Mientras mayor es el aporte de un tercero no involucrado directamente en la relación de trabajo, mayores son los incentivos a que las partes sí involucradas usen ese aporte indebidamente.
El desempleo es posiblemente uno de los problemas cotidianos más graves a que estamos expuestos los trabajadores en la actualidad. La pérdida de autoestima y la conflictividad familiar, no medidas por los economistas, son las partes que se suman a la carencia de ingresos y que, en conjunto, producen graves conflictos personales y sociales.
Para aliviar sólo uno de estos problemas, el que a analistas y legisladores les ha parecido más tangible, cual es la pérdida de ingresos, los países más desarrollados han implementado sistemas de seguros de desempleo, lo que también hoy en Chile se está siguiendo.
Este seguro, sin embargo, debe diseñarse con gran prudencia. Involucra costos que todos finalmente pagamos y, en la medida que los beneficios no satisfacen a quienes deseamos que satisfagan, representará una pérdida de recursos que éticamente, como país, no debiéramos aceptar.
En lo que sigue, abordamos directamente lo que nos parece son los aspectos más relevantes que debieran considerarse en el contexto de la discusión actual.
Financiamiento del Estado. Mientras mayor es el aporte de un tercero no involucrado directamente en la relación de trabajo, mayores son los incentivos a que las partes sí involucradas usen ese aporte indebidamente, pues un acuerdo entre esas partes puede beneficiarlas a costa de sólo quien aporta externamente.
El mal uso de este tipo de subsidios es más probable mientras menor es la capacidad de fiscalización y esa capacidad en Chile es baja, particularmente en empresas pequeñas y medianas.
Costo del Seguro. Abstrayéndonos de la parte que pudiera financiar el Estado, la discusión sobre quién paga el seguro -si el empleador y/o los trabajadores- es, en economía, absolutamente distinta a la que se ha sostenido en el país.
Quién realmente pague el seguro de desempleo no depende de si la cotización se deduce de la planilla o es un ítem de costo diferente para la empresa. Quién paga el seguro depende, en última instancia, de las alternativas de trabajo que tienen los trabajadores y de las posibilidades de sustitución de factores productivos que tienen las empresas.
Considérese por ejemplo que se decretara un seguro obligatorio equivalente al 10% del salario y que ese seguro debe ser pagado por la empresa. Consideremos también el caso de una industria que enfrenta fuerte competencia internacional, como pudiera ser el ensamblaje de autos: por su imposibilidad de traspasar a costos y a precios el seguro, podemos predecir que si los trabajadores ganaban $300.000, la empresa reducirá su salario a $273.000, de modo que una vez agregado el 10% que debe pagar por concepto de seguro no le signifique un mayor costo al que previamente tenía. En el caso de nuestro ejemplo, la rebaja del salario es la salida más conveniente, porque la alternativa es la quiebra.
En el caso de otra industria que, digamos, enfrenta menor competencia externa, como pudiera ser la construcción, y particularmente si los trabajadores tienen la posibilidad de laborar en otros sectores a un salario equivalente, las empresas no estarán en condiciones de traspasar el costo del seguro a los trabajadores bajando sus salarios. Aquí, con la misma ley, el costo del seguro lo pagarán las empresas y los consumidores, a través de un mayor precio de la construcción, pero no los trabajadores de la construcción.
Como lo demuestra este ejemplo, no es la ley la que determinará quién paga el seguro, sino las condiciones del mercado laboral.
Hay, eso sí, un elemento importante a considerar para el diseño. Como el primer ejemplo lo demuestra, la industria que enfrenta competencia externa y que no tiene medios para pagar el costo del seguro, debe contar con la posibilidad de reducir el salario para no incurrir en un costo real mayor. Como los contratos salariales tienen una duración que impide el ajuste inmediato, ello dejaría a una industria como la señalada en nuestro primer ejemplo en peligro de quiebra. Por ello, resulta conveniente que el diseño permita una transición, es decir, que se otorgue un plazo de al menos un año para comenzar a cotizar.
Administración y Fiscalización. La administración del seguro y la fiscalización son materia de la mayor importancia al momento de implementar un seguro.
Es absolutamente necesario que se parta de la base de que no es posible para ningún ente impedir los abusos en esta materia. Por ello, independientemente de los esfuerzos que se desplieguen por parte de las instituciones estatales, el diseño debe contemplar mecanismos que disminuyan o limiten los costos asociados a tales abusos.
En esta línea, debiera excluirse de este beneficio a grupos no objetivos, particularmente a los jóvenes, que aunque muestran tasas muy altas de rotación laboral, ellas no están asociadas a despido.
La evidencia internacional respecto de lo sensible que es el éxito del seguro al diseño institucional es abrumadora.
* En Brasil por ejemplo, el pago del seguro llagó a ser tan engorroso y difícil de verificar, que los beneficiarios recibían el pago de cuatro meses de una vez, independiente de su situación laboral. Ello, por cierto, terminó reduciendo la cobertura de beneficio.
* En Bélgica, las regiones flamenca y francófonas observan tasas de desempleo muy distintas, lo que obedece en gran parte a que el pago asociado al desempleo es muy elevado. A su vez, ello hace poco atractivo para los francófonos trasladarse una decena de kilómetros y trabajar en la región que sí demanda trabajadores, lo que involucra una pérdida de recursos enorme.
En definitiva, la teoría y práctica de los seguros de desempleo indican que en el diseño cabe destinar mucho trabajo y dedicación y que un mal diseño aumentará significativamente el desempleo abierto, lo que, a su vez, termina demandando una enormidad de recursos.
Por lo mismo, las estimaciones de costo del seguro suelen quedar muy por debajo de los reales costos, particularmente cuando las proyecciones se hacen, como en la mayoría de los análisis que conocemos, sobre la base de antecedentes históricos.
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* Ricardo Paredes Molina es Ingeniero Comercial y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile.
