Ahora nos toca a las personas y las organizaciones convertir el acceso a la información pública en una herramienta concreta de control ciudadano que favorezca mejores condiciones de vida y participación en la toma de decisiones que nos afectan…
Por María Eugenia Díaz*
Tras la entrada en vigencia de la nueva Ley de Acceso a la Información Pública, los medios de comunicación han dado amplia cobertura a su operatividad y especialmente a los datos que contribuyen a transparentar sueldos y contrataciones públicas, pero, ¿en qué se expresa concretamente esta ley para los ciudadanos y ciudadanas?
Así, cualquier persona podrá solicitar -por escrito o a través de sitios web- información relacionada con el contenido de actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, salvo algunas excepciones que contempla la ley.
Sin duda, son buenas noticias para nuestra democracia. Se trata de un nuevo estándar en el ejercicio de derechos que implica nuevas capacidades y recursos para participar y controlar los asuntos públicos. Porque más allá de satisfacer la curiosidad de conocer determinadas remuneraciones, se trata de cómo la ciudadanía es capaz de monitorear de manera responsable la utilización de las platas que son de todos/as.
El desafío es ahora aprender a utilizar este instrumento en el abordaje de temas que afectan a la comunidad. Muchos ciudadanos y ciudadanas que tienen un problema concreto, por ejemplo, la ejecución de una obra en su comuna, podrán acceder ahora al contrato para su realización, los plazos considerados y el estado de los trámites pendientes, y podrán operar en base a información de primera fuente que favorecerá la búsqueda de soluciones, individual y colectivamente.
La vieja y odiosa costumbre de esperar el resultado de un trámite por meses y hasta años sin saber en qué va su tramitación, los funcionarios habituados a «chutear» la respuesta amparándose en procedimientos burocráticos, desde ahora tendrán otra mirada respecto de los derechos y obligaciones de cada cual.
Por lo tanto, pasada la novedad, es importante seguir trabajando desde distintos sectores del quehacer público en difundir en la ciudadanía no sólo cómo acceder, sino también cómo aprovechar las posibilidades que se abren con esta normativa.
Porque la información enriquece la toma de decisiones, permite exigir con conocimiento de causa y herramientas concretas. Saber qué exigir, dónde buscar y hacerlo de manera responsable y con altura de miras es un segundo paso que debemos dar como sociedad.
Y si efectivamente funcionan los mecanismos de la ley, se abrirán puertas a la participación política tanto a nivel local como nacional, empoderando a la ciudadanía y fortaleciendo sus capacidades para aportar de manera efectiva.
Ahora nos toca a las personas y las organizaciones convertir el acceso a la información pública en una herramienta concreta de control ciudadano que favorezca mejores condiciones de vida y participación en la toma de decisiones que nos afectan.
*María Eugenia Díaz M. es directora ejecutiva de la Corporación Genera.
