Cómo financiar el Plan Auge: ¿a quién le pasa la cuenta el gobierno?

Dos caras para la población tiene la propuesta que lanzó el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien anunció el alza de una serie de impuestos para financiar el programa social del Gobierno y especialmente el plan Auge. El lado bueno, contra lo que puedan decir los líderes de los grupos económicos, es que el Gobierno decida aplicar tributos a los «males» como los combustibles contaminantes y el alcohol, porque con ello se desincentiva el consumo de estos bienes. Sin embargo, el lado negativo es que se pretenda subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que afecta en mayor medida a las personas con menores ingresos.



El objetivo de este proyecto de ley es obtener el financiamiento requerido para poner en marcha los programas Chile Solidario y Plan Auge, que tendrían un costo aproximado de $ 225.000 millones (unos US$ 320 millones). Según consta en el proyecto de ley, este mayor gasto fiscal se financiará con el crecimiento económico, con mejoras de eficiencia en el gasto público y en la recaudación tributaria. Dentro de este último punto se incluye una combinación de impuestos a los combustibles contaminantes, al alcohol y a los juegos de azar, junto a un incremento de 0,25 puntos porcentuales en el IVA.



En términos generales, la propuesta no resuelve el problema de financiamiento público. Además, tiene una parte perjudicial relacionada con el aumento del IVA. Este impuesto es supuestamente no distorsionador porque grava a todo los bienes por igual, es decir, no altera la asignación de recursos, pero no necesariamente es conveniente desde la perspectiva de las políticas públicas. Por ejemplo, quizás sería conveniente, desde un punto de vista social, fomentar mayor lectura en la población rebajando el precio a los libros, lo que se podría hacer con un IVA diferenciado o eximiendo a los libros de este tributo, como lo hace la gran mayoría de países.



Sin embargo, la crítica mayor al aumento del IVA tiene relación con su impacto distributivo, pues es un impuesto altamente regresivo. Esto quiere decir que en la medida que las familias tienen menores ingresos, el porcentaje de su renta que se paga por concepto de IVA es mayor. (Ver Cuadro 1).



Como se puede observar en el cuadro, el primer decil (el 10% de la población con ingresos más bajos), representa el 1,4% del ingreso total del país y contribuye con un 11% al total de IVA recaudado. En cambio, el décimo decil, que representa al 10% de la población con ingresos más altos y acapara un 41,09% del ingreso nacional, aporta al IVA sólo en un 6%.



En definitiva, el incremento del IVA perjudica a la población más pobre del país y además amplía la brecha de desigualdad de la riqueza. Chile ostenta una de las peores distribuciones de ingreso del mundo, la cual se ha agudizado en la última década. Más aún, tiene una estructura tributaria que empeora aún más la distribución de ingreso. Por lo tanto, la nueva propuesta del Ministro Eyzaguirre no es más que otro aporte a la desigualdad.



Se requiere una discusión amplia sobre la actual estructura tributaria, especialmente en cuanto a sus objetivos e instrumentos. Si realmente se quiere hacer un gran salto hacia el desarrollo y promover una reforma tributaria que contribuya eficazmente al progreso de Chile, corresponde enfatizar en la justicia distributiva y en el desarrollo sustentable.



Pero, más allá de una discusión amplia y transparente sobre la estructura tributaria, en relación al tema específico de financiar el programa social de Gobierno, no cabe duda de que la forma adecuada de resolverlo es a través de la aplicación de un royalty que grave las ventas del sector minero, tema que ya ha estado en la discusión pública.



Las empresas mineras durante décadas han pagado impuestos bajísimos. Estas compañías han aprovechado la política tributaria que los incentivó a llegar al país, pero hasta ahora no han devuelto los ingresos que corresponden.



En el caso del sector minero, es dramática la tremenda diferencia entre las empresas públicas y privadas. Es así como la minera estatal CODELCO aporta al Fisco cerca de 370 millones de dólares al año, mientras que la minería privada entrega sólo 98 millones. Asimismo, en promedio, entre 1991 y el año 2001 CODELCO ha tributado siete veces más que la minería privada, en circunstancias que en igual periodo la minería privada ha producido 30% más cobre que la empresa estatal.



Por esto es de entera justicia un sistema de royalty a la minería, o sea, un impuesto adicional sobre las ventas mineras por usar un recurso que es de todos los chilenos. Este es un esquema que existe en otros países y que recientemente se introdujo en Sudáfrica. El royalty permitirá, por una parte, financiar las iniciativas sociales y, por otro lado, que Chile reciba parte de los recursos que le pertenecen por el uso de las fuentes de riqueza de la nación.



Con un royalty de apenas 2% sobre las ventas se logran ingresos entre los US$ 1.118 y los US$ 860 millones, en cifras del año 2000. Considerando un precio de largo plazo del cobre de 95 centavos de dólar por libra, los ingresos anuales alcanzarían hasta US$ 1.500 millones al año, recursos suficientes para financiar ambiciosos programas sociales. Incluso, alcanzaría para los sobresueldos de los ministros de Estado.



No cabe duda, el royalty permitiría al Estado financiar sus proyectos sociales y cobrar por la apropiación de un recurso nacional, pero ejecutarlo requiere audacia porque implica enfrentar a poderosos intereses económicos. El Gobierno, en vez de este camino, ha decidido cobrarle la cuenta a los más pobres del país aumentando el IVA.







* Director de Estudios de Fundación Terram