Considerar que ‘defectos estructurales’, como señalan estos últimos informes, son ‘meras dificultades’, parece una imagen bastante alejada de la realidad. La omisión de información relevante parece evidente.
Ante la comunidad internacional de derechos humanos, las palabras importan. Las delegaciones que entregan sus informes oficiales ante los órganos que monitorean el cumplimiento de los tratados internacionales, buscan defender sus políticas en materia de derechos humanos. Y esa defensa la hacen a través del lenguaje.
Muchas veces, el contraste entre lo que se dice y lo que se hace pasa inadvertido. Durante el último año, y con ocasión de la entrega de informes oficiales (en la mayoría de los casos, atrasados), el gobierno de Chile presentó una imagen ante la comunidad internacional que dista de la realidad. Y en ello, el papel de los informes sombra que entrega la sociedad civil se erige un factor de contraste.
Un ejemplo de ello sucedió con ocasión de la presentación del informe oficial para el Examen Periódico Universal, la nueva herramienta de evaluación del Consejo de Derechos Humanos. En esa ocasión, el informe oficial, comentando la aplicación de la ley de responsabilidad penal juvenil, señaló:
[cita]Considerar que ‘defectos estructurales’, como señalan estos últimos informes, son ‘meras dificultades’, parece una imagen bastante alejada de la realidad.[/cita]
“La implementación de esta reforma no ha estado exenta de dificultades”. Ello omite diversas informaciones consignadas en el Informe UDP 2008, el informe de Unicef de 2007, otro del Departamento de Estado de Estados Unidos, y un informe de la Contraloría General de la República (una entidad del mismo Estado), con denuncias graves en la materia específica. Todas estas informaciones, debemos recordar, estaban en conocimiento de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de RR.EE. Semánticamente, considerar que ‘defectos estructurales’, como señalan estos últimos informes, son ‘meras dificultades’, parece una imagen bastante alejada de la realidad. La omisión de información relevante parece evidente.
También, la dinámica de los organismos internacionales de derechos humanos ha mostrado que Chile no cuenta con una institucionalidad de derechos humanos capaz de:
– Tener una mirada más objetiva de la realidad nacional en la materia, que permita comprender el grado de cumplimiento efectivo de los estándares internacionales; y,
– Generar información estadística relevante, que pueda entregar luces acerca de lo señalado anteriormente. Si bien existen cifras al respecto, en los foros internacionales se ha criticado la falta de información fidedigna.
-Del mismo modo, es importante señalar que las obligaciones internacionales que asumimos los chilenos, a través de nuestras autoridades, cuando firmamos tratados internacionales en materia de derechos humanos, suponen un compromiso de Estado. Por ello, resulta extraño el discurso del gobierno al esgrimir excusas por el no cumplimiento de ciertas obligaciones apelando a la desidia o inactividad de otros poderes del Estado, como el Poder Legislativo (por la demora en la aprobación de tratados o en la derogación de otras leyes) o el Poder Judicial (por su aplicación de ciertas leyes).
-Por último, es importante hacer mención a otra de las cuestiones relevantes que ha surgido en los foros internacionales de derechos humanos: nuestro infame sistema binominal, que poco a poco comienza a aparecer ante la comunidad internacional como una ofensa a los derechos políticos garantizados en diversos pactos. La falta de competencia y representatividad, como lo han notado evaluaciones internacionales, afecta los derechos de participación política que tienen los ciudadanos.
