Defender la importancia de los partidos políticos para consolidar democracias estables, eficaces y legítimas no supone ceguera ante los evidentes defectos que los aquejan. Lamentablemente constituyen la más evaluada institución política de Chile. Intentar una y otra vez su reforma es tarea central. Esta supone a lo menos cuatro líneas de trabajo. La primera es hacerlos internamente más amigables, transparentes y participativos. La segunda es lograr establecer sistemas electorales legítimos y que garanticen la gobernabilidad del sistema. La tercera es acercarlos a la sociedad civil y a la ciudadanía. La cuarta es mejorar su capacidad de propuesta local, regional y nacional a través de un adecuado financiamiento público. Sólo así saldrán de su actual crisis de legitimidad y eficacia adecuándose a un nuevo Chile que ha surgido a partir de 1989.
En efecto, ha nacido un nuevo Chile, políticamente hablando. Uno en que la política ya no es el centro ordenador de la vida social como fue en los años cincuenta y sesenta. Ello pues se produce el auge de la economía abierta de mercado. Junto con ello se empequeñece el Estado. Aparece una nueva tendencia al individualismo, al consumismo y a la privatización de la vida. Chile es más educado e informado, por lo que exige más y es más drástico en sus juicios. Predominan los medios de comunicación social, particularmente la televisión. Se produce un fuerte giro hacia la toma de decisiones y estilos de gestión tecnocráticos en el área pública. El empresariado está jugando un papel sustitutivo de la acción política. Finalmente retrocede el papel de las ideas y muchas veces caemos en un pragmatismo ramplón, que también daña la calidad democrática. ¿Qué hacer?
Primera reforma: hacer más amigables, transparentes y participativos a los partidos políticos. Se necesita generar verdaderos «estados de derecho» internos. Los padrones de militantes, los derechos y deberes de éstos; las fechas de renovación de autoridades y la transparencia en el financiamiento; entre otros temas, deben ser estrictamente normados y, sobre todo, rigurosamente respetados. Hemos abogado además porque sean los ciudadanos directamente afectados los que elijan a los candidatos que los representarán. Se debe superar el centralismo que se observa en casi todos los partidos políticos.
Si los representantes populares saben que deben contar con el visto bueno en Santiago para ser inscritos como candidatos y ser luego cómodamente electos, ¿a quién responderán al momento de gobernar sus comunas, distritos o circunscripciones y enfrentarse al poder central? ¿Nos puede asombrar el cansancio de los electores? Las dos democracias más consolidadas de América Latina, Costa Rica y Uruguay, contemplan el sistema de primarias.
Segunda: El sistema electoral binominal debe ser modificado por no garantizar una adecuada participación del elector. Este está viendo horrorizado un nuevo proceso de designación de candidatos al Congreso Nacional. Ahora bien, la dinámica de aplicación del binominal ha llevado a que atente contra una real participación del electorado al momento de elegir. Casi se llega a la situación de establecer la «regla de a candidato propuesto, candidato elegido», quedando el pueblo reducido a la calidad de ratificador de las propuestas de los partidos políticos que se reduce a presentar un solo candidato y nada más.
Toda la disputa se centra internamente en quién será el candidato del partido en el distrito en que dicha organización tiene mayoría. Ello refuerza la idea de que la política es asunto de una pequeña clase, que decide por todos sobre la base de poco transparentes y poco altruistas negociaciones y cálculos electorales. No creo que sea necesaria que diga más sobre este tema.
La tercera reforma es acercar a los partidos a la sociedad civil, para que ellos sean representativos de las esperanzas y alegrías, temores y penas de la ciudadanía. Ellos deberían tener líneas de trabajo diferenciales para convocar nuevos cuadros que expresen al mundo joven, al mundo de las iglesias, al mundo de la cultura, al mundo del trabajo y de la empresa. Para evitar la profesionalización política de los representantes del pueblo, y su alejamiento de éste, se debiera poner un límite al número de mandatos de los representantes populares y prohibir la acumulación de cargos internos y externos.
Por último, un tema decisivo es el financiamiento de los partidos y de las campañas electorales. Abogamos por un financiamiento público de los partidos que debiera estar ligado al desarrollo de determinadas tareas: educación cívica de ciudadanos y adherentes; formación y capacitación militante; provisión de servicios de asesoría a dirigentes internos y representantes populares en los distintos niveles del sistema político; generación de plataformas programáticas y propuestas de política pública. Si la lucha por el poder, esencia de los partidos políticos, no va acompañada de propuestas, la ciudadanía se empieza a preguntar acerca del verdadero interés de los partidos políticos: ¿el propio o el Bien Común?
Sergio Micco Aguayo, Abogado y cientista político.
