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Política habitacional: Pagando una deuda social


No puedo dejar pasar la oportunidad de comentar los nuevos cambios a la Política Habitacional presentados recientemente por la Presidenta Michelle Bachelet y la Ministra de Vivienda, Patricia Poblete.



Creo que incorpora dos grandes modificaciones: por una parte, reconoce que en el pasado se han cometido errores que hoy deben repararse y, por otra, rompe con la visión tan viviendista que tradicionalmente ha tenido el Ministerio de Vivienda y está traspasando su accionar al entorno y al barrio.



Esto se traduce en una serie de medidas, como el financiamiento para mejorar las viviendas y su entorno, el cual pese a que ya existía, ahora permitirá la ampliación de las mismas. Este tema se torna aún más relevante para el caso de los condominios de viviendas sociales, donde la escasez de espacio privado ha generado una serie de consecuencias negativas para las familias y los vecinos, y en los cuales una correcta ampliación se torna más difícil por tratarse de departamentos con complejidades constructivas y legales en cuanto al régimen de copropiedad.



Si bien la posibilidad de acceder a 90 UF de subsidio puede ser insuficiente, en este tema puntual se puede abrir una nueva posibilidad de recursos, ya que en el Congreso se encuentran en su última etapa de aprobación las modificaciones a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, las cuales permitirían que los SERVIUs, Gobiernos Regionales y municipios pudieran invertir en ampliaciones a viviendas de condominios de viviendas sociales.



Asimismo, la nueva Política Habitacional no sólo se preocupa de la vivienda con su respectivo mejoramiento físico, sino que hace un gran salto cualitativo al incluir el programa «Vivo mi Barrio», que corresponde a la promesa de trabajar en 200 barrios durante los 4 años de Gobierno. Este programa logra incorporar trabajo en infraestructura, pavimentación y mejoramiento de espacios públicos -que históricamente han sido asumidas por el Minvu -además de contemplar otra área que no formaba parte de las tradicionales y que es la social, donde se incluye la participación de los vecinos.



He tenido la oportunidad de conocer cómo ha ido evolucionando la formulación de este programa, en donde paulatinamente, se han ido incorporando sugerencias que apuntan a la realización de un Plan Integral de Intervención en que se pueda equilibrar lo físico con lo social.



Respecto a las nuevas viviendas, por una parte tenemos la gran novedad del subsidio a la localización, que pretende facilitar la buena ubicación de nuevos conjuntos de viviendas y, por otra, el mejoramiento de los estándares de las viviendas.



Lo planteado aquí son las nuevas y buenas intenciones de la Política. Lo que falta ahora, es saber cómo operará todo esto para que las medidas tengan los resultados que se pretenden. Es allí donde nos encontramos con un nuevo y gran desafío. Ante este escenario, se requiere, por ejemplo, que el programa «Vivo mi Barrio» destine los recursos necesarios para que los distintos sectores cuenten con un eficiente equipo social que los asesore y ayude a revertir la compleja situación en que se encuentran. Así también, se necesitará de la colaboración de distintos actores, como municipios, ONGs y los propios vecinos.



Ojalá que el buen ánimo se mantenga al momento de evaluar las acciones y los objetivos logrados.



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María Jesús Barroso Moya, es directora de la ONG Cordillera

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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