La irrupción de Piñera ha puesto de manifiesto la debilidad congénita de la Concertación. La primera damnificada por este terremoto ha sido Soledad Alvear, pre candidata presidencial de la Democracia Cristiana. A los pocos días, ha debido renunciar en favor de la abanderada socialista, Michelle Bachelet. De esta manera ella se ha convertido en la candidata única de la Concertación, aunque debe ser ratificada por la próxima Junta Nacional de la DC. Tal como se presentan las cosas, sin embargo, nada se ve muy seguro y todavía pueden pasar muchas cosas en el escenario de las candidaturas presidenciales.
Los ciudadanos han preferido, hasta ahora, que sea la Concertación y no la derecha, la que administre el sistema político de transición. Sin embargo, bastó que Lavín se presentase como apolítico, más o menos independiente de Pinochet y preocupado de los problemas de la gente, a favor de quiénes pedía un cambio, para que una buena mitad del electorado votase por él.
Súbitamente, Piñera proporciona una alternativa de administración de este sistema político que aparece más independiente todavía del Pinochetismo. Ofrece una alternativa que la DC siente como «de la familia,» como ha declarado el ex Presidente Aylwin. Para que decir, lo atractiva que resulta para los así llamados «liberales» de la Concertación -efectiva y bien remunerada quinta columna de la Derecha en los gobiernos de transición- quiénes se expanden, se vuelven locos, con Piñera.
Sin duda, la coalición de gobierno se haya sometida a una fuerte tensión.
La debilidad, consustancial a la Concertación, se ve agravada en esta ocasión por la más que evidente fragilidad de su candidata. La candidatura de Michelle Bachelet capta grandes simpatías en el pueblo, en los jóvenes y en la izquierda. Sin embargo, ello no impide que aparezca hoy extraordinariamente vulnerable, puesto que, como ha dicho un experto en opinión pública, su principal capital son las encuestas y éstas, como se sabe, son altamente volátiles.
Se trata de una candidata que, sin duda, tiene grandes cualidades personales. Muchas de sus fortalezas están asociadas a su condición de mujer, hija de un militar partidario del Presidente Allende y víctima de Pinochet, condición que ha sufrido en carne propia. La gente valora su condición de madre independiente, profesional inteligente y comprometida toda su vida con la causa democrática. Aparte de su simpatía y belleza.
Sin embargo, aparece evidente para todo el mundo que ella ha alcanzado la elevada posición que hoy día ocupa no en base a sus cualidades o realizaciones -que sin duda las tiene y muy meritorias- sino, principalmente, gracias al respaldo de quiénes la han promovido.
Michelle puede resultar en definitiva una excelente dirigente, candidata y dirigente política y desde luego muchos deseamos y confiamos que así será. Sin embargo, hoy por hoy, ello no constituye una certeza sino sólo una posibilidad y eso los votantes lo tienen claro. No es el caso de los dos candidatos de Derecha, ambos políticos fogueados, que han logrado su actual posición tras muchos años de batallas, perdidas muchas y ganadas otras, libradas las más en el seno de su propio sector. Esta trayectoria otorga a ambos una gran autoridad, de la cual la candidata de la Concertación todavía carece, irremediablemente en esta vuelta.
La estrategia de los asesores de Michelle Bachelet consiste por ahora en exponerla lo menos posible, para no arriesgar su ventaja inicial en las encuestas. Sin embargo, ¿que pasará si Bachelet empieza a bajar en las encuestas y Piñera a subir? Si ello ocurre, que ojala no sea así, la situación se puede volver complicada para la Concertación y para los sectores democráticos en general.
No se pueden descartar nuevas sorpresas, pero ninguna de ellas pareciera muy atractiva ni fácil de implementar. La propia Concertación ha exportado sin derecho a devolución su mejor carta de reserva y otros posibles reemplazos están algo entrados en años. Por lo mismo, por ahora, los dados parecen estar echados y sólo cabe desear lo mejor. Sin embargo, un escenario en que Piñera logre llegar a una segunda vuelta contra Bachelet es altamente riesgoso y hoy por hoy, no se puede descartar.
