Habrá que poner atención si el gobierno decide atacar el nudo central de la Carta: el rol de garantes de la institucionalidad que se le asigna a las Fuerzas Armadas.
Ricardo Lagos ha tomado la decisión de poner sobre la mesa el tema de las reformas constitucionales. Lo ha hecho de una manera sagaz: enviando el bulto al Congreso y obligando, con ello, al Parlamento a asumir una responsabilidad política mayor.
En primer lugar, porque el reconocimiento de la necesidad de reformar la Constitución estuvo en el discurso de los dos principales candidatos presidenciales. En segundo, porque desde mucho antes del fin de la dictadura, y durantes los 10 años de su gobierno, la Concertación habló permanentemente del tema aunque sin pisar nunca el acelerador a fondo.
Por cierto, la transición ha concedido mucho en este tema. Ya nadie señala que la Carta Fundamental nació de un plebiscito que la entonces oposición calificó fundadamente de fraudulento, ni que incluso su abolición estuvo en los programas originales de la alianza, por esa época disidente, que ya lleva diez años en La Moneda.
En todo caso, el tercer gobierno de la Concertación le ha puesto una intensidad al tema que ninguno de los anteriores puso. Por exceso de prudencia, en el caso de la administración Aylwin; por cuestión de prioridades, en el caso de la de Frei.
Y si hubiera que hacer crítica por eso, sin duda la mayor habría que hacérsela al gobierno de Patricio Aylwin. Recién instalado, un paquete de reformas constitucionales no habría podido ser rechazado por la oposición de derecha, particularmente, entonces, por Renovación Nacional, que aspiraba a consolidar su imagen de centroderechista para diferenciarse de la UDI. Pero el gobierno de Aylwin no se atrevió, y la Constitución se fue acorazando, porque la derecha se escudó en ella.
En esta etapa de debate constitucional que Lagos ha abierto habrá que poner atención si el gobierno decide atacar el nudo central de la Carta: el rol de garantes de la institucionalidad que se le asigna a las Fuerzas Armadas. Ese es el núcleo del que se deducen la inamovilidad de los comandantes en jefe, la imposibilidad de que el Presidente pueda llamar a retiro a un oficial, las prerrogativas y conformación del Consejo de Seguridad Nacional, la presencia de senadores designados «representantes» de las FF.AA.
El resto es importante, pero secundario.
En un clima electrizado por la reactivación estadounidense del caso Letelier y el proceso de desafuero a Pinochet, el tema constitucional permitirá de nuevo mostrar las cartas a los actores políticos. En suma, si nuestra derecha sigue apegada, en el fondo, al concepto de «democracia protegida» que está en la génesis de la Constitución, y si la Concertación tiene la altura para, más allá de desmantelar «los enclaves autoritarios», pensar en serio una Carta Fundamental mejor.
Por cierto, hay un actor que no debe dejar de mencionarse: las Fuerzas Armadas. Ellas saben que los cambios que el oficialismo propone significan una drástica reducción de su poder. O sea, ceñirse a los límites que cualquier democracia civilizada impone a sus militares. Para los nuestros, eso no es poco.
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Nibaldo F. Mosciatti es director de prensa de la cadena de radios Bío Bío.
