El proyecto de construcción de centrales hidroeléctricas en Aysén, nuevamente bajo el alero de la tristemente célebre Endesa, vuelve a poner en el tapete de discusión los reales alcances de la problemática ambiental y sus encadenamientos con los ámbitos sociales, culturales, económicos y otros. Por razones políticas y de correlación de fuerzas, la compañía preferiría que este megaproyecto se entendiera como algo puntual. Más cómodo todavía sería, como lo han planteado algunos medios, que esta compleja problemática nacional se perciba como una pugna entre particulares. En este caso, entre una empresa -Endesa-, un conservacionista -Douglas Tompkins- y un empresario salmonero, Víctor Hugo Puchi.
Sin embargo, la ubicación geográfica de este proyecto es un dato que, si bien es muy importante por razones ecosistémicas, no debe distraer a la opinión pública de otras consideraciones fundamentales. El proyecto de Endesa no es únicamente una amenaza para una zona de alta pristinidad (si se le compara con el resto del país), sino también una manifestación más de la orientación negativa, en términos sociales, ecológicos e incluso técnicos, de la política energética nacional, impuesta al país desde hace varias décadas por el sector privado -el zorro cuidando las gallinas-. En un ámbito más general, este proyecto es un síntoma más de un modelo de desarrollo 'bomba de tiempo' que concentra capital, recursos y poder en manos de una minoría, en perjuicio de la mayoría y a costa de explotar y procesar precariamente materias primas y recursos naturales. En este sentido, el proyecto de Endesa responde a la misma lógica de otros cuestionados emprendimientos en distintos lugares de Chile, tales como Ralco y, más recientemente, Celco y Pascua Lama. En la reflexión sobre los denominadores comunes a éstos, tenemos la oportunidad de entender mejor el contexto legal, institucional, social, económico y cultural en el que tales emprendimientos aparecen como indispensables.
De hecho, el año 2000, en su evaluación a nivel mundial de la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos, la Comisión Mundial sobre las Represas (CMR) -entidad intersectorial e interdisciplinaria del más alto nivel-, comprobó que en el ámbito de los impactos sociales, en torno a estas obras son recurrentes la generación de pobreza y de otras patologías sociales y culturales en las zonas afectadas, y el fracaso de las prácticas de relocalización de personas y comunidades, especialmente en el caso de campesinos y grupos indígenas.
El investigador Patrick Mc Cully, autor de "Ríos Silenciados", especialista en el tema y muy cercano al proceso de la CMR, afirma que en el trasfondo de estos proyectos siempre priman poderosos intereses comerciales privados, en vez de los intereses públicos, y que, como norma, el secretismo durante las fases de evaluación e instalación bloquea los procesos democráticos de planificación, toma de decisiones y fiscalización ciudadana. Se repiten varios actores que se articulan de manera invisible para que los proyectos se concreten: los políticos locales y los funcionarios públicos afines por cooptación o ideología, las grandes agencias financieras y empresas de ingeniería y construcción.
Es necesario que la reflexión pública que se haga sobre este tema asuma como algo obvio que los afectados por este proyecto somos todos los habitantes de Chile y no, como quisiera la compañía, sólo los propietarios dentro de la sombra del área de influencia directa del proyecto, a quienes Endesa, interesadamente, pretende definir como los únicos 'directamente afectados', y, por lo tanto, los únicos con derecho a 'voz y voto' en su proceso administrativo.
Confiamos en que el país, si cuenta con la información adecuada, apreciará la lógica depredadora, ineficiente, torpemente 'globalizada', incluso absurda, de este proyecto; lógica 'privada' en el peor sentido de la palabra, como lo opuesto al bien común, al interés general y a la sustentabilidad social y ecológica. La política energética y el modelo de desarrollo conforman una trenza inextricable. Se merecen la una con el otro. No podremos tener una política energética pública, moderna, conservadora e inteligente mientras Chile no enmiende el rumbo de su energívoro modelo ultra neoliberal, que sólo es posible en nuestra imperfecta democracia y que se carateriza por la violenta inequidad y devastación ecológica en la que se sustenta.
____________________________________________________________
Juan Pablo Orrego y Patricio López, Ecosistemas
