El ABC de las políticas de desarrollo territorial en los países con alta concentración en una ciudad, es muy simple: que la mega ciudad pague «las externalidades negativas» de su tamaño y que el gobierno central subsidie en forma directa o vía franquicias tributarias otras zonas para acercarlas en su competitividad a la mega ciudad que se busca «civilizar» su desarrollo.
Chile está realizando exactamente lo contrario al concepto de desarrollo que desde los ’60 se han ido adoptado en Norteamérica, Europa y Asia. La propuesta de mantener el alto subsidio directo al transporte de pasajeros de Santiago es un acto supremo de inequidad y miopía estratégica, que ahonda la ya conocida competitividad de Santiago.
Por cierto, no se trata de sostener visiones anti-capitalinas, pero otra cosa es hacernos cómplices de una política permanente de subsidio en el territorio concentrador de Chile. Si en el 2007 se pidió recursos extraordinarios para solucionar una emergencia, y si además, el Ministro de Transportes afirma que en diciembre estará «normalizado el Transantiago o renuncio», nada justifica esta millonaria subvención permanente el 2008 por más de cien millones de dólares, que se suman a los cientos de millones de dólares para completar las vías y ampliar el metro.
Todos los rankings de competitividad ponen por lejos a la Región Metropolitana por sobre todas las regiones y las restantes ciudades. Son los estudios que han encargado/elaborado la Corfo, la Subdere, la Universidad del Desarrollo o el PNUD, entre otros. Santiago cuenta con los mejores servicios, profesionales, ciencia, tecnología, infraestructura, precios menores a regiones en sus servicios básicos (agua, electricidad, gas, gasolina, telefonía…internet).
Con la excepción de las poco pobladas regiones extremas, las que por razones geopolíticas cuentan con pago de zona a funcionarios, subsidios de contratación de mano de obra y algunas franquicias para invertir, las ciudades que podrían ser «competitivas» y «alternativas» a Santiago del centro-norte y centro-sur no cuentan con subsidios, ni franquicias, ni menos con una política ya explícita como en Santiago, de no hacer exigible el pago del transporte y subvencionar su costo en torno al 20%.
El mundo civilizado hace otra cosa. Los habitantes de las megaciudades pagan impuestos urbanos adicionales por los planes de descontaminación, renovación urbana y transporte. Lo saben los habitantes de Barcelona o Berlín. En Londres, las autoridades se «atreven» a tarifar el ingreso al centro y así derivar recursos «propios» para la flota de buses. Más cerca, en Bogotá, se realizó desde fines de los ’80 una política de que todos o casi todos pagaran el impuesto predial simplificado, para que el municipio metropolitano (en Chile inexistente) pudiera, entre otras políticas de los alcaldes Peñaloza y Mockus, crear el Transmilenio y la modernización del transporte. Lo hicieron sin populismo y con zonas de prepago del pasaje, lo que les permite tener una evasión menor al un por ciento.
Estamos desquiciando las políticas de desarrollo territorial y dando señales inequívocas en favor de una mayor concentración. Recordemos que es el único país de América Latina en que el 38% de la población se concentra en una ciudad (Buenos Aires, Montevideo y ciudad de México, son el 26% de sus países).
Se requiere sinceridad. Los santiaguinos tienen que pagar el costo de su transporte o, en el peor de los casos, focalizar subsidios a los sectores más pobres y no al conjunto de los habitantes de la macro-ciudad.
Es un juego de cifras decir que se «empatará a regiones» con nuevos recursos para inversión. No hay una contabilidad general de los miles de millones que acumula la «transformación» del Gran Santiago. Un verdadero «empate» sería subvencionar el transporte en buses y taxis colectivos a los habitantes de regiones, a quienes usan buses interprovinciales, o rebajar en regiones el impuesto a los combustibles mientras dura «la renta extraordinaria del cobre». Se dirá que es complejo técnicamente, inapropiado por las consecuencias fiscales de largo plazo, contradictorio con la política macroeconómica. Pero con el Transantiago se acaban los papers, se termina la ortodoxia y se ahonda la discriminación positiva a la ciudad poluta…Sólo una inequidad de marca mundial que no puede contar con nuestro «consenso». No es sensato y los propios santiaguinos lo saben y se sorprenden de tanta frivolidad.-
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Esteban Valenzuela Van Treek. Diputado por Rancagua. Chile Primero