En otras palabras, en las actuales condiciones, la Concertación corre riesgo de perder el gobierno, lo cual precipitaría una crisis política no menor en el país y desde luego pondría una lápida definitiva a la transición. Ello sería muy negativo, porque ciertamente no es lo mismo un gobierno de la Derecha o la Concertación y no es lo mismo Piñera o Bachelet como presidente. Sin embargo, tal como se van dando las cosas, ello no se ve imposible. Y lo peor de todo, es que si ello llegase a ocurrir, que ni Dios lo quiera, nadie los va a llorar en demasía.
La Concertación ha llegado al poder y se ha mantenido allí tanto tiempo como la dictadura, no principalmente en virtud de la fortaleza de un proyecto propio, sino para administrar el sistema político de la transición. No ha podido gobernar, sino en el estrecho marco que éste le permite. La coalición se ha mantenido unida, en parte importante, no en función de un proyecto común, que en buena medida no es tal, sino impuesto por terceros, sino para aprovechar los subsidios que ofrece el sistema político para mantenerse en el poder.
La «medida de lo posible,» para la Concertación, siempre ha sido fijada, en definitiva, por la derecha. Y hasta ahora, esta última ha representado fielmente una burguesía que, en materias fundamentales, todavía no está en condiciones de ejercer un liderazgo efectivo sobre el país, sino que hace primar sus propios prejuicios e intereses estrechos, por sobre las necesidades del desarrollo nacional.
De esta manera, no sólo el sistema político se ha transformado en un anacronismo, respecto de los requerimientos del país actual, sino también el sistema de alianzas políticas que en él se sustenta y en especial la Concertación.
Lo anterior no significa, que el sistema político de la transición y sus sistema de alianzas, incluida la Concertación sometida al esquema de veto derechista, hayan sido ineficaces en todo sentido, ni mucho menos. Muy por el contrario, el período puede exhibir logros bien impresionantes en muchos aspectos.
La economía chilena, por ejemplo, se ha más que duplicado entre 1990 y 2005 (el PIB ha crecido 2.3 veces, aproximadamente), mientras el gasto público se ha casi triplicado (2.8 veces), el gasto en salud se ha más que triplicado (3.4 veces) y el gasto en educación se ha más que cuadruplicado (4.4veces), durante los últimos quince años. Para que decir las redes de caminos y carreteras, embalses, líneas de metro y carreteras urbanas, todas las cuales se han asimismo más que duplicado, en estos años. En pocas palabras, la cara del país ha cambiado enormemente y para mejor, durante la transición.
Sin duda contribuyó a ello el ciclo de auge económico más prolongado y dinámico nunca registrado en el país, el que se prolongó hasta 1997. Sin embargo, el período de transición en su conjunto incluye asimismo una prolongada recesión, que ha durado desde 1998 hasta 2003 y que a nivel mundial ha sido la más severa, extendida y prolongada, desde los años 1930.
Puesto que la población ha crecido sólo un 22% en el mismo tiempo, la disponibilidad bienes y servicios por habitante se ha incrementado bien dramáticamente y la pobreza e indigencia se han reducido a menos de la mitad, cualquiera sea la vara con que se las mida.
Todo ello se refleja en el Índice de Desarrollo Humano, medido por el PNUD, ranking en el cual Chile ha ascendido algunas posiciones durante estos años. Sin embargo, la mayor parte de las nuevas riquezas fueron a parar a la minoría de altos ingresos de la población.
Los salarios reales, por ejemplo, se incrementaron en 53% entre 1990 y 2004, menos de la mitad del incremento del PIB en el período, lo que significa que aún cuando el empleo se incrementó en un 31% entre los mismos años, la participación de los asalariados en el PIB se redujo considerablemente (alrededor de un -13%). Adicionalmente, el incremento de salarios sólo vino a compensar el severo deterioro de los mismos durante la dictadura y sólo en diciembre de 1999 el salario promedio recuperó el poder adquisitivo anterior al golpe militar. En el caso del profesorado y otros EE.PP., sus salarios estaban tan deteriorados al término de la dictadura que, a pesar que se recuperaron más o menos lo mismo que el PIB (2.6 veces entre 1990 y 2004), todavía no recuperan su poder adquisitivo de principios de los años 1970.
