Una eventual alza de impuestos para financiar la reconstrucción nacional luego del terremoto ha generado ácidas reacciones políticas y empresariales. Entre ellas las del senador UDI, Jovino Novoa, quien hizo fuertes declaraciones en contra de tal medida, desnudando una disputa interna del oficialismo sobre un tema de alta sensibilidad para los empresarios, sostén importante del actual gobierno.

En evidente que cuando se habla de impuestos se trata de un debate político en estado puro sobre la equidad en las cargas públicas, pues nadie desea pagar impuestos y, por lo tanto, su determinación corre por cuenta de la ética y la determinación de prioridades económicas. Pero es también un tema de información y transparencia pues nada más intrincado para los ciudadanos que los cálculos de política fiscal, ni más oculto que los intereses que se juegan en el tema.

Ello es relevante para los propósitos del actual gobierno pues en Chile domina ampliamente la percepción de que la estructura impositiva es regresiva, que los ricos no pagan impuestos, y que con el gobierno actual existe riesgo cierto que las brechas de equidad se ahonden.

En Chile las orientaciones tributarias se vinculan más a la racionalidad del crecimiento económico que a la generación de un desarrollo social equilibrado. Cada vez que se hace una reforma tributaria sus mecanismos adquieren carácter transitorio y, en general, los que se aprueban se justifican como mitigación de situaciones excepcionales, como puede ser una crisis económica o ahora el terremoto.

El financiamiento incluso de proyectos que debieran beneficiar a los sectores de menores ingresos, se prefiere hacerlo con mecanismos que implican aportes impositivos mayoritarios de los supuestos beneficiarios. Eso bajo los gobiernos de cualquier signo.

Tal es el caso del uso del IVA (Impuesto al Valor Agregado) que constituye la principal fuente de recaudación impositiva en nuestro país y cuya tasa pareja de 19 por ciento resulta altamente regresiva para los más pobres. Lo determinante para juzgarlo es cuánto del ingreso total de la persona se paga en IVA, pues un pobre paga el 19% de el (gasta todo su ingreso) mientras un rico, dado lo que gana, puede llegar a pagar un 11% o quizás menos de su ingreso total, pues parte importante lo ahorra o lo invierte.

Es por ello que las propuestas para financiar programas sociales como la salud o la educación mediante IVA, generan aumentos en la brecha del poder adquisitivo entre ricos y pobres. Ello ya ocurrió durante el gobierno de Eduardo Frei con la reforma educacional de la época y el 2% del IVA, y siguió ahondándose en términos estructurales en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

El IVA constituye el 52 por ciento de la recaudación impositiva del fisco, mientras que el Impuesto a la Renta es poco menos del 26 por ciento según el SII. Tal relación, consolidada en la Reforma Tributaria de 2001, implica que a mayor ingreso se paga cada vez menos impuestos.

El Estado chileno se financia fundamentalmente con impuestos al consumo, los que representan el 64 % del total de los impuestos cobrados si se suma el IVA más el 10% promedio de impuesto a los Productos Específicos.

En esta perspectiva, es opinión de muchos expertos que son los pobres los que pagan el Estado y sus políticas, y sostienen además su bajo desarrollo, en una especie de pobreza autosustentada y circular.

El Impuesto de Renta de primera categoría, que grava las ganancias de las empresas, tiene en Chile una tasa comparativa entre las más bajas del mundo. Solo 17%, mientras que en Japón es de 42%, Brasil 37%, España 35%, México y Argentina 35%, Perú 30%. Más aún, este impuesto opera además como un crédito tributario para los dueños de las empresas quienes, al momento de pagar su impuesto global complementario, lo descuentan de su declaración.

A comienzos de los gobiernos de la Concertación se hizo una reforma tributaria que aumentó el IVA de 16 a 18% (de forma transitoria que luego se transformó en definitiva) y aumentó el impuesto de Primera Categoría de 10% a 15%. Fue en ese momento que también se cambió el pago de impuestos en la minería.

Se modificaron tres artículos de la Ley de Impuesto a la Renta. El 17 para eximir el pago de Impuesto a la Renta a las ganancias obtenidas en la venta de pertenencias mineras (lo que operó como incentivo a su venta a extranjeros); el art. 34 que obligaba a las grandes mineras a tributar en renta presunta cambiándola por renta efectiva a base de ganancias declaradas; y se agregó un nuevo artículo 30 permitiendo contabilizar como gasto un intangible llamado Costo de Pertenencia que les permite aumentar artificialmente los costos. La pequeña minería siguió imponiendo con renta presunta entre 1 y 2% de sus ventas.

Es en ese momento que se consolidó prácticamente un estado de exención tributaria a la gran minería del cobre, y dejar que volúmenes de ventas superiores a 60 o 70 mil millones de dólares a la actualidad no hayan tributado más de cuatro mil millones de dólares.

A su vez, el impuesto al Comercio Exterior que beneficia a los exportadores ha caído en los últimos años en un 69,7% debido a los impactos de los tratados de libre comercio y otras rebajas.

En contrapartida, según datos de la Cámara Chilena de la Construcción, el decil 1 de la población, es decir el 10% más pobre del país, recibe el 1,4% de todo el ingreso generado en un año por el país, mientras el decil 10, el más rico, recibe el 41,1% del Ingreso Nacional, es decir 29 veces más.

Peor aún, el decil 1 paga en total el 14,4% de sus ingresos en impuestos, y el decil 2 paga el 16%, mientras que el decil más rico sólo paga el 11,8% de sus ingresos en impuestos. Es decir los deciles más pobres pagan como porcentaje de su ingreso un 22% más de impuestos que el decil más rico.

En tales circunstancias, el debate sobre los impuestos para la reconstrucción es un desafío para el gobierno. Sobre si es capaz de seguir exigiéndole más a las víctimas, o transformar la ética bucanera de los grandes empresarios y el cómprame un peso para poner otro peso en una verdadera responsabilidad social, generando una carga pública equilibrada para que paguen los que efectivamente pueden pagar. Por ejemplo las grandes empresas mineras.