La elección -casi totalmente segura, según las encuestas- de un nuevo gobierno de la Concertación extendería por otros cuatro años el fin de la ‘transición’ en nuestro país. En este sentido, claramente, las declaraciones de los gobiernos de Aylwin, Frei y recientemente del Presidente Lagos, todos los cuales de una u otra manera han decretado el fin de este proceso, han evitado conciente o inconscientemente una definición compleja del termino y han dejado al proceso en un estado ‘limbico’.
Lo que entendemos por ‘transición’ ha sido -en esencia- un discurso político que ha ido y venido en uno y en cada uno de los últimos gobiernos desde la vuelta de la democracia en 1990. Así, gracias a las únicas elecciones plenamente democráticas, abiertas e informadas desde 1989, hemos presenciado la ‘consolidación de la democracia’ pero no necesariamente -con ello- la consolidación del ‘régimen democrático’. En esencia -y parafraseando a O’Donnell- lo que hemos hecho hasta ahora es consolidar lo que se denomina un estado de democracia ‘mínimo’: libertad para formar y ser parte de organizaciones, libertad de expresión, derecho
a voto, ser elegible para cargos públicos, derecho de ser elegido como un líder publico, existencia de fuentes alternativas de información y la posibilidad de elecciones libres e informadas.
Hasta ahora la mayor parte del debate ha apuntado a los alcances más conocidos y lógicos sobre el tema, distinguiéndose tres corrientes. En un sector quienes fusionaron el fin de la ‘transición’ con la re-articulación del Estado de Derecho durante el periodo 1990 – 1994. Luego aquellos que
confundieron el fin de la ‘transición’ con la nueva vitalidad que
demostraba la institucionalidad, la cual había asegurado la continuidad del juego democrático durante el período 1994-2000. Y, finalmente, quienes durante el periodo 2000-2005 han sostenido que la ‘transición’ ha terminado con la eliminación de los últimos enclaves antidemocráticos y dictatoriales que aún existían y los cuales permitieron hasta hace poco estar aún en presencia de una ‘democradura’ o lo que también se definió
como una ‘democracia protegida’ o ‘tutelada’.
En efecto todo estos cambios -durante los quince años de gobiernos de la Concertación- son claves y parte importante de lo que podríamos definir como el fin de la ‘transición del poder’ o el fin de la ‘transición de la gobernabilidad’. Estamos presenciando, en consecuencia, el cierre de una etapa que permite sostener en el corto y mediano plazo que no existe posibilidad alguna de un repentino quiebre de nuestra institucionalidad
democrática.
Sin embargo, nada más cierto -también- es poder sostener que aún estamos lejos del cierre de la ‘transición’ en una definición más amplia. El concepto complejo de la misma va más allá de la etapa, al parecer, cumplida de traspaso total de ‘poder y gobernabilidad’, y se interna en las áreas aún innavegables de lo que se puede denominar una ‘transición secuencial’la cual incluye una ‘transición’ económica, una etnosocial y una política.
La ‘transición económica’ [o redistribución económica] apunta a la
posibilidad de otorgar igual posibilidad de beneficios a la sociedad gracias a los bienes y servicios producidos por ella misma: riqueza, ingresos, educación, salud, vivienda, tiempo libre, autonomía, prestigio y auto-desarrollo. La ‘transición etnosocial’ [o redistribución de representatividad] comprende el desarrollo de la sociedad civil, y donde la creación de alternativas ideológicas-políticas y el reconocimiento de
minorías étnicas y sexuales tiene un rol central.
La ‘transición política’ -sea difícil o no aceptar- implica
necesariamente, a lo menos por un período, la ‘alternancia en el poder’. No me refiero a la idea de la ‘alternancia del poder’ en su forma minimalista la cual, de acuerdo a algunos sectores, postula una lectura reduccionista de una vez tú y una vez yo en el poder. Tampoco me refiero a la idea de la ‘alternancia del poder’ como una herramienta política la cual apunta a evitar y/o contener la corrupción. En sí mismo, lo que está en juego con un proceso de ‘alternancia en el poder’ es, en el caso chileno, el fin de la ‘transición política’. Desde esta perspectiva la
institucionalidad democrática desarrollada desde 1990 debería demostrar su fortaleza soportando un cambio total, tanto ideológico como ético, de la estructura de poder.
Si bien comparto la tesis de que un periodo ‘transitivo’ activa estados de creatividad, también sostengo que la ‘transición’ no puede ser vista como un fin en sí misma o ser perpetuada ‘per se’ desde que un estado ‘transitivo’ permanente tiende a profundizar las divisiones y eliminar en el mediano y largo plazo la creatividad.
Es precisamente esto último lo que ha llevado a los tres gobiernos de la Concertación a declarar el fin de la ‘transición’ desde tres perspectivas distintas.
Rodrigo Álvarez Valdés. Doctorando en Estudios Políticos de la Universidad de Auckland, Nueva Zelandia. Master of Arts en Economía Política Internacional, Universidad de Tsukuba, Japón.