Los fuertes incrementos en el gasto público en educación y salud, asimismo, sólo vinieron a compensar en parte el muy fuerte deterioro de los mismos durante la dictadura y todavía gastamos mucho menos que antes del golpe militar, en relación al PIB.
Como resultado de lo anterior, la distribución del ingreso se deterioró más todavía durante los gobiernos de la Concertación. Según cálculos de Mideplan, la brecha de ingresos autónomos entre el 5% más rico y el 5% más pobre se duplicó, de 100 veces en 1990, a más de 200 veces el 2000. Si se consideran las transferencias del Estado, dicha relación se ha mantenido más o menos estable, en alrededor de 100 veces. La situación ha continuado empeorando durante los años recientes.
Aún cuando ha beneficiado en lo fundamental a la minoría más rica, parece indiscutible que el esquema de la transición ha funcionado y no mal, al menos en los aspectos mencionados. Ello ha sido apreciado por la población, lo que se ha traducido en un respaldo sin precedentes a la coalición gobernante, el que se mantiene en la actualidad, reflejado en la enorme popularidad del Presidente Lagos. Por el mismo motivo, el período de transición ha transcurrido en medio de una significativa paz social y estabilidad política y los asalariados han sido muy prudentes en sus demandas.
Sin embargo, dichos progresos no se pueden atribuir a los programas de gobierno de la Concertación sino en una medida más bien menor. Sin duda hay ámbitos en los cuales la Concertación ha introducido programas Estatales de gran impacto, como las inversiones en infraestructura, ya mencionadas.
Sin embargo, el progreso del país en los años recientes se explica, principalmente, porque, finalmente, están dando sus frutos las dolorosísimas transformaciones sociales, así como la construcción del Estado, llevadas a cabo a lo largo de todo el siglo XX y cuyos hitos fundamentales fueron las reformas de los años 1960, durante el gobierno de Frei Montalva y especialmente, las profundas e irreversibles transformaciones sociales y económicas logradas por el proceso revolucionario conducido por el gobierno de Salvador Allende.
En lo que respecta a la política económica de la Concertación, ésta se ha preocupado más de conservar los lineamientos generales aplicados durante las tres últimas décadas, que de introducir modificaciones sustanciales a los mismos. Tales lineamientos tienen por base principal el asegurar el ambiente más favorable posible al desarrollo de los negocios en el corto plazo -cuidar a los ricos, como lo definiera descarnadamente Pinochet, porque ellos producen riquezas. Es verdad que los gobiernos de la Concertación han sido mucho menos exagerados que la dictadura en este empeño, pero no han variado dicha orientación fundamental, aún en aquellos ámbitos en que la misma se ha transformado en un freno al desarrollo.
Lo ocurrido con la educación pública constituye un buen ejemplo de la continuidad y cambio que representa la Concertación respecto de la dictadura precedente. Luego de un siglo de trabajosa construcción del sistema de educación público, Pinochet redujo a la mitad el presupuesto educacional, despedazó el sistema público nacional de educación, dispersándolo a municipios y regiones, prohibiendo materias, cerrando centros de estudios y expulsando a los mejores profesores. Redujo en 100 mil alumnos la matricula total en todos los niveles educacionales entre 1974 y 1982 y desde ese momento hasta 1990 el sistema público perdió otro medio millón de alumnos sólo en los niveles básico y medio – y ahora con todo desparpajo, la derecha proclama que la educación es la base del progreso.
La Concertación ha recuperado esta situación en parte y la matrícula ha vuelto a crecer significativamente a partir de 1990, en todos los niveles. Sin embargo, de dicho incremento, cuatro de cada cinco nuevos alumnos han ido a colegios privados, en su mayoría con un subsidio estatal bajo el brazo. Mientras tanto, el sistema público de educación, que todavía atiende a más de la mitad del alumnado en todos los niveles, se ha debatido en una crisis permanente, sin que el Estado asuma su rol al respecto y lo desarrolle a todo vapor, que es lo que el país necesita. En cambio, se ha privilegiado el preservar una política cuyo diseño principal parte de la base que la solución a los problemas de la educación pasan por desarrollar la industria privada de servicios educacionales.
