El Palacio de La Moneda, símbolo de nuestra democracia, normalmente mantenido cerrado en su perímetro por Carabineros a través de «rejas papales» y vistosos cordones policiales, dando así un triste espectáculo autoritario. No se entiende que la Presidenta, el ministro del Interior y el…
Por Federico Joannon Errázuriz*
En estas líneas no se pretende profundizar acerca del estado de derecho ni del orden público, ni de la fuerza necesaria y legítima (y proporcionada) para mantenerlo, ni tampoco de la necesidad obvia e ineludible de que se persigan eficazmente los delitos que se cometen en Chile.
A meses de la celebración del Bicentenario de nuestra república, sólo se busca aportar con un par de ideas que contribuyan al adecuado funcionamiento de nuestras fuerzas policiales, desde la perspectiva de las libertades públicas. No vaya a ser que nos descuidemos y que los «cuidados del sacristán maten al señor cura». No podemos ni debemos llegar a la paradoja de militarizar la vida diaria de los chilenos, deteriorando su calidad de vida, con el objeto o finalidad de que los ciudadanos vivan seguros y en paz.
Debe tenerse presente que los carabineros, en sus funciones diarias, las más de las veces trata con ciudadanos comunes y corrientes, gente de a pié, que cumple con sus obligaciones y que lleva una vida decente, que espera que se le respeten sus derechos, incluido el de manifestar sus opiniones (molestias y frustraciones incluidas), y que aspira a ser feliz y a vivir su vida sin que lo molesten. Muy excepcionalmente los carabineros deben lidiar con delincuentes o personas que ponen en riesgo la seguridad pública o la de otras personas.
Sin pretender ser exhaustivo ni agotar el tema, con el objeto que nuestro país sea crecientemente más vivible, y considerando que Carabineros de Chile es un cuerpo armado (con todo lo que ello conlleva), propongo lo siguiente:
1) Que el accionar de Carabineros sea invisible para el ciudadano común y corriente. Porque la ostentación de la fuerza (exhibición de armas, tanquetas, buses blindados, guanacos, personal equipado para la represión cuerpo a cuerpo, etc.) es una agresión solapada en contra de las personas de a pié. Les infunde un miedo o incomodidad impropia de un sistema respetuoso y cuidadoso de las libertades públicas.
La ostentación de la fuerza nos acerca a un «estado policial», que definitivamente no queremos para el Chile del bicentenario. Por lo mismo, la denominada estrategia de «disuasión», muy querida por algunos, debe reservarse únicamente para casos extremos. Lo mismo, y con mayor razón, la utilización de la fuerza, propiamente dicha.
2) El accionar de Carabineros debe molestar lo menos posible al ciudadano común y corriente. Porque éste tiene el derecho a desarrollar sus actividades sin verse alterado o importunado por procedimientos policíacos, ni verse expuestos a que se inmiscuyan ilegalmente en sus cosas.
Así, salvo excepciones calificadas y siempre pasajeras, Carabineros no debe cerrar calles ni plazas, ni ponerles «rejas papales», ni empadronar a las personas, ni controlar sus identidades, ni molestar a los jóvenes en las plazas, ni tratar a las personas en forma degradante; por señalar sólo algunas de las actuales malas costumbres de muchos de nuestros uniformados de verde. Todas éstas son formas solapadas de represión y de vulneración de derechos ciudadanos.
Para lograr los dos puntos anteriores sin debilitar la necesaria eficacia del trabajo policial, será necesario fortalecer y profundizar las labores de «inteligencia policial» y «contrainteligencia» al interior de Carabineros, por supuesto que con el debido respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente su derecho a la intimidad y vida privada. La «inteligencia» y «contrainteligencia» son formas eficaces (cuando se hacen bien) de prevenir delitos, alteraciones a la seguridad pública y corrupción interna, amén de contribuir a la captura más segura de los malhechores.
Adicionalmente, debe lograrse que los funcionarios públicos que conforman Carabineros de Chile sean de verdad ciudadanos «de primera», bien pagados e integrados en la vida cotidiana de sus comunidades, con diálogo recíproco y compenetrados de las realidades y necesidades ciudadanas. Debe terminarse cuanto antes la cultura de «ghetto» policial, con justicia propia (que muchas veces no es todo lo drástica como debiera en contra de los excesos policiales), urbanizaciones sólo para ellos, casinos y otros servicios exclusivos, porque todo esto tiende a la endogamia y al enclaustramiento, que genera resentimientos y envidias varias, que tienden a expresarse o bullen en el trabajo policíaco diario.
Por último, cabe hacer presente que todo lo anterior debe ser impulsado, exigido y fiscalizado por el poder civil, del cual depende Carabineros de Chile. No es razonable pretender que sea la propia institución policial la que, cual John Rambo, se cure desde adentro y se extirpe a sí misma los autoritarios principios fundantes que le imprimió la dictadura militar.
Una complicación para lo anterior es que, muchas veces, son las propias autoridades civiles las que no entienden que carabineros debe «civilizarse» (y desmilitarizarse), por lo que mal pueden impulsar, exigir y fiscalizar los cambios necesarios. Como ejemplo, baste con recordar el Palacio de La Moneda, símbolo de nuestra democracia, normalmente mantenido cerrado en su perímetro por Carabineros a través de «rejas papales» y vistosos cordones policiales, dando así un triste espectáculo autoritario. No se entiende que la Presidenta, el ministro del Interior y el Subsecretario de esa cartera lo permitan. Nuestra memoria colectiva nos remite a otros tiempos y a otros países, ¿quizás a la RDA?
*Federico Joannon Errázuriz es abogado y ex Director de El Mostrador.
