Melancolía cívica

He guardado silencio durante las últimas semanas afectado de melancolía cívica. Me duele lo sucedido, esa irrupción de pus y podredumbre que afecta a nuestra democracia y también los simulacros que se despliegan como campañas de purificación.



Existe, sin la menor duda, un problema de transparencia de la política. Pero ella afecta todos los actores del sistema y no sólo a la Concertación. Su existencia obliga a realizar una cirugía mayor que contenga dos tipos de medidas.



Por una parte disposiciones que modernicen el servicio publico, otorgándole a los funcionarios los salarios que corresponden a sus tareas, sin que tengan que acudir para ello al uso de oscuros sobresueldos. Por otra, disposiciones que democraticen la competencia política, introduciendo el financiamiento público de los partidos y reglamentando el sistema de donaciones de los privados, cuya primera condición debe ser la publicidad sobre su monto y destino.



Mi melancolía cívica tiene relación entonces tanto con las prácticas oscuras de la Concertación como con la inequidad de las denuncias practicadas por El Mercurio y La Tercera. Los medios informativos que controlan la agenda publica han caído en un tipo de hipocresía parecida a la que usaron en tiempos de la dictadura, donde practicaron sin disimulo el doble estándar.



En este caso el montaje informativo consiste en transformar a la Concertación en el único trasgresor y en silenciar el hecho evidente de que se trata de una crisis del sistema de financiamiento de la política. Esto significa que si en vez de investigarse sólo los dineros públicos se investigara también el uso político de los dineros privados, tal como se hace en Estados Unidos, se encontrarían claras huellas del financiamiento de la actividad política por parte de los grandes grupos económicos. Y se trataría de casos de corrupción, pese al carácter privado de la decisión, no sólo porque se trata de financiamientos ocultos, que no permiten conocer el nivel en qué está involucrado el gran capital con determinados partidos, sino también de dineros que seguramente se maquillan en los estados contables de las empresas.



Como es bien sabido el funcionamiento de los partidos requiere de enormes recursos, casas o edificios diseminados a lo largo del país, instalaciones de oficinas, pago de funcionarios y de activistas, viajes, financiamiento de la actividad permanente y de las campañas electorales, financiamiento de institutos de investigación anexos. ¿De donde sale todo ese dinero? ¿Cómo es posible que el financiamiento del órgano de movilización y politización ciudadana más importante de la democracia representativa sea desconocido, carezca de reglamentación y esté entregado a la filantropía de los adinerados o a las artimañas de los partidos y sus agentes recaudadores?



Es evidente que la persistencia de este sistema le interesa y le conviene a la derecha. Ella tiene el apoyo sin condiciones del gran capital privado, quien le provee de caminos «limpios» para conseguir el funcionamiento permanente para sus organizaciones políticas, para financiar los exorbitantes gastos extraordinarios de las campañas y para mantener funcionando sus institutos de investigación. Pero no favorece a la Concertación y mucho menos a los partidos de izquierda que están compitiendo en el sistema o que quieran entrar en él.



La Concertación, cuyo papel en la reproducción de la sociedad neoliberal ha sido clave, no tiene sin embargo el apoyo ideológico del gran capital y para conseguir financiamiento estable de ese sector debe seguramente realizar esfuerzos de convencimiento y entrar en negociaciones complejas. No es extraño entonces que para financiar los gastos permanentes que demandan partidos con localización nacional y para solventar campañas electorales en que no existe límite del gasto se haya caído en la tentación de usar dineros públicos o en la degradación que significa que algunos de sus parlamentarios se hayan dedicado a montar redes de influencia con empresarios tramposos, donde se transan montos que habrán hecho sonreír a casi todos los gerentes.



Esta crisis ha puesto en evidencia una grave deficiencia de nuestro sistema democrático. Las actuales prácticas de financiamiento de la política favorecen la intromisión secreta del gran capital privado, estimulan el uso indebido de fondos públicos o incitan a los políticos a financiar sus campañas, en el mejor de los casos usando sus dineros personales (lo que elitiza a la política) y en el peor a través de negociados o movilización de influencias.



El penoso espectáculo que ha afectado a la Concertación degrada a la acción política. Crea la imagen que todos los políticos actúan de la misma manera. Y es eso lo que la prensa irresponsable, amplificadora de los escándalos, quiere hacer creer. A ella no le importa que se deteriore el prestigio de los partidos. Su objetivo no es perfeccionar la democracia sino demoler a la Concertación. Y la verdad que ésta hace todos los meritos para ser aniquilada. Pareciera que buscara la destrucción, como si hubiera perdido el sentido de su destino histórico.



Pero no podemos permitir que unos escribientes ideologizados hagan su agosto. Si quieren abordar en serio el problema de la trasparencia de la política deben investigar a todos los actores. Hasta ahora están usando el problemas de las coimas y del caso GATE con finalidades partidistas.



Pero en verdad, no hay mucho que esperar de las iniciativas de la Concertación, del gobierno o de la derecha. Todos los actores políticos insertos en el sistema están interesados en preservar sus ventajas, porque cada uno de ellos tiene acceso al dinero público y/o privado para financiar su actividad permanente y sus campañas electorales.



En realidad el problema de una verdadera transparencia está ligado al problema global de la democratización del Estado en Chile. Por tanto está vinculado a la lucha por una nueva Constitución y por la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Sólo un cuerpo de ciudadanos organizados que asuma como tarea principal la democratización efectiva de la política chilena podrá hacer de este tema un asunto de discusión pública.



Solo un grupo de esa naturaleza puede evitar la actual ideologización de la discusión. Los grandes medios de comunicación están coludidos para transformar a la Concertación en el chivo expiatorio. Ellos hasta el momento han llevado agua al molino de la derecha y no han cumplido su papel de mostrar la crisis del sistema de financiamiento de la política. Hacen pequeña política.



Para curar el mal desde la raíz hay que repensar el problema de la relación dinero y política, en el marco de una lucha más general por la democratización a fondo de nuestra sociedad.



Hay que luchar por una verdadera trasparencia, que ponga en cuestión el sistema de financiamiento de la política. Eso sólo podrán hacerlo los grupos de ciudadanos independientes, que no obedecen a la lógica perversa de los grandes medios de comunicación ni a la lógica defensiva de la Concertación.



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