La cultura de la tolerancia y la legitimidad de los argumentos de los adversarios resultan indispensables para construir y sostener la vida política en una democracia. Su verdadera existencia no se prueba sólo con la verbalización de las virtudes de un contrincante político cuando fallece. Se prueba con el compromiso permanente con una política de inclusión, que ensanche efectivamente los espacios de participación para todas las fuerzas políticas. Ello, para que no exista ni un solo ciudadano sin representación en el sistema, o situaciones que los impulsen a actuar por fuera de él, porque este no les entrega ni oportunidades ni alternativas para sus convicciones.
El sensible fallecimiento de Gladys Marín, destacada dirigente del Partido Comunista de Chile, es un buen momento para hablar del tema. La ola de reconocimiento público que se ha generado en torno a su vida, resaltando especialmente la coherencia de su vida política, no debe quedar atrapada solo en una emoción de carácter ecuménico, sino desarrollarse como lo que efectivamente es: una lección cívica para la política, y una demostración de que para miles de ciudadanos es indispensable que dirigentes como Gladys Marín sean bienvenidos en el Parlamento de una verdadera democracia.
Tanto las muestras de reconocimiento popular ante su féretro como los juicios positivos sobre su consecuencia entregados por las más altas jerarquías de la iglesia Católica o los dirigentes políticos de la derecha, constituyen un acto de emoción y respeto al interior de la política, que era el campo en el cual actuó Gladys Marín, y del cual devino la mayor parte de su experiencia de vida, incluidos los pasajes trágicos de la época de lucha en contra de la dictadura militar. No deben ser sacados de ese contexto, y en ningún caso disolverse en una interpretación religiosa de sus convicciones o de su papel de dirigente política, con toda la gama de aciertos y errores que haya implicado para su causa. Las ideas de Gladys Marín son del reino de este mundo.
Por lo mismo, este homenaje debiera reflejar una mínima convicción de la elite política del país acerca de la necesidad de que la fuerza social que representa el Partido Comunista, junto con la de los pequeños partidos sin representación parlamentaria y que han estado bordeando el diez por ciento del electorado desde el retorno de la democracia, puedan elegir parlamentarios. El sistema electoral vigente en nuestro país no sólo ahoga las aspiraciones de las minorías, sino que las deja sin opción dentro del sistema político, lo que podría generar condiciones para empujarlas a conductas irracionales y de no cooperación con la estabilidad y la paz social.
Se precisa de una sincera convicción democrática para evitar actitudes pasivas ante la ofensiva ingeniería política de la Constitución de 1980, que permite una representación corporativa de más del veinticinco por ciento en el Senado de la República, o de un sistema electoral que al otorgar la mitad de las representaciones a quien tenga solo un tercio del electorado, distorsiona totalmente la voluntad popular.
El país se apresta a definiciones trascendentes en materia política en los próximos meses. Y cada vez se hace más evidente que precisa una nueva Constitución, que exprese y permita la fluidez de la madurez política e institucional que ha alcanzado en los últimos años. Particularmente en aquellos aspectos de representación popular que, tal como están, pueden terminar lesionando seriamente el desarrollo democrático de Chile, como lo expresara el Presidente de la República en su último discurso ante el Congreso Nacional.
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