El debate público (seamos optimistas y asumamos que en Chile existe) sobre el posible cobro de un derecho de explotación a las mineras, se ha abordado desde sesudos argumentos económicos. Pero, a riesgo de ofender a los entendidos, aquí nos parece que se lo puede analizar de un modo más simple. Así lo entenderán mejor los afectados: los chilenos. Y cómo no, en una época de individualismo nos acogeremos al juicio del interés individual.
Recordemos que Smith, Bentham y Malthus lo definían como el medio que Dios dio al hombre para buscar su felicidad; de ahí que sea un juicio certero y una actitud legítima, es más sagrada. Evitaremos de esa manera suspicacias y, por el contrario, trabajaremos con el principio rector de la economía moderna.
Supongamos la siguiente situación base: la existencia de una familia pobre que tiene gran cantidad de hijos, por lo mismo con muchas necesidades básicas insatisfechas y con pocas posibilidades de salir de su pobreza. Inesperadamente, heredan una propiedad que cuenta con un bosque de las más finas maderas nativas. La familia se reúne para decidir qué hacer. El hijo más pequeño, que aunque juicioso no era muy escuchado, propuso que podrían seguir viviendo y trabajando en la ciudad y solicitar apoyo técnico y créditos al Estado para elaborar un plan de manejo y explotar el bosque. O, por último, dijo que podrían arrendar la propiedad y si el arrendatario decidía explotar el bosque, como era común y obvio, cobrarle un derecho y un porcentaje por sus ganancias.
Sin embargo, el hermano mayor (que se consideraba con una capacidad por encima del resto de su humilde familia y, porque leía ávidamente el cuerpo económico de un diario, una eminencia en cualquier tema) comenzó a exponer lo ridículo de esa pretensión de manejar ellos el bosque y que tampoco era posible cobrar además del arriendo de la propiedad un derecho y menos un porcentaje por la explotación del bosque: Ä„quién les arrendaría si cobraban extra! Obvio, nadie. La familia, que le daba gran crédito al sabio joven, aceptó la superioridad de sus juiciosos argumentos: arrendó la propiedad autorizando la explotación sin cobrar un derecho, ni un porcentaje por las ganancias del negocio. No diremos nada de lo cuantiosas que fueron esas ganancias, ni que una vez talado el bosque el ahora millonario arrendatario dejó la propiedad.
Si como dijimos, se seguirá aquí el criterio del interés individual, lo primero que hay que preguntarse es si uno mismo se conduciría según los consejos del genial hermano mayor… No se preocupe, no espero que me responda. No quiero ofender su inteligencia, sólo establecer que el debate sobre el royalty no es tan complejo o no hay para qué hacerlo tan complejo. Incluso, es tan obvio que la discusión debería limitarse a cuánto cobrar: ¿12, 13, 14 o 15 por ciento?
Visto así, cabría interrogarse por qué académicos, empresarios, políticos y otros ciudadanos liberales de este país, apoyan lo que contradice hasta el sentido común y el muy económicamente liberal interés individual. Pues bien, me parece que esa gente puede calificarse en cuatro categorías. La primera es la de «altruistas absolutos»: con un desinterés total por el mundo, regalan sus bienes incluso a quienes ya tienen demasiado. La segunda, la de los «tontos»: regalan sus bienes sin siquiera pensar en sus necesidades. Le siguen los «tontos ilustrados»: esclavos del dogma, su ciega devoción la mantienen por más que implique perder los ojos. Y, por último, están los «interesados»: sostienen los argumentos de los anteriores para poder explotar ellos un recurso sin pagar por él y que otros los apoyen, para participar de alguna forma en tales negocios o porque reciben algún tipo de pago por defender ante la opinión pública esos dogmas.
Para los de las dos últimas categorías, sus compatriotas pueden esperar. Aunque sostengan públicamente su fidelidad al libre mercado, prohiben al Estado chileno (o sea, a todos los chilenos) hacer algo que de estarles prohibido o coartado a ellos, lo denunciarían como el más atroz atropello a los derechos individuales. Sólo ellos pueden hacer buenos negocios, el Estado debe hacer pésimos negocios. Ya Adam Smith, el padre de la Economía Moderna, dijo que los comerciantes ponen su interés por sobre el de su nación; y, el muy católico san Tomás Moro que los ricos hacen parecer su beneficio individual como público para poder convertirlo en ley. Curiosamente entre quienes sostienen una cerrada oposición al derecho de explotación minera en Chile se encuentran no pocos economistas y católicos.
Y como no queremos ser majaderos, no terminaremos diciendo que el cobro de derechos de explotación es una práctica aceptada como válida en el ámbito de los negocios en todo el mundo. Tampoco que el proyecto del gobierno, como proyecto que es, es sólo posible o una declaración de intenciones. Ni que aquel propone un cobro de entre un 0 y un 3% solamente; o sea, que tal como con los impuestos a las ganancias, puede que empresas no paguen nada. Y menos aún se señalará que en países desarrollados se cobra entre un 13 y un 15% aproximadamente (y siguen siendo desarrollados y, Ä„oh paradoja!, están fuera de toda legalidad económica pues no baja la inversión). Decir cosas de ese estilo sí que sería desubicado.
*Andrés Monares es antropólogo y profesor en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
