Al hacer un rápido balance del acontecer de la región en el 2006, podemos apreciar sin temor a equivocarnos que, interpelado el llamado «Consenso de Washington» que rigió las políticas regionales desde 1990 en adelante, América Latina está iniciando una nueva discusión en vistas a forjar una ecuación alternativa entre Estado y mercado que permita reunir la libertad que se ganó durante los ochentas con una igualdad que todavía no aparece para importantes mayorías de latinoamericanos, a pesar de la solidez que ha alcanzado su democracia y del crecimiento económico logrado en los últimos años.
Hay que partir destacando que América Latina volvió a crecer el 2006 pasado por cuarto año consecutivo en torno al 5%, lo que le ha permitido dejar atrás el estancamiento vivido hasta el 2002. Esto se explica, entre otros, por el ordenamiento económico-financiero de los países (en la reciente reunión de Davos se destacaron, por ejemplo, las reformas macroeconómicas de Brasil y sus repercusiones en la estabilidad financiera e inflación más baja), la elevada demanda interna, el crecimiento de la economía mundial, el alto precio de las materias primas, etc.
Esta buena perfomance de la economía latinoamericana, y que se ve nítidamente reflejada en el optimismo de ciertas elites de la región que constata la última encuesta Zogby-Newsweek de enero de este año, ha repercutido en un saldo positivo en la cuenta corriente (1,8% del PIB), en un aumento del volumen de las exportaciones (8.4%) y de su valor de intercambio (7%), en una deuda pública neta estabilizada y en algunos casos revirtiendo los saldos negativos, en el descenso de inflación (3.9%) y el desempleo (8.5% el 2006 frente al 9.1% del 2005), entre otros.
La alegría de la democracia y de este crecimiento, sin embargo, no ha sido compartida por grandes mayorías debido al escaso «chorreo» de sus beneficios (fundamentalmente en empleos precarios y malos salarios) y no asentar un piso de seguridad social mínimo. Si bien con este mejor desempeño de la economía se logró bajar la pobreza de 39,8% el 2005 a 38,5% el 2006 y se volvió a porcentajes parecidos al de los ochenta, en términos absolutos en los últimos 25 años el número de pobres creció de 136 millones en 1980 a 205 millones el 2006 y la indigencia de 62 millones a 79 millones respectivamente.
Todos los países del subcontinente están haciendo esfuerzos por reducir la pobreza y cumplir las Metas del Milenio de Naciones Unidas de rebajarla a la mitad en el 2015 (Brasil y Chile ya la cumplieron). Sin embargo, la verdad es que en la mayoría de los casos las respuestas han sido insuficientes para satisfacer situaciones tan apremiantes como la de los 41 millones de niños menores de 12 años que sobreviven en la indigencia, la de los 53 millones de personas que pasan hambre o la de los millones que carecen de una vivienda, acceso a la salud o a la educación por nombrar algunas necesidades humanas básicas insatisfechas.
Los gobiernos de la región tampoco han sido eficientes en darle mayores seguridades a las personas que han logrado salir de la pobreza y que hoy se encuentran en una línea de fuerte vulnerabilidad con serias posibilidades de caer nuevamente en ella. En el caso de Chile, el artículo del diario La Nación «Pobre País» del 17/10/2006, por ejemplo, revela que un 60% de los ex pobres chilenos es extremamente vulnerable y valora el programa Puente y otros de Chile Solidario para evitar esta recaída.
América Latina el año pasado, por otra parte, siguió ostentando el negativo récord de ser la región del mundo con la distribución del ingreso más regresiva. En este plano las estadísticas nos interpelan fuertemente al constatar, por ejemplo, que el 10% más rico se queda con el 48% del ingreso regional mientras al 10% más pobre sólo le llega el 1,6% y/o que diez de sus países están a la cabeza de la peor distribución de ingresos del planeta junto a África subsahariana. Chile, a pesar de sus éxitos económicos (reportó un superávit fiscal de 7,9% del PIB en el 2006) y de los importantes logros de sus políticas sociales, tampoco se escapa de esta vergonzosa realidad. El economista Ricardo French-Davis constataba hacía algún tiempo (La Nación del 20/3/2006) que hay una diferencia de catorce veces entre los ingresos del quintil más rico y el más pobre, situación que empeora más aún si la comparación se estrecha al 10% más rico y al 10% más pobre: en 1990 la diferencia de ingresos era de 30 veces y el 2000 ya llegaba a 38,5 veces, tendencia que se mantiene por la gran concentración de la riqueza y el aporte cada día más desigual del capital y el trabajo en el PIB como lo demuestran los distintos trabajos del economista Orlando Caputo (El Mercurio del 23/1/2007, por ejemplo, constata que de los US$ 1.690 millones de utilidades que tuvieron 26 entidades financieras en el 2006, US$ 1.139 millones se concentran en los bancos Santander, de Chile y BCI).
Esta gran concentración de la riqueza, además de aumentar la brecha de las desigualdades y fortalecer la exclusión social (el ex rector de la U. de Chile, Luis Riveros, representó bien esta desigualdad al decir que en la prueba de selección universitaria los alumnos que provenían de hogares con ingresos hasta los $278 mil no sobre pasaban los 475 puntos, mientras que los venían de hogares de $2,5 millones para arriba pasaban los 610 puntos), ha acentuados otras asimetrías en el devenir societal de la región. El ex Canciller argentino y actual Secretario para Asuntos Políticos de la OEA, Dante Caputo, citado en el artículo «El Lastre de América Latina» de El País del 15/1/2007, denunció que el subcontinente latinoamericano es el que tiene una mayor concentración del poder fuera del Estado, debido a la estrecha relación que tiene la concentración de las riquezas y el poder que otorga este dinero.
Claramente la democracia no funciona igual para todos en la región y sus ciudadanos esperan un cambio (contrapeso) que ayude a resolver esta desigualdades, incluso en países como Chile. La encuesta International Social Project de la Universidad de Humbolt realizada en el país entre noviembre y diciembre del 2006 (La Nación 18/1/2007), por ejemplo, destacó que un 94% de los chilenos cree que las diferencias en los ingresos son grandes o muy grandes; un 83% piensa que las empresas deben ser controladas para proteger las necesidades de todas las personas; un 89% considera que el Gobierno es el que debe garantizar a las personas un nivel mínimo de vida; y un 64% le asigna la responsabilidad en la distribución de ingresos.
___________
Mladen Yopo. Cientista Político y Periodista. Secretario Adjunto Comisión Internacional del PPD.
