Editorial: Inseguridad ciudadana: ¿Miedos y castigos, o prevención?
La discusión acerca de la inseguridad ciudadana entre oposición y gobierno ha pasado rápidamente desde las percepciones de la gente de ser víctimas de un delito, a una abierta disputa acerca de promesas de mayores castigos y mano dura contra los delincuentes. Poco importan las estadísticas delictuales o las víctimas reales, salvo cuando sirven para dar dramaticidad al relato político que interesa. El corolario es una ciudadanía desorientada en la comprensión del fenómeno delictivo, entregada a la prédica populista, que en cada elección trata de captar votos utilizando el miedo o la rabia de la gente.
Los hechos violentos ocurridos en el barrio Suecia de la comuna de Providencia, sirven de ejemplo a lo sostenido más arriba. Sin embargo, ellos están enmarcados en una atmósfera de agresividad que crecientemente predomina las relaciones interpersonales de nuestra sociedad, y que corresponden más a una cultura de la violencia que a hechos criminógenos.
La existencia de una violencia social difusa se está haciendo cotidiana en la vida de los chilenos, y es el trasfondo que incide en la comisión y en la intensidad de muchos delitos. Se ha venido manifestando en actos de violencia en los establecimientos educacionales del país, que resultan más preocupantes aún que lo de calle Suecia, por el entorno en que se dan. En varios casos se han producido agresiones con armas de fuego con resultado de muerte entre niños de corta edad, y es frecuente el porte y uso de cuchillos en las riñas entre estudiantes.
Esa violencia proviene principalmente del ambiente exterior, ya sea de los hogares, los entornos barriales o el clima de competencia sin reglas en que se desenvuelve el ocio y la diversión entre los jóvenes. En los colegios, en el ambiente cívicamente estéril del actual aparato educacional, se potencia la reproducción de los patrones violentos o de fuerza como mecanismo de reconocimiento social de los jóvenes. Es más, esos patrones se afianzan como una contracultura juvenil frente a las manifestaciones autoritarias del sistema.
La violencia socialmente tolerada como producto del maltrato infantil, violencia intrafamiliar, presiones institucionales autoritarias, policías agresivas, competencia amoral, humillación de los ciudadanos en el trabajo, baja autoestima por racismo, discriminación o desdén social o carencia de integración social, puede generar más delincuentes y puede explicar la intensidad y saña de los delitos.
Ayuda también a explicar la atmósfera de exclusión que se está produciendo entre los jóvenes, incluso de un mismo estrato social. Con territorios que se marcan agresivamente con una simbología absolutamente hermética para el resto de los ciudadanos. Ayudan a explicar una ciudad fragmentada, sin coherencia valórica ni espacios comunes, o como puntos en disputa para cualquier grupo con fuerza o audacia suficiente.
Lo que llama la atención es la falta de imaginación de las autoridades y dirigentes políticos frente al tema. Porque la solución no es llenar al país de tipos delictivos sino de soluciones amigables que desmonten de manera preventiva los conflictos que engendra una sociedad desintegrada y sin valores. No es correcto pensar que la violencia que empieza a contaminar las relaciones sociales entre los ciudadanos, aún en su etapa más temprana de vida, puede ser eliminada mediante el uso del miedo y el castigo. Ello esconde una patología social autoritaria demasiado profunda.
El primer remedio contra las atmósferas de violencia es desactivar las condiciones que la hacen posible, tanto cultural como físicamente. Y si bien resulta pertinente sancionar al que infringe las reglas de conducta en materia de violencia, más pertinente resulta abocarse de manera sería a la prevención de las causas.
El país requiere un gran esfuerzo nacional de educación cívica y por la paz que, empezando por los colegios, implante sistemas de mediación entre los niños y jóvenes, a fin de transformar los conflictos en controversias y las agresiones en diálogos.
El ministerio de Educación, y no las policías o el Poder Judicial, tiene una de las principales tareas. Un ejemplo a seguirse es la exitosa experiencia de su Línea 600, destinada a consulta y asistencia de estudiantes y apoderados, que ha permitido solucionar satisfactoriamente graves problemas, con plena vigencia de los derechos ciudadanos, no obstante sus exiguos recursos y dotación.
