No porque el Estado no pueda forzar la alimentación de los huelguistas debe en vez someterse sin más a sus peticiones.
Las huelgas de hambre son una forma de protesta y presión más bien inusual en democracia: la manifestación callejera, la toma, el petitorio firmado e incluso las molotov nos son bastante más familiares. No es extraño por ende que en Chile la huelga de 34 comuneros mapuches haya generado debate no sólo respecto a la admisibilidad de sus demandas concretas, sino también sobre la legitimidad de las huelgas de hambre como mecanismo de presión y sobre los deberes del Estado cuando se ve enfrentado a una. Entre estos deberes, el de qué hacer cuando los huelguistas están al borde de la muerte -si alimentarlos contra su voluntad o dejarlos morir- ha estado al centro del debate a medida que nos acercamos peligrosamente a un desenlace fatal de este tipo.
¿Debe, pues, el Estado alimentar por la fuerza a huelguistas que están en peligro inminente de muerte? En última instancia, la respuesta depende de nuestra concepción de la vida como algo que debe depender sólo de la voluntad propia- en cuyo caso es renunciable- o si por el contrario el Estado tiene una obligación, anterior y superior a la voluntad individual, de preservar la vida, en cuyo caso la oposición del huelguista a ser alimentado no puede ser suficiente objeción. Esta es una pregunta difícil y personas razonables pueden estar (y están) en desacuerdo sobre este punto. No obstante, si nos tomamos en serio los derechos individuales frente al Estado -la doctrina fundante del liberalismo- debe otorgársele primacía a la voluntad individual cuando se trata de decidir sobre el destino de la propia vida.
[cita]No porque el Estado no pueda forzar la alimentación de los huelguistas debe en vez someterse sin más a sus peticiones.[/cita]
Muchas veces, se ha hecho el paralelo con casos de potenciales suicidas para explicar por qué el Estado tiene una obligación moral de prevenir la muerte. Así como al anoréxico grave o al que se quiere tirar de un edificio los tratamos de salvar de una decisión irreversible y literalmente fatal, así también debiéramos salvar a los huelguistas al borde de la muerte. Sin embargo, estos ejemplos ignoran la naturaleza específica y profundamente política del huelguista de hambre. En primer lugar, a diferencia de un suicida con depresión severa o de un anoréxico grave, es bastante más difícil argumentar convincentemente que el huelguista no es pleno dueño- al menos tanto como el promedio de los mortales- de sus facultades mentales y de su racionalidad. Por ende, la elección de realizar una huelga de hambre, lejos de estar condicionada por una enfermedad o un lapsus de racionalidad, supone un pleno ejercicio de la autonomía individual. ¿Bajo qué argumento se la violenta?
En segundo lugar, la huelga de hambre no es un acto privado, sino que público y político, ejecutado con el objetivo de lograr que el Estado cambie su actuar de algún modo. Por ende, que la contraparte del huelguista fuerce su alimentación, en rigor poniendo con ello fin a la huelga, es un acto no sólo de violencia sino que también de supresión de la manifestación política que la subyace. Es quitarle al huelguista su única arma: la amenaza de que morirá por su causa. Por mucho que reclame, que sufre y que adelgace, si al final del día sabemos con certeza que el Estado lo alimentará forzosamente y prevendrá la muerte, con toda probabilidad su causa o petición generará menos resonancia social y podrá ser tomada un poco menos en serio por el gobierno de turno. En el límite, forzar la alimentación de los huelguistas puede llegar a ser un acto de dominación: el Estado no sólo niega la petición del huelguista, sino también suprime su protesta y pasa por arriba de su voluntad de morir por su causa. La libertad política e individual del huelguista queda enteramente cancelada.
Por supuesto, no porque el Estado no pueda forzar la alimentación de los huelguistas debe en vez someterse sin más a sus peticiones. Al contrario: el ejercicio del poder conlleva responsabilidades difíciles, entre las cuales está el obrar por el bien superior del país incluso cuando ello implique tener cierta cuota de participación en la eventual muerte de los huelguistas (que siempre serán, en cualquier caso, los responsables principales y directos de sus muertes si persisten hasta el final). Es lo que Michael Walzer llamó el problema de las manos sucias, y es ineludible en política. Por ello, el gobierno debe obrar ante todo en justicia, aceptando las peticiones que sean compatibles con ésta y rechazando las que no lo son, incluso si ello deriva en falta de acuerdo y eventuales muertes.
Por último, no cabe duda que las obligaciones del Estado no se acaban en una consideración razonable de las peticiones de los huelguistas. En efecto, lejos de ser un Estado indiferente a la vida de sus ciudadanos, un Estado democrático y liberal debe tratar a todos sus ciudadanos con igualdad de consideración y respeto. Una huelga de hambre suele ser, de por sí, signo de que eso no logró hacerse por medio de los canales normales de la democracia. Es por ende su obligación última, en esta instancia extrema, hacer todo lo posible para prevenir la muerte. Por ello, debe a todas luces abstenerse de intentar silenciar el conflicto- pues no sólo el Estado sino que la sociedad entera se ve moralmente interpelada por una huelga de hambre- y además demostrar haber hecho todo lo posible, dentro de los límites de la justicia, por negociar, razonar, pedir, contraproponer y convencer a los huelguistas de desistir. Cualquier cosa menos sería un fracaso no sólo del gobierno de turno, sino de todo el sistema político democrático y de su promesa fundante de inclusión universal.
