Un distinto escenario sería que hay «razones de Estado» para que el CDE, tal como ya aconteció con los «pinocheques», haya decidido no ejercer sus atribuciones legales en defensa del interés fiscal. Y en este evento, para no ser majaderos, habría que aceptar los hechos, ya que no tendría sentido práctico seguir denunciando esta acomodaticia «desinteligencia» que grafica en toda su magnitud nuestra endeble institucionalidad.
La Plaza Paraguay es un área verde de uso público que está localizada enfrente de la Avenida Américo Vespucio Sur (altura 500), en donde remata la Avenida Parque Presidente Errázuriz en la comuna de Las Condes. Por los otros 3 costados enfrenta las calles Cruz del Sur, del Inca y Albacete y su arbolada superficie es del orden de los 12.000 metros cuadrados.
Hace 55 años atrás la propietaria del fundo San Pascual decidió subdividir una parte de él con el objeto de lotearlo y urbanizarlo para construir viviendas, de acuerdo a las normas contenidas en el Plan de Urbanización de Las Condes de 1945. En el plano de loteo respectivo, la mencionada área verde aparece como plaza pública y a pesar de ello las autoridades municipales de la época permitieron que en su sector poniente se construyera un edificio de 4 pisos que -hay que reconocerlo- tenía un innegable valor arquitectónico.
Según los certificados municipales, esta plaza se incorporó al dominio nacional de uso público el 22 de febrero de 1953, al cumplirse íntegramente los presupuestos establecidos en el artículo 64 del DFL NÅŸ 345 de 1931. Hacemos notar que en la doctrina legal chilena los bienes nacionales de uso público tienen el carácter de ser incomerciables e imprescriptibles, por lo que no pueden ser adquiridos por prescripción adquisitiva por parte de privado alguno.
Como nadie se opuso a esa irregular ocupación de suelo colectivo, vía Decreto Alcaldicio NÅŸ 178 del 1 de junio de 1955, se aprobó el plano S-672 de rectificación «de la parte destinada a Plaza Municipal» y las unidades del mencionado edificio fueron inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, sin que éste se percatara de las singulares «autorizaciones» municipales.
Transcurrieron los años y en 1997 unos privados compraron todos los departamentos que conformaban ese valioso e histórico edificio, emplazado en unos 800 metros cuadrados de superficie y en 1998 la dirección de obras respectiva autorizó la demolición de ese edificio patrimonial y en su reemplazo aprobó la edificación de una torre de 27 pisos, a pesar de que los arquitectos de Asesoría Urbana calcularon que la altura máxima podía ser 8 pisos.
Y aquí ardió Troya, pues los vecinos del sector, organizados bajo la conducción de una decidida presidenta de la Junta de Vecinos C-6 San Pascual, hicieron innumerables gestiones para detener el proyecto en cuestión. Ellos fueron los que investigaron la historia del área verde, situación dada a conocer a todas las autoridades sectoriales. Es más, el alcalde Joaquín Lavín, instó a los vecinos a que ejercieran sus derechos ante los tribunales de justicia y les aseguró que el municipio los iba a ayudar. La comunidad inició las acciones judiciales y el alcalde se desentendió de su ofrecimiento.
Dado que el Ministerio de Bienes Nacionales, a través del Seremi, tiene el control superior de estos bienes públicos y teniéndose en cuenta que las municipalidades son meras administradoras de los mismos, el nombrado, después de haber analizado acuciosamente la materia, se dirigió el 16 de diciembre de 1999 al nuevo alcalde de Las Condes, haciéndole notar que no se podían realizar obras de privados en el terreno de la Plaza Paraguay, ya que éstos habían efectuado un cierre perimetral en todo el territorio colindante -4.000 metros cuadrados- con el del edificio demolido.
El edil no adoptó la medida de protección de ese bien nacional, en los términos solicitados por la función pública competente y todo siguió su curso. ¿Surrealismo?, se podrá preguntar algún lector. No, estos son los habituales comportamientos de nuestras autoridades, tanto locales como centrales. Los tiempos que corren invitan a menospreciar lo colectivo, a sabiendas que la comunidad no está debidamente fortalecida para defender con efectividad lo que le pertenece.
Hoy en día se ha terminando de construir una torre habitacional de 19 pisos en ese bien público y se iniciará la construcción de otra similar. Como esta situación es conocida por los ministros del Interior y de Vivienda, como igualmente por el intendente, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado y la comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados, sería saludable conocer la respuesta a nuestra interpelación, por parte de alguna de las autoridades aludidas, para que así los lectores de El Mostrador.cl saquen sus propias conclusiones.
La otra posibilidad viable -aunque rebuscada- es que el Seremi de Bienes Nacionales, haciéndose un forzado mea culpa -a la usanza bolchevique- exprese tardíamente que todos sus estudios técnicos y jurídicos adolecen de lamentables «errores administrativos» y que la Plaza Paraguay -en el sector que nos preocupa- siempre ha sido un bien particular y que, por tal razón, se ve en la necesidad de invalidar su ORD. NÅŸ 73 del 11 de enero de 2000, en donde le solicitaba al Consejo de Defensa del Estado (CDE) su intervención ante los tribunales de justicia para recuperar el bien público que se estaba perdiendo.
Un distinto escenario sería que hay «razones de Estado» para que el CDE, tal como ya aconteció con los «pinocheques», haya decidido no ejercer sus atribuciones legales en defensa del interés fiscal. Y en este evento, para no ser majaderos, habría que aceptar los hechos, ya que no tendría sentido práctico seguir denunciando esta acomodaticia «desinteligencia» que grafica en toda su magnitud nuestra endeble institucionalidad.
Después de todo, las torres no se van a demoler y no es la primera vez que se hacen estas cosas en Chile: ejemplos abundan, sobre todo en los sectores altos de la ciudad. Pero sí exigimos que sea la última y en este sentido apelamos al sentido de responsabilidad de quienes nos gobiernan.
Finalmente y ya que están de moda las fotografías en el campo político, nosotros quisiéramos que el primer Mandatario durante un período determinado de tiempo, no se retrate con ninguno de aquellos que -por ausencia de fiscalización- incumplieron con sus deberes constitucionales y legales.
(*) Director de la Agrupación «Defendamos la Ciudad».
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