señala que es muy probable que el uso de fuerza letal viole los estándares legales, «exponiendo potencialmente a los soldados y sus comandantes” a sanciones administrativas y penales.
Más aún: MacArthur apunta que la PCA también impide el empleo de equipamiento militar utilizado específicamente con propósitos bélicos en la frontera e indica: «No veo cómo podrían usarse tanques u otro equipamiento diseñado específicamente para combates”.
