Por Alejandra Mizala*
La base sobre la que se fundan las propuestas del Consejo de Trabajo y Equidad es que la mejor política social consiste en que cada persona tenga un empleo digno que le proporcione el ingreso necesario para alcanzar un nivel de vida satisfactorio. Esto significa que las políticas propuestas buscan fundamentalmente incentivar a las personas a capacitarse y facilitar su incorporación al mercado laboral. Con este fin se propone una política de capacitación basada en un bono individual para que los trabajadores adquieran las competencias que requieran para su desarrollo laboral, la que se puede complementar con el esfuerzo de capacitación de las empresas. La capacitación permite incrementar la empleabilidad y productividad de los trabajadores, con el consiguiente aumento salarial. Asimismo, se propone un sistema efectivo de intermediación laboral que facilite el acceso a empleos de calidad.
En este mismo espíritu el Consejo coincidió en la necesidad de impulsar políticas que incentiven la incorporación de la mujer a la fuerza laboral, puesto que el trabajo femenino permite allegar un nuevo ingreso al hogar, con el significativo impacto que esto tiene sobre la superación de la pobreza y la reducción de la vulnerabilidad social. Además de la ampliación de la oferta de cuidado infantil, las propuestas del Consejo apuntan a rediseñar las políticas existentes que, con el objetivo de proteger a las mujeres y la maternidad, terminan incrementando el costo de contratar mujeres. Algunas de las principales medidas propuestas apuntan a financiar salas cunas con cargo a impuestos generales, flexibilizaciones del descanso post natal y subsidios post natales a los salarios femeninos.
Asimismo, el Consejo coincidió en la necesidad de facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Para ello plantea potenciar la política de subsidio a la contratación de jóvenes, focalizándola fundamentalmente en aquellos pertenecientes a los hogares más pobres, y crear programas que mejoren la empleabilidad de los jóvenes en riesgo social.
Pero no solo la capacitación incrementa la productividad laboral, también juegan un rol importante las relaciones laborales fundadas en la confianza, el mérito y la transparencia, puesto que ellas llevan a la cooperación y la realización personal de todas las partes envueltas en las relaciones de trabajo. En este ámbito el Consejo acordó temas de una Agenda sobre institucionalidad y relaciones laborales y ciertos objetivos o propósitos fundamentales que habría que alcanzar sobre algunos de los temas planteados en la Agenda, si bien no se alcanzó siempre acuerdo en relación a los instrumentos disponibles para alcanzar los propósitos concordados.
En particular, el Consejo coincidió en perfeccionar la institucionalidad laboral, de forma de adecuarla a los requerimientos actuales y futuros del país. Con este fin propone apoyar, por vía legislativa y con carácter específico, la institucionalización de una Defensoría Laboral pública, independiente, autónoma, descentralizada, especializada y con sistemas de externalización de las labores litigiosas. Concordó en la necesidad de avanzar en la modernización y profesionalización de las instituciones que están llamadas a hacer cumplir las leyes laborales en toda su amplitud, en la necesidad de capacitar a los dirigentes sindicales y empresariales buscando tecnificar la interacción entre las partes y promoviendo el dialogo y la colaboración. Se concordó también en la necesidad de establecer un sistema de certificación de buenas prácticas laborales que pudiera operar como un potencial círculo virtuoso facilitando mejores relaciones laborales y condiciones de trabajo.
En el ámbito de la negociación colectiva el Consejo coincidió en la necesidad de promoverla. No obstante lo anterior hubo importantes discrepancias respecto de los medios para lograrlo y sus efectos sobre el mercado laboral. Estos temas apuntan a viejas diferencias que sin dudas no era simple que un Consejo de estas características pudiera zanjar.
Con todo, una mayoría de consejeros considera la necesidad de establecer un sistema de adaptabilidad pactada, a través de la cual sea posible vía acuerdos entre trabajadores y empleadores ajustar las restricciones existentes en el Código Laboral, por ejemplo, respecto de jornadas laborales. Los consejeros concordaron en que la adaptabilidad pactada de determinadas regulaciones puede convertirse no sólo en un modo equilibrado de adecuación de las formas de organización de las empresas para incrementar su productividad, sino que en un poderoso incentivo para el fomento de un hábito de negociación y una cultura basada en la valoración de la contraparte. Las diferencias se expresaron respecto de los sujetos y niveles de la negociación, la forma de enfrentar la adaptabilidad pactada en las empresas de menor tamaño y si se establece el requisito de certificación de buenas prácticas laborales para negociar adaptabilidad.
El trabajo de este Consejo, respecto del cual esta columna sólo da cuenta de una parte, muestra que el ejercicio del diálogo, en un marco de respeto mutuo y espíritu constructivo, posibilita avanzar en muchas materias. Pero esto no es lo único importante, este ejercicio de diálogo nos permitió a los consejeros practicar la tolerancia y aprender de quien sustenta ideas distintas a las nuestras. Nos permitió, en definitiva, ser mejores personas.
*Alejandra Mizala es economista del Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Chile.
