Resulta preocupante la prescindencia ciudadana y la opacidad y silencio gubernamental y judicial sobre hechos graves que rodean el desmantelamiento de Colonia Dignidad, y que constituyen una lesión directa de las garantías individuales contenidas en nuestra Constitución.
Colonia Dignidad fue una interfase estratégica de la dictadura militar en lo referente a la mantención de un estado represivo y basado en el terror, cuyas primeras pistas evidentes aparecieron en septiembre del año 2000, y de manera masiva en las diligencias judiciales que siguieron en los años posteriores.
Pareciera que a pocos preocupa e interesa el uso y destino de las cuarenta mil fichas con información confidencial sobre miles de chilenos que mantenía la Colonia, como parte de su activa colaboración con los servicios de inteligencia dictatoriales.
Es efectivo que conocer los propósitos y resultados de ese espionaje político sin precedentes en la vida nacional, así como de la red de mandantes, mandatarios, cómplices y encubridores, es imprescindible para la salud de la república, pero es evidente que dada su envergadura y las dificultades que ha encontrado la investigación, podría tardar todavía un tiempo prolongado.
Sin embargo, ello no justifica que la información obtenida ilegalmente sobre ciudadanos sea mantenida por el Estado, ni siquiera en secreto, sin que los directamente afectados puedan saber que han sido víctima de la violación de su derecho a la intimidad. Menos aún se justifica que esas fichas con espionaje político sean conocidas o manipuladas por agencias o terceras personas -por legales que sean sus objetivos- mientras los perjudicados continúan en la ignorancia sobre la existencia de la información ilícita. Tampoco se entiende que las organizaciones ciudadanas o los partidos políticos no vayan a fondo en este grave problema.
De los fragmentos legales y periodísticos que han permitido la reconstrucción de parte de esta historia, y de la opinión de expertos, las fichas encontradas en Colonia Dignidad tienen una composición y volumen que recuerda la metodología de «modelamiento social» de los regímenes totalitarios. Están llenos de datos acerca de los perfiles culturales de alrededor de cuarenta mil «investigados», de todos los ámbitos del quehacer nacional, sobre sus gustos, vínculos personales, preferencias sexuales, opiniones de todo tipo, historia de vida.
En la desaparecida Alemania Democrática, los archivos de la Stasi, policía secreta, contenían información con esta metodología. Ella, para ser efectiva, requiere ser aplicada a gran escala y a partir de los entornos cotidianos, que actúan como una aspiradora de información. El informante es un familiar, un amigo, un vecino, un líder barrial, un compañero de oficina, y circula hacia una estructura de poder a través de múltiples e impensados canales. Luego se devuelve con represión selectiva de aparatos que parecen omnipotentes y lo saben y pueden todo.
El ministro Jorge Zepeda acaba de dejar sin efecto la intervención del enclave y Herman Chadwick, el interventor designado por la jueza de Parral a solicitud del Consejo de Defensa del Estado, anunció que procederá a devolver a los colonos los efectos incautados (y el Gobierno anunció que impugnará esta decisión judicial). Pero ni el juez, ni el interventor, ni el gobierno dan luz acerca del destino y uso de las mencionadas fichas, a nuestro juicio, prolongando de manera injustificada un acto de ilegalidad con su silencio.
El Estado, bajo ninguna circunstancia puede mantener fuera del conocimiento de los directamente afectados una información obtenida de manera ilícita. Menos aún si puede ser capturada y eventualmente manipulada por entes inescrupulosos que perciban en ella un poder secreto en contra de ciudadanos inadvertidos e indefensos.
Este escenario constituye una situación de conmoción de las libertades individuales, respecto del cual, el Estado debería asumir una responsabilidad de manera transparente ante la ciudadanía. Garantizando en primer lugar que ninguna de sus agencias tiene o tendrá copias ni archivos de ella. Además, debería discretamente citar a cada uno de los afectados para que tomen conocimiento de lo que de ellos se dice, y luego destruir completamente esos archivos, dejando suficiente testimonio del acto ilegal cometido por Colonia Dignidad. Es lo que le corresponde en Derecho en cualquier república democrática respetuosa de los derechos de sus ciudadanos.
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