Chile sigue siendo el único país sudamericano que no ha ratificado el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Este instrumento, aprobado en 1998 por nuestro país, permite juzgar a individuos acusados de cometer crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad a nivel mundial.
La Corte Penal Internacional, que pretende terminar con la impunidad de quienes cometen graves violaciones a los derechos humanos, en nuestro país se encuentra entrampada. Los motivos en un principio fueron la falta de quórum para su ratificación; posteriormente parlamentarios de derecha presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional; el Gobierno por su parte no le ha asignado la urgencia que merece esta herramienta jurídica, dejando un tema relevante postergado que nos deja mal vistos frente a la comunidad internacional.
¿Por qué? Chile pretende ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sin embargo, el Estado tiene una serie de asignaturas pendientes que no legitiman su espacio en este lugar, tal es el caso no sólo de la CPI, sino que también la Ratificación del Protocolo de la CEDAW, el Convenio NÅŸ 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas, la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, entre otros.
Ostentar querer pertenecer a un organismo internacional, requiere que el Estado se comprometa con temas que no sólo se demandan por parte de las instituciones que trabajan sobre la materia, sino por la ciudadanía en su conjunto que no quiere ver convertido al país en un ente que sólo adscribe a Tratados de Libre Comercio, dejando en el último lugar de la tabla los derechos fundamentales de las personas y de nuestra democracia. Y no sólo eso, tampoco el Gobierno y sus ministros políticos han mostrado señas de ser una bisagra con el Congreso Nacional y con los parlamentarios mal llamados duros para tratar esto y otros temas y ponerlos en la tabla de discusión.
Reconocemos el compromiso del Poder Judicial en sensibilizarse sobre la materia, capacitarse para tener mayores herramientas que les permitan una mayor cooperación judicial y conocer los estándares internacionales en relación a la CPI.
Con el fin de seguir en esta tarea, realizaremos el seminario internacional «Estándares Internacionales en materia de cooperación judicial: El Estatuto que crea la Corte Penal Internacional» en conjunto con Corporación Humanas – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, la Asociación Nacional de Magistrados, el día 18 de octubre de 2007, en el contexto de la Asamblea de la Red Iberoamericana de Jueces.
Insistimos, la ratificación de la CPI sigue siendo la gran deuda de nuestra democracia y una asignatura pendiente en el siglo XXI.
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Daniel Urrutia Laubreux. Magistrado. Coordinador de la Red Iberoamericana de Jueces
