El modelo chileno de inserción en la economía global ha generado gran atención externa, dados sus logros en materia de crecimiento económico y reducción de la pobreza, en el contexto de recuperación democrática. No obstante, internamente siguen encontrándose signos de malestar, como se desprende de una encuesta reciente donde la gran mayoría de los entrevistados señaló que se inclinaría por realizar cambios al actual modelo económico.
Uno de los principales puntos es la discusión sobre la persistencia de elevados niveles de desigualdades sociales en Chile, este tema no puede desvincularse de las formas concretas bajo las cuales está operando el modelo productivo de inserción en la economía global, cuya característica central es la creciente formación y expansión de clusters exportadores.
En su dimensión productiva, el modelo de inserción chileno se sustenta en el desarrollo de un conjunto de polos geográficos especializados, entre los que destacan la minería en el norte del país, frutas y agroindustria en la zona central, y pesca y productos forestales en el sur. En torno de estos polos se han ido gestando un conjunto de clusters exportadores, los que se caracterizan por ser aglomeraciones geográficas de empresas, articuladas en torno de una actividad principal que actúa como fuerza motriz o propulsora. A modo de ejemplo, los salmones, vinos y celulosa.
Estas formas de organización territorial de la producción, muestran trayectorias cada vez más expansivas, las que han ido generando un incremento de las tensiones respecto de sus entornos naturales y sociales directos.
Una primera dimensión problemática se relaciona con las fuertes asimetrías de poder existentes entre el conjunto de actores vinculados a los clusters productivos. Esto ocurre tanto en el campo de las relaciones laborales, como en las relaciones inter-empresas que componen cada cluster.
En el primer caso, la débil institucionalidad regulatoria vigente permite la existencia de condiciones de trabajo precarias y fuertemente desiguales, ejemplificadas entre otros aspectos en la dificultad para la formación de sindicatos y en situaciones laborales que generan riesgos importantes para la salud de los trabajadores/as. En el segundo caso, los conflictos normalmente se vinculan con relaciones asimétricas entre firmas proveedoras y demandantes del cluster. Las principales áreas de tensión se relacionan con las condiciones exigidas por las firmas más grandes, que constituyen el núcleo del cluster, a proveedores PYMES en términos de precios, calidad y tiempos de entrega.
La segunda dimensión tiene que ver con la capacidad de encadenamientos de cada cluster exportador con el resto de las actividades económicas de su entorno geográfico. Más encadenamientos implican mayores grados de diversificación productiva, lo que permite incrementar los empleos y los ingresos. La tendencia contraria apuntaría a la clásica situación de enclave, caracterizada por la presencia de grandes empresas productoras pero con bajos encadenamientos con su entorno.
Una tercera problemática se vincula con el uso intensivo de recursos naturales, característica principal de los principales clusters exportadores chilenos, lo que plantea serios problemas de sustentabilidad ambiental y económica.
La expansión de ciertos clusters exportadores puede poner en riesgo a ecosistemas completos con resultados negativos en términos de biodiversidad, punto que ha sido discutido intensamente en años recientes para el caso de la celulosa. Por otra parte, dicha expansión ha generado crecientes tensiones socio ambientales con comunidades locales, como lo muestran los conflictos entre empresas mineras y pequeños agricultores en el norte del país y entre empresas forestales y comunidades mapuches en el sur.
En términos de sustentabilidad económica el problema principal es el que se le plantea a regiones, cuya economía se basa en la extracción de recursos naturales no renovables, como en el caso de las regiones mineras. El tema central en este caso se refiere al desarrollo de nuevas actividades productivas de reemplazo.
Es necesario considerar que las exigencias de un entorno mundial más competitivo no pueden servir como justificación para estrategias que pongan en riesgo los equilibrios ambientales y que se sustenten en formas de trabajo precario. Enfrentar las agudas desigualdades existentes no es por tanto sólo un problema de mayor educación y protección social. Las políticas públicas deben adquirir un mayor rol en el resguardo de equilibrios entre los diferentes actores de los clusters exportadores, en la promoción de una mayor diversificación productiva en las regiones y en una adecuada protección de la sustentabilidad de ecosistemas y comunidades locales.
__________________
Luis Riffo Pérez, economista de Fundación Terram
