Señor Director:
El pasado 2 de junio, vía oficio Nº743, por segunda vez, el Gobierno Piñera retiró de Contraloría el decreto que permite la instalación del Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente, dejando congelada la nueva institucionalidad ambiental.
Esta acción viene a reiterar la realizada por la Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez el 15 de marzo, primer día de su mandato cuando retiro de contraloría los Decretos del Gobierno Bachelet que ponían en operación la nueva institucionalidad; Ambas acciones constituyen una clara señal política de que el gobierno Piñera, a pesar de su discurso del 21 de mayo no quiere hacer efectivos los avances en la institucionalidad ambiental.
La primera excusa de Benítez ante los ecologistas y parlamentarios, fue la imposibilidad de echar a andar la nueva institucionalidad, debido a los efectos del terremoto, las plantas institucionales y los presupuestos. La excusa entregada ayer a los senadores de la Comisión Mixta que ve el proyecto de Tribunales Ambientales, es que no habría legalidad oportuna para pagar el sueldo a los funcionarios de CONAMA. Primero fue la emergencia, ahora es la administrativa, pero en los hechos significan el retraso de un año en la instalación de la nueva institucionalidad, que el gobierno comprometió con el Congreso Nacional tener operativa durante el primer semestre, plazo que ya venció.
El actuar del gobierno Piñera, va en contra del Protocolo de Acuerdo entre la Alianza por Chile y la Concertación firmado en el Senado en octubre de 2009. Con estas acciones el discurso ambiental del presidente Piñera pierde toda credibilidad, y muestra una clara división de prioridades políticas entre la agenda de la Moneda, coordinada por el Instituto Libertad y la agenda de los ministerios, al parecer coordinados por el Instituto Libertad y Desarrollo.
En la misma línea de contradicciones hay que destacar el instructivo de la Ministra Benítez del 15 de marzo, para impedir la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental, derecho ciudadano que estaba vigente desde enero de 2010, con la promulgación de la nueva Ley. Y como si esto fuera poco, esta semana ha declarado que modificara, a solicitud de los empresarios termoeléctricos, la norma para material particulado fino 2,5 y la norma que limita las emisiones de gases contaminantes y metales pesados de las centrales termoeléctricas. Los anteproyectos de ambas normas fueron publicados en el diario oficial en septiembre y diciembre de 2009 respectivamente.
Así, los 100 días de Piñera concluyen con un grave retraso en la política ambiental y la amenaza a las reservas hídricas de los ríos Palena, Murta, Petrohué y Cochamó, y la desafectación del Parque Nacional del Lauca, para la explotación minera en la Región de Arica y Parinacota. Estas acciones son absolutamente contradictorias con el mejoramiento de los derechos ambientales de los chilenos y con los compromisos ambientales de Chile en los Tratados internacionales ambientales y con lo comprometido al ingresar a la OECD.
Sara Larraín
Directora de Chile Sustentable
