Ä„Dejen de «sacarle la madre» a la industria! Esta fue parte de la respuesta del presidente de la asociación de salmoneros, Carlos Vial Larraín, a los crecientes cuestionamientos a nivel nacional e internacional, por los deficientes estándares ambientales, sanitarios y laborales con los que operan las compañías salmoneras en la zona sur austral de Chile.
Paradojalmente, en las últimas semanas se desarrolló una huelga de trabajadores de AquaChile, la primera compañía salmonera en Chile y la segunda a nivel mundial, y esta semana los trabajadores de Mainstream/Cermaq, de capitales noruegos, votaron el inicio de una medida similar, debido a sus inadecuadas condiciones salariales.
A las palabras de Vial Larraín, se sumaron el fin de semana pasado las del Vicepresidente de la patronal SalmonChile, Francisco Ariztía, quién señaló que a los salmoneros les «están pegando bajo, y los están dejando solos». Este fue un evidente llamado al gobierno y al mundo político para que bloqueen el proceso de investigación en la Cámara de diputados acerca de las condiciones y estándares con que está operando esta industria que exporta el 98% de su producción.
Las declaraciones de los máximos representantes de SalmonChile se dan en un contexto de cambio de las condiciones políticas nacionales y de la situación de los mercados internacionales. En ella queda en evidencia tanto la débil institucionalidad ambiental, sanitaria y laboral existente, como la extremadamente ideologizada posición de esta industria, algunos de cuyos principales empresarios no logran comprender que son una industria global, la cual tiene que avanzar hacia estándares internacionales, dejando atrás prácticas tercermundistas con el medio ambiente, la salud pública, los trabajadores y los diferentes stakeholders.
A su vez, su estilo de «comportamiento salmonero» frente a las autoridades, funcionarios y ciudadanos semejan más al de los tradicionales patrones de fundo o mineros extractivistas del siglo 18, que de «empresarios modernos» sujetos a la denominada Responsabilidad Social Empresarial.
Esto es la causa que los está haciendo entrar en crecientes conflictos con los diversos sectores sociales, productivos y políticos de una sociedad que exige mayor transparencia, participación informada y respeto a las leyes y convenios internacionales.
El proceso que los ha llevado a ser investigados por la Cámara de Diputados, tiene una larga historia. Es así que el 2005, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), instancia en la cual nuestro país trata de ser miembro pleno, realizó una serie de recomendaciones al gobierno para elevar los estándares ambientales y sanitarios con los que opera la industria acuícola.
A ello se han ido sumando durante el 2005 y 2006 una serie de fiscalizaciones realizadas por la Inspección Regional del Trabajo de la Región de Los Lagos, las cuales entregaron impresentables cifras de accidentabilidad y muertes de trabajadores salmoneros, desarrollo de prácticas antisindicales y no cumplimiento de las jornadas de trabajo, entre otras infracciones. El propio ministro del Trabajo afirmó hace unas semanas en el Parlamento que el índice de violaciones a la legislación laboral alcanzó este primer semestre un 80 por ciento, diez puntos más que en 2005. Es decir, de cada 10 empresas inspeccionadas, 8 no cumplían la ley.
Junto a estas situaciones, estos últimos meses tres casos dejaron en evidencia el poco compromiso de la industria del salmón con la legislación chilena. Es así que varias de las principales empresas nacionales y multinacionales del salmón superaron en hasta 11 veces los niveles de producción máximos permitidos por las autoridades ambientales. La compañía Salmones Pacific Star continúa posponiendo el plazo definido por la autoridad para retirar los cientos de jaulas salmoneras que ha mantenido de manera ilegal durante tres años sin poseer concesión alguna en el borde costero de Chaitén. Por su parte, la compañía Los Fiordos/Agrosuper, luego de varios reclamos de las comunidades locales de Puerto Cisne, fue denunciada por mantener un basural industrial ilegal, el cual ha contaminando los ecosistemas costeros locales.
La revisión salmonera en el Parlamento, única en su tipo y la primera de la historia parlamentaria en que se examinará el comportamiento de un sector productivo, contempla la solicitud a los intendentes de las tres regiones australes del país, de crear mesas de trabajo que analicen e informen sobre el comportamiento de esta industria exportadora. A ello se une el llamado a todos los sectores interesados a que informen a las Comisiones de Medio Ambiente y a la de Pesca y Acuicultura, sobre los impactos negativos que han provocado las empresas salmoneras.
Lamentablemente, ante las crecientes evidencias de que existen serios problemas en el sector salmonero, SalmonChile cierra los ojos, se tapa los oídos y su presidente amenaza a legisladores, organizaciones ciudadanas, pescadores artesanales, científicos y trabajadores, mientras empieza a moverse una compleja maquinaria política-comunicacional llamando nuevamente a «Papá Estado», o quizás «Mamá Estado», a no dejarlos solos frente al escrutinio público y de consumidores.
Las evidencias y cifras acerca del mal comportamiento de las compañías salmoneras son mayoritariamente de origen estatal, las cuales el Centro Ecocéanos, en un trabajo persistente, ha logrado recopilar. No es fácil obtener información de las oficinas públicas, cuando en el sistema estatal aún persiste una cultura del secretismo, temor al empresariado, o en muchos casos, la complicidad y silencio ante los ilícitos patronales.
Contrariamente, en este proceso se ha puesto en evidencia que los denominados Acuerdos de Producción Limpia actúan como un instrumento de lavado de imagen sectorial, porque varias compañías adscritas a estas iniciativas están involucradas en violaciones a la ley laboral y en acciones de gran impacto ambiental.
Las recomendaciones de la OCDE y el proceso de investigación sobre esta industria implementada por la Cámara de Diputados, constituyen dos potentes señales que muestran que los tiempos están cambiando y que lentamente van ganando terreno los sectores de ciudadanos, pueblos originarios, comunidades costeras, empresarios regionales y consumidores que impulsan el cumplimiento de las leyes, el respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la sustentabilidad de los ecosistemas acuáticos nacionales, la soberanía alimentaria, la salud pública y la responsabilidad social de las empresas.
Mientras el Estado no tenga la capacidad de hacer cumplir sus propias leyes en el sur del país, y de monitorear realmente la expansión de esta industria exportadora global, diversos sectores regionales están solicitando el cese temporal de la entrega de nuevas concesiones salmoneras. A ello, se une la demanda para que las empresas se hagan cargo legalmente de sus impactos ambientales, sociales y sanitarios que provocan en los lagos y áreas costeras de las regiones australes de Chile.
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Patricio Melillanca. Encargado de Comunicaciones Centro Ecoceanos. ecoceanos@ecoceanos.cl/www.ecoceanos.cl
