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La movilización estudiantil universitaria de 2002

por 16 junio, 2002

No parece injusto que se pague por estudiar. Lo que parece injusto es que no se pague de acuerdo a las posibilidades que cada familia tiene para hacerlo.
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Los estudiantes de muchas universidades públicas chilenas se encuentran en estos días movilizados una vez más. Sus demandas son económicas y políticas. Reclaman que el Estado de Chile se haga responsable por el financiamiento de las instituciones de educación superior en las que estudian, y que esas mismas instituciones, internamente, cambien el sistema administrativo y de gestión que les impuso la dictadura, un sistema que no es democrático y que todavía hoy, después de 12 años de gobiernos concertacionistas, se mantiene vigente en gran medida.



Estas demandas estudiantiles son justas, por la importancia social que la educación pública posee entre nosotros, por el carácter de escuela de ciudadanía que debe tener en cuanto que está destinada a formar individuos con conciencia de identidad nacional y espíritu democrático, y porque la campaña de desmantelamiento de la educación superior pública que llevó a cabo en Chile la dictadura no sólo no ha sido revertida hasta la fecha, sino por el contrario, los tres gobiernos de la Concertación la han ahondado en más de un aspecto.



El olvido por parte del Estado de Chile de sus deberes para con el sistema universitario público ha conducido a:



(i) Políticas de autofinanciamiento que distorsionan severamente la misión de la universidad, la que no puede ni debe pensarse ni conducirse como una empresa comercial;
(ii) un desmejoramiento grave de la estructura salarial de los académicos, cuyo resultado más visible es el éxodo de muchos de ellos y, por consiguiente, la pérdida de competitividad de estas universidades frente a sus pares en el sistema privado;
(iii) procesos de endeudamiento que en el menos malo de los casos comprometen el funcionamiento de las instituciones involucradas, y en el peor, las llevan a la quiebra (como ejemplo figura la Universidad de Atacama);
iv) una de las dos causas centrales de la actual movilización estudiantil: una voluntad de apoyo económico a los estudiantes que sigue siendo de carácter asistencial y paliativo, al insistir en la utilización de un procedimiento que está colapsado de acuerdo a todos los análisis que se han hecho de él (por ejemplo, los del Consejo de Rectores), en vez de imaginar soluciones de fondo que permitan materializar de una vez por todas la promesa del Presidente del República en el sentido que ningún joven chileno que tenga el talento y la vocación para estudiar puede quedar fuera de la universidad.



Nos referimos a la insistencia por parte de las autoridades del actual gobierno en solucionar los problemas económicos de los estudiantes universitarios por la vía de un perfeccionamiento en el número y la calidad de las becas y créditos que se les otorgan, cuando lo que en realidad se necesita es una política de cobros que esté en directa relación con la capacidad económica familiar.



No parece injusto que se pague por estudiar. Lo que parece injusto es que no se pague de acuerdo a las posibilidades que cada familia tiene para hacerlo.



La otra demanda de la movilización estudiantil que está en marcha en estos momentos tiene que ver con el problema de la participación. Por diversas razones, nacionales e internacionales, el modelo de universidad que parece privilegiarse, hoy por hoy, entre nosotros, es el de la universidad tecnocrática y burocrática en la que unos estudian, otros enseñan y unos terceros que deciden lo que hay que hacer y cómo se hace.



Este modelo universitario, además de ser contrario a la tradición intelectual de América Latina, desde la Reforma de Córdoba en adelante, pasa por la eliminación del concepto de comunidad, el que como todos sabemos ha sido parte de la definición de estas instituciones desde su aparición en la historia de la cultura de Occidente.



En el fondo, se trata de un traslado mecánico y torpe de la estructura administrativa y de gestión de las corporaciones empresariales al medio universitario con las consecuencias de confusión epistémica y descarrío democrático que ello tiene. No habiéndose modificado, en la mayoría de los casos, los estatutos orgánicos que rigen a las universidades públicas chilenas, no tiene nada de raro que muchas de ellas hayan mantenido e incluso profundizado el mismo esquema de funcionamiento.



De aquí la demanda de los estudiantes, de aquí la justicia profunda de la reivindicación democrática.



