Si bien nuestro país exhibe hoy un estado del medioambiente y una gestión ambiental mejor que lo que teníamos a principios de los noventa, el crecimiento económico alcanzado por el país durante las últimas décadas ha generado -y continúa haciéndolo- una alta contaminación ambiental principalmente en los centros urbanos.
Ante esta situación, resulta alarmante que la sociedad no cuente con la información adecuada para protegerse frente a fenómenos físicos y meteorológicos, tales como la inversión térmica o el efecto invernadero, entre otros. Los ciudadanos tienen derecho a conocer lo que respiran, beben y comen, así como el estado del medio ambiente que les rodea.
En ese sentido, valoramos el anuncio realizado por Paulina Saball, directora de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), el pasado jueves 18 de agosto, sobre la implementación de nuevo instrumento de gestión ambiental en nuestro país: el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC).
Chile reconoce así el derecho de la comunidad de contar con mecanismos apropiados que garanticen el acceso a información y la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la gestión ambiental, tal y como se viene impulsando a nivel internacional desde la adopción de la Agenda 21.
A diferencia de los que piensan algunos, este tipo de instrumentos sí aportan información relevante para una comunidad cada vez esta más interesada en participar de manera responsable de la gestión ambiental a nivel local, regional y nacional. Saber y conocer cuáles son las sustancias químicas emitidas y transferidas que pueden constituir un peligro para su salud y el medioambiente es de gran importancia, además de ser derecho elemental. De esta manera se puede tener mayor conocimiento de los riesgos químicos, de las soluciones a problemas ambientales de la comuna, de la forma de prevenir la contaminación, de cómo mejorar su respuesta ante emergencias ambientales, entre otras.
La experiencia internacional, además, ha demostrado que un sistema de información de esta naturaleza aporta importantes beneficios no sólo para la ciudadanía, sino también para los gobiernos y el sector productivo, constituyéndose en una herramienta con grandes potencialidades para la gestión ambiental. En ese sentido, la creación del RETC representa además una oportunidad para promover una cultura de mayor transparencia y responsabilidad ambiental en todos los sectores.
No obstante, la implementación de una herramienta de este tipo en nuestro país significa importantes desafíos para el Estado-Gobierno, el sector productivo y la sociedad civil, fundamentalmente en los que se refiere a acceso y manejo de la información. Pasar de una «cultura del secreto» en sector público-privado a una cultura de transparencia y acceso a información.
Una ciudadanía mejor informada podrá tomar decisiones fundadas y responsables para salvaguardar sus intereses y derechos. Asimismo, el aumento de las capacidades de las comunidades para manejar la información sobre emisiones puede generar un círculo virtuoso en el cual mientras más y mejor informada esté la sociedad, su participación pasará de la mera denuncia a la elaboración de propuestas concretas, viables y comprometidas para la prevención y reducción de la contaminación.
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* Paola Vasconi es coordinadora Programa Medio Ambiente de la Fundación Terram
