Es alarmante constatar que la tradicional ceguera de las autoridades chilenas respecto de la gestión sustentable y el cuidado de los recursos hídricos, de las aguas del país, se ha perpetuado a través de los tres gobiernos de la Concertación, incluyendo el gobierno del Presidente Lagos. Los connotados casos del Santuario del Río Cruces en Valdivia envenenado por la planta Celulosa Arauco, y del Valle del Huasco, amenazado por el proyecto minero Pascua Lama, involucran el recurso agua.
Esta histórica ceguera gubernamental, y el arreglo legal e institucional para la gestión de los recursos hídricos heredado del gobierno militar, han tenido como consecuencia directa una masiva apropiación de las aguas del país por parte de corporaciones transnacionales.
El agua potable del país, un recurso que no podría ser más estratégico para la sustentabilidad del desarrollo nacional, hoy está en manos de transnacionales. En Chile, la propiedad y la gestión estatal, pública, han sido estigmatizadas como algo anacrónico e ineficiente por definición, y la propiedad y la gestión privada ha sido ensalzada como sinónimo de modernidad y perfección.
Los problemas de la planta de tratamiento «La Farfana», y muchos otros similares, demuestran que la propiedad y la gestión privada de las aguas, así como de otros recursos naturales vitales, no es perfecta; cabe hacer notar aquí que es también una gestión inadecuada de las aguas la que lleva a su contaminación, y que luego se hace un multimillonario negocio del tratamiento de éstas, que pagan los usuarios, en vez de prevenir, de buscar eliminar las causas de la contaminación.
La propiedad y la gestión pública de recursos nacionales estratégicos debería permitir otro nivel de flexibilidad en lo financiero; poder planificar con horizontes temporales mucho más largos; y, poner en la balanza de la toma de decisiones opciones valóricas respecto de situaciones sociales y ambientales, algo que la empresa privada sólo hará cuando la obliguen normas y regulaciones de calidad, cuando existan, y cuando la fiscalización de los incumplimientos y las consecuencias de éstos sean una realidad.
La masiva apropiación de las aguas de Chile por parte del sector corporativo privado transnacional ha resultado también en que el 90% de los derechos no-consuntivos a las aguas superficiales de Chile, sean hoy propiedad de Endesa-España, un claro poder monopólico que actualmente nadie cuestiona. En la región de Aysén, la región más rica en recursos hídricos de Chile, el 96% de estos mismos derechos está en las mismas manos, y hoy, otros importantes derechos en la región Patagónica están en manos de otras empresas transnacionales, tales como Noranda de Canadá.
Y, justamente, hemos escuchado con espanto que el Presidente Lagos ha declarado que la zona austral de Chile presenta claras ventajas comparativas para transformarse en un centro de generación y exportación de hidroelectricidad hacia al resto del Cono Sur.
Somos muchos, en cambio, los que percibimos los magníficos ríos de la Patagonia como una fuente de vida y de desarrollo sustentable a perpetuidad, y que protestamos enérgicamente ante esta visión economicista salvaje que percibe los ríos sólo como fuentes de energía y dólares. Y que pretende ahora condenar a los ríos australes al abuso mercantilista extranjerizante que ya han sufrido todos los ríos del centro sur del país, con graves consecuencias negativas ecológicas, económicas, sociales y culturales, e impactos relacionadas con la gobernabilidad del país. Ya que incluso, en algunos casos, tales como el de las centrales Pangue y Ralco en el río Biobío, los propios gobiernos concertacionistas de Frei y Lagos vulneraron leyes, pasaron a llevar a servicios públicos, y despidieron a funcionarios por cumplir con su deber, con tal de permitirle a Endesa-Chile, y luego a Endesa-España, lucrativas empresas privadas, concretar sus ‘jugosos’ negocios a costa de una de las cuencas más importantes del país y de una cultura indígena.
La degradación de las cuencas y de los ecosistemas fluviales afecta la disponibilidad de agua a futuro, impacta a las poblaciones humanas a lo largo de los ríos, incluyendo a los pescadores artesanales en los bordes costeros, e impacta gravemente la biodiversidad; la brutal intervención de los ríos chilenos ha significado concretamente que hoy todas las especies de peces fluviales de Chile se encuentran en vías de extinción. Y éste es sólo un ‘bio-indicador’ que nada dice de los impactos sociales y económicos negativos de largo plazo para las regiones y el país que provocan estas políticas hidrológicas ciegas a todo lo que no sea las utilidades financieras del sector privado.
