En materia jurídica, la ONU señaló que Chile mantiene vigente una ley de amnistía que ha obstaculizado la justicia frente a los graves crímenes ocurridos bajo la dictadura militar. Más grave aún, no cuenta con una justicia independiente para juzgar los delitos, entre ellos homicidios, la tortura…
Por José Aylwin*
El 21 de mayo pasado la presidenta Bachelet dio su última cuenta pública al Congreso Nacional. En ella hizo un recuento de lo realizado durante su gestión, refiriéndose extensamente a las políticas públicas, propuestas legislativas, medidas económicas impulsadas durante su mandato, y en particular en el contexto de la crisis financiera internacional, a objeto de lograr la «protección social» que definió como el sello de su gobierno. Se refirió a las acciones impulsadas para «apoyar a los grupos más vulnerables, combatir las discriminaciones, crear oportunidades para la clase media y reducir las desigualdades». Resumiendo las que identificó como las «grandes transformaciones sociales» impulsadas por su gobierno afirmó: «Hemos avanzado hacia un Estado que protege a las personas. Hacia una existencia más digna para todos los chilenos. Hacia una política cada vez más ciudadana».
A comienzos de mayo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en Ginebra, realizó el primer examen periódico universal de Chile. Mediante este examen, instituido el 2006 luego de la creación de esta instancia de la que Chile es parte, el Consejo analizó el cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por nuestro país al amparo de tratados y otros instrumentos de derechos humanos voluntariamente aceptados. También en Ginebra este mes de mayo, el Comité Contra la Tortura de la ONU examinó el quinto informe periódico de Chile relativo al cumplimiento de la Convención Contra la Tortura de la que es parte.
Si bien ambas instancias valoraron algunos de los esfuerzos realizados por el Estado chileno desde 1990 a la fecha en materia de Derechos Humanos, la visión y conclusiones contenidos en sus respectivos informes difieren radicalmente de aquellas que la Presidenta Bachelet presentó en su mensaje al Congreso.
En efecto, ambas instancias de la ONU, una compuesta por Estados, y la otra por expertos independientes, manifestaron su preocupación precisamente por la desprotección en que se encuentran las personas y los pueblos que habitan el país en el ejercicio de sus más elementales derechos humanos.
Así, en el plano institucional ellas constataron que Chile no ha ratificado diversos tratados internacionales que apuntan precisamente a reconocer y a resguardar los derechos de la población, así como tampoco cuenta con instituciones (defensorías u otras) que permitan una efectiva protección de las personas frente a su violación; que no cuenta con un sistema electoral que permita a los ciudadanos el adecuado ejercicio del derecho de participación política; y que no reconoce en su constitución política a los pueblos originarios.
En materia jurídica, la ONU señaló que Chile mantiene vigente una ley de amnistía que ha obstaculizado la justicia frente a los graves crímenes ocurridos bajo la dictadura militar. Más grave aún, no cuenta con una justicia independiente para juzgar los delitos, entre ellos homicidios, la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, que los integrantes de las fuerzas armadas siguen cometiendo en contra de la población civil, en particular en contra de los defensores de derechos humanos.
La ONU constató además que en Chile persisten situaciones de discriminación que al amparo de los compromisos internacionales suscritos por el Estado resultan inaceptables. Entre estas discriminaciones identificó aquella que afecta a los pueblos originarios, la que se expresa, entre otros ámbitos, en la pobreza que afecta a sus comunidades, en el otorgamiento de concesiones de explotación sobre sus tierras, y en la aplicación de legislación anti terrorista para enfrentar su protesta social. También identificó aquella que afecta a la mujer, que se manifiesta en las instituciones legales aún vigentes, como la sociedad conyugal, que lesiona sus derechos patrimoniales; la relativa a la negación de sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el aborto terapéutico; la situación de violencia doméstica y aquella que les afecta en el ámbito del empleo y los ingresos.
Otras situaciones de discriminación identificadas por la ONU fueron aquellas que afectan a los niños y niñas, así como la que afecta a los migrantes que en número creciente llegan a Chile.
Llama poderosamente la atención la existencia de dos visiones tan contrapuestas de una misma realidad; la de Bachelet, que da cuenta un país que avanza en la protección e inclusión social, en el respeto de la derechos ciudadanos, con la de la comunidad internacional, que constata la precariedad de nuestras instituciones para reconocer y garantizar los mismos derechos, así como la persistencia de situaciones de discriminación intolerables en el siglo XXI.
Llama igualmente la atención la ausencia total de referencia en el mensaje presidencial de Bachelet a las conclusiones y recomendaciones de la ONU, más aún cuando en ella sostiene que Chile es un país respetuoso del derecho internacional. Habría sido esperable al menos una referencia a cómo su gobierno explica los evidentes déficits que el país tiene en el ámbito de los derechos humanos, y a cómo piensa abordar los desafíos planteados por la comunidad internacional en esta materia. Ello porque, como la Presidenta no puedo ignorar, sin reconocimiento pleno de los derechos humanos, sin mecanismos e instituciones para hacerlos efectivos, no hay protección social posible.
*José Aylwin es co-director del Observatorio Ciudadano.
