Nos parece que el proceso de reconstrucción que enfrentará Chile en los próximos meses, y años, a raíz de las consecuencias del terremoto será una prueba para los nuevos estándares de transparencia a los que aspira el país.
El primer año de vigencia la ley de transparencia en Chile significó un gran avance en nuestro país. Hoy nadie discute la importancia de contar con una legislación de estas características y un órgano autónomo, como el Consejo para la Transparencia, que haga cumplir estas normas.
Los avances han sido importantes, pero eso no nos debe impedir concentrarnos en aquellos aspectos que siguen pendientes y que es necesario abordar para que el acceso a la información pública sea una realidad en Chile y se extienda al conjunto de la población.
Existe un fuerte déficit de conocimiento sobre la ley de transparencia y los usos que la ciudadanía realiza de ella. Durante los primeros doce meses de funcionamiento de la ley, más de la mitad de las solicitudes recibidas por el Consejo de Transparencia fueron realizadas por hombres de la Región Metropolitana, entre 30 y 49 años. El 59% de las solicitudes fueron de personas con estudios de educación superior, lo que demuestra que quienes conocen y utilizan la ley de transparencia son un grupo minoritario del país.
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Gran parte de la sociedad desconoce la existencia de sus derechos ciudadanos, y sólo 20% sabe que existe una ley de transparencia que los beneficia. En el fondo, la mayoría de la gente no sabe qué exigir y el Estado tampoco se ha encargado de hacer una fuerte campaña de difusión sobre los nuevos derechos de los ciudadanos en materia de acceso a la información pública. La solución no parece fácil, estamos en una especie de círculo vicioso donde quienes tienen mayor nivel de educación e ingresos utilizan crecientemente la legislación y la mayoría de la población desconoce por completo estas normas.
Por otra parte, la institucionalidad recién creada comienza a dar muestra de estar siendo sobrepasada. La tramitación de solicitudes toma un largo tiempo, de hecho la espera promedio de los solicitantes de información pública es de aproximadamente cuatro meses para obtener una respuesta final, sin considerar el proceso judicial. Si además consideramos que el Consejo para la Transparencia también asumir tareas relacionadas con la protección de datos personales, la conclusión es evidente: es necesaria un fuerte reforzamiento de la actual institucionalidad.
Finalmente, nos parece que el proceso de reconstrucción que enfrentará Chile en los próximos meses, y años, a raíz de las consecuencias del terremoto será una prueba para los nuevos estándares de transparencia a los que aspira el país. La reconstrucción necesita de medidas e instituciones que certifiquen la transparencia, sobretodo en la asignación de recursos. Se estima que el costo total de la reconstrucción será de unos US$ 30.000 millones y que esté años el Fisco gastará más de US$ 4.000 millones en este ámbito. Los detalles de la ejecución de esta enorme inversión deben ser conocidos por la población, así como la adjudicación de obras y contratos de distintos proyectos.
Sólo si abordamos estos desafíos, seguiremos avanzado en el camino hacia el acceso a la información pública que iniciamos con la promulgación de la nueva legislación y la sociedad chilena podrá contar con los estándares de transparencia que crecientemente reclama.