Algo parecido ha ocurrido con la salud y la previsión, entre otras materias. Es decir, la Concertación ha privilegiado el mantener y cuidar el esquema de servicios privados – aunque ello haya significado mantener con camisa de fuerza a los sistemas públicos respectivos, que siguen siendo los principales.
Los cambios más importantes ocurridos en este período en el país han transcurrido casi por entero al margen del gobierno y del Estado en su conjunto – incluso se han llevado a cabo a veces en contra de los poderes institucionales en su conjunto.
El más relevante de éstos se refiere a los avances logrados en Derechos Humanos. Esta es una materia de la mayor importancia para la convivencia nacional, más relevante aún que el desarrollo económico. Este último puede avanzar un par de puntos más lento o más rápido y no altera mucho las cosas. En cambio, el asegurar que la ley es más o menos igual para todos, constituye nada menos que el pilar fundamental del contrato social moderno. Sin embargo, uno de los elementos esenciales -y el más miserable, por cierto- del pacto de transición, consistió en garantizar la impunidad al ex dictador y sus secuaces. A pesar de que había plena conciencia de los horrorosos crímenes contra la humanidad por ellos cometidos.
De esta manera, por «razones de Estado,» Pinochet contó siempre con el aval de los gobiernos y el conjunto del Estado de transición, para mantenerse en la más completa impunidad. Fue la intervención de la comunidad internacional civilizada – el juicio en España, la detención en Londres, la investigación del Senado estadounidense -, las que resquebrajaron el blindaje de impunidad garantizado a Pinochet y sus secuaces por el Estado de transición.
Y en Chile, lo que permitió romperlo definitivamente fue, principalmente, el apoyo discreto, pero entusiasta y abrumador, de la opinión pública, manifestado constantemente a los familiares de las víctimas, a los abogados y jueces que llevan las causas contra los violadores de DD.HH.. El Estado de transición en su conjunto hizo lo que pudo por garantizarles impunidad, pero la opinión pública y los avances en la jurisdicción universal respecto a los crímenes contra la humanidad, pudieron más. Y la justicia finalmente se está abriendo paso.
Los avances en materias de DD.HH., por otra parte, -especialmente en cuanto han reducido a Pinochet a una ruina moral y un cadáver político, como lo llama una de las abogados de DD.HH.- probablemente han hecho más para destrabar el sistema político y avanzar hacia una democracia de verdad, que todas las elecciones celebradas durante estos años. De ahí la importancia extraordinaria de esta materia, que la ha mantenido constantemente en primera plana de los diarios, a pesar de los enormes y reiterados esfuerzos del sistema político de la transición, en su conjunto, por hacer olvidar el tema.
Este sistema ya no funciona, hace tiempo que se está desbordando por todos lados. Se requieren reformas profundas en todos los ámbitos, para asegurar un continuado desarrollo nacional, en conjunto con nuestros vecinos. Más que nada, se requiere democratizar el país de verdad, permitir que las mayorías se expresen en su justa medida y que se restablezca un equilibrio de intereses entre los diferentes sectores sociales, hoy por hoy completamente alterado.
Sin embargo, gane o pierda las elecciones, la Concertación no está en condiciones de ofrecer aquello -como no lo ha logrado en los últimos quince años. Por el contrario, en sus actuales condiciones de fragilidad, cede más que nunca al chantaje de la derecha y se esfuerza por moverse más todavía hacia ese lado. Mucho menos está en condiciones de ofrecerlo la Derecha, cuyo acceso al gobierno significaría un retroceso aún mayor.
El país necesita de nuevas alianzas políticas, más amplias todavía que la Concertación, pero construidas no en base a subsidios de terceros ni al temor de un país entero, sino en virtud de la fuerza de su propio proyecto. Este debe ser adecuado a los requerimientos presentes del país y a los intereses de sus mayorías que, hoy más que nunca, coinciden plenamente en la mayor parte de las materias. Dicho proyecto debe ser capaz -y puede serlo- de lograr la adhesión entusiasta de una mayoría de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, hoy día marginados de la política en su mayor parte, con bastante razón, por lo demás.
No se logrará en esta vuelta, eso está claro. Sin embargo, hacia el futuro, ello parece más bien inevitable. Veremos como se van presentando las cosas.
Manuel Riesco. Economista del Cenda. mriesco@cep.cl.