La reciente modificación del aberrante Código de Aguas de 1981, pálida versión del proyecto de modificación original propuesto por el gobierno del Presidente Aylwin, a pesar de tener todavía algunos aspectos positivos, tales como de investir a la DGA con un poco más de potestad administrativa, no contribuye significativamente a paliar la crítica situación ambiental de los recursos hídricos en nuestro país. Esto es así ya que no incluye aspectos que permitan la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuencas, la resolución de conflictos por el uso múltiple de las aguas, ni aspectos ecosistémicos a nivel de cuencas, sino sólo impone caudales ecológicos mínimos a los proyectosÂ… de hecho, muy mínimos, y calculados en forma netamente ingenieril, no precisamente ecológica u holística.
La modificación no instala una coordinación sectorial de alto nivel entre la DGA y la Conama y otros servicios públicos tales como la Comisión Nacional de Energía, sino sólo se preocupa de una estrecha gestión uni-sectorial de los derechos de aprovechamiento, sin consideraciones ambientales, dejándole la posterior gestión ambiental del proyecto que hace posible el otorgamiento de un derecho de aprovechamiento, en las manos de la Ley de Bases y de la Conama y Coremas, arreglo legal e institucional altamente criticado y deslegitimado con justas razones.
La medida más fuerte que impone la modificación del Código de Aguas es el pago de patentes-por-no-uso por los derechos no utilizados, una medida bastante extraña, virtualmente sin precedentes en el mundo, que probablemente dinamizará el mercado de derechos de agua a futuro, pero que, curiosamente, va contra la protección ambiental de los recursos hídricos, ya que la comunidad o el empresario que quiera registrar, o comprar, derechos para conservar algún tramo de algún río, tendrá que pagar esta patente, pues, tal como están definidas las cosas actualmente, la conservación es un no-uso de las aguas. En cambio, la empresa que comience la construcción de una central hidroeléctrica ya no deberá pagarla.
Otra curiosidad de la modificación, es que se libera del pago de esta patente, por un período de siete años más desde la promulgación del nuevo Código, precisamente a la zona austral, la más rica en recursos hídricos del país. El gobierno negoció este aspecto de la modificación con Endesa-España a cambio de la devolución, por parte de la empresa, de caudales menores registrados, y de la renuncia a derechos solicitados por ésta en la zona austral.
No hay que ser demasiado suspicaz para pensar que el único propósito de esta medida es darle tiempo a Endesa para activar sus proyectos hidroeléctricos australes, gravísimas amenazas a la integridad de las cuencas y de los ríos de la Patagonia, antes de que la empresa se vea obligada a cancelar millonarias patentes-por-no-uso por los cuantiosos derechos de aprovechamiento que posee en la zona, un inaceptable total monopolio del recurso fundamental para la vida y el desarrollo de la región.
Finalmente, es necesario mencionar que una inadecuada gestión ambiental en Chile también ha llevado a una grave contaminación difusa o no-puntual de las aguas superficiales y subterráneas a lo largo de todo Chile con los biocidas utilizados en la agricultura, con metales pesados de los tranques de relave y acopios de desechos de las operaciones mineras, que se concentran sobre todo en la zona norte y centro del país, y con los efluentes de muchas otras industrias.
Este es un tema tabú actualmente en Chile, un pasivo ambiental muy difícil de enfrentar, ya que muchas de estas sustancias y elementos químicos tienen graves efectos negativos sobre la salud humana, así como ecosistémicos, ejerciendo su acción nociva en cantidades sumamente pequeñas, difíciles de detectar y aun más difíciles de purificar en las aguas una vez presentes en ellas.
Las autoridades, y los sectores que utilizan o generan dichas sustancias o sus precursores, no quieren asumir la relación que existe entre la presencia de estas sustancias y elementos en nuestras aguas y la alta incidencia de diversas graves enfermedades, tales como el cáncer, y defectos congénitos que aquejan hoy en forma creciente a los chilenos a lo largo y ancho de nuestro país.
Juan Pablo Orrego, coordinador Campaña Patagonia.