La Universidad de Chile, desde 1997 en adelante y como resultado de la movilización de estudiantil de aquel año, del encuentro universitario al que ella dio lugar, de dos referéndum y de la constitución de una Comisión Normativa Transitoria, ha dado un paso significativo para satisfacer por lo menos la segunda de las dos grandes reivindicaciones de la movilización estudiantil actual.



Por fin, después de una larga elaboración y de un número nada parco de mediaciones suspicaces, esta casa de estudios ha logrado hoy la aprobación interna de un nuevo estatuto orgánico cuya característica más destacada es la división de poderes al interior de la institución y que contempla, por eso mismo, la actividad eficaz, no meramente decorativa de un senado universitario con participación triestamental.



No cabe sino poner de relieve la complacencia que en la ciudadanía democrática del país produce este logro, que es el fruto de la lucha de la comunidad de la Universidad de Chile por recuperar los derechos que le fueron conculcados por el autoritarismo, y del que se esperan grandes cosas.



Corresponde, sin embargo, advertir que, aunque muy importante, se trata sólo de una primera etapa en el proceso de la puesta en ejercicio del nuevo estatuto orgánico. Para que éste entre en vigencia definitivamente, el texto que a través de los procedimientos que determina la legalidad actual acordó la Universidad tendrá que adquirir rango legal. Es predecible que esta segunda etapa tropiece con dificultades serias, y frente a ellas la comunidad de la Universidad de Chile tendrá que estar alerta.



Si desde el punto de vista de la democratización la Universidad de Chile ha dado ya un paso significativo, no puede decirse lo mismo en lo que toca a su financiamiento. No es exagerado concluir que desde este segundo punto de vista la Universidad de Chile pasa hoy por el peor momento de toda su historia. Con una deuda institucional total de alrededor de 30 mil millones de pesos, pagando sólo en intereses cada año sumas que equivalen al presupuesto de dos o tres facultades, con los peores sueldos que reciben los académicos en el sistema de la educación superior, con una infraestructura que en muchos casos no permite la permanencia de los académicos en sus puestos de trabajo y simplemente porque no tienen el espacio físico para hacerlo, con una sistema de becas insuficiente y con un Estado que contribuye con menos del 30 por ciento de lo que la universidad gasta, la verdad es que la situación es harto más complicada de lo que sus autoridades parecen creer.



La Universidad de Chile aún no ha cerrado sus puertas gracias sobre todo al amor que sienten por ella sus académicos y sus estudiantes, pero no cabe duda de que experimenta un proceso de debilitamiento gradual cuyas consecuencias ya se perciben, en el alejamiento de parte del personal académico más valioso, en la imposibilidad de retener a los mejores graduados, en la pobreza del financiamiento interno para los trabajos de investigación y en el estado de crisis perenne en que sobreviven los organismos de extensión, entre otras señales.



Todo lo anterior quiere decir que la movilización estudiantil de este año le concierne a la Universidad de Chile también y de manera directa, y que los académicos de ésta no deben ni pueden ignorarla.



De nuevo en el 2002 como en 1997, los estudiantes les señalan el camino. Puede que el escenario sea hoy más complejo que el de hace cinco años, pero por lo mismo las posiciones y las actuaciones de los académicos tendrán que ser más claras y más decididas. Es necesario construir en Chile un gran movimiento en defensa de la educación pública que le muestre al supremo gobierno que los universitarios saben más de universidad que los tecnócratas y los burócratas, y que saben más porque le han dedicado sus vidas.



De ahí que un gran movimiento universitario no pueda ser solo de estudiantes, sino que tendrá que incluir a todos quienes forman la comunidad, estudiantes, académicos y no académicos, en cada institución y en el conjunto de las que enfrentan problemas similares.



Un frente universitario público es la tarea de hoy. En un escenario tan adverso como el que tienen por delante los universitarios, solo con la unidad de todos ellos en torno a una plataforma común, democráticamente acordada, se podrá salvar para Chile la posibilidad de una educación superior digna, equitativa, pluralista y de la más alta calidad.



* Profesor titular de la Universidad de Chile, doctor en Filosofía de la University of Iowa (EEUU), director del Programa de Magister en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades.



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