Más allá de que su crítica parece más bien propia de funcionarios de organismos financieros internacionales del pasado y que se hace desde la derecha al Gobierno de Piñera, resulta preocupante que, en aras de defender su gestión gubernamental, Velasco y Arenas no relevan los problemas de fondo del Proyecto de Presupuesto 2011 del actual gobierno.
Andrés Velasco y Alberto Arenas, líderes del equipo económico del Gobierno anterior publicaron el viernes pasado un artículo en la revista Qué Pasa. Bajo el título “La insoportable laxitud del ser” proponen articular la oposición al Gobierno de Piñera desde la responsabilidad fiscal.
“Denuncian” que el gobierno de Piñera proyecta un déficit promedio para la administración de 0,88% del PIB. Afirman “qué contraste con el superávit promedio de 3,95% del PIB – el más alto de nuestra historia – legado por la Administración Bachelet”. Sobre esa base proponen la línea política para oposición: “Mírese por donde se mire, entonces, y de acuerdo con sus propias proyecciones, el gobierno de Sebastián Piñera ha optado por un camino fiscal mucho menos riguroso que el de Michelle Bachelet”. Por lo demás buscan demostrar que ese déficit no es culpa ni del terremoto, ni de las condiciones iniciales, ni de la economía ni de la metodología de medición para concluir, dejando en ascuas a los lectores, que “la mejor explicación es que no hay una buena explicación –o que las razones no son técnicas, sino de otro orden”. ¿Políticas?
El artículo causa estupor. Aunque un tanto críptico, el título puede interpretarse como expresión de que a los autores les molesta visceralmente el déficit fiscal. No parece preocuparles el uso y destino de los recursos, sino sólo que se incurra en un déficit.
[cita]El rechazo a realizar mayores inversiones en la educación y la salud asociado a graves conflictos con los grupos vinculados a esos sectores, fue decisivo en la derrota electoral.[/cita]
Ahora bien, ¿cuál es el interlocutor de los autores? Poco probable es que sean los sindicalistas tanto del sector público como privado, que enfrentaron ayer su intransigencia en el momento de la negociación, a nombre de la responsabilidad fiscal. Tampoco deben haber pensado en los adherentes de la antigua Concertación que los responsabilizan de la derrota por haber puesto los criterios presupuestarios al mando. Lo más probable es que los destinatarios del artículo sean quienes fueron sus principales interlocutores cuando los autores ocuparon puestos de gobierno: los empresarios.
Más allá de que su crítica parece más bien propia de funcionarios de organismos financieros internacionales del pasado y que se hace desde la derecha al Gobierno de Piñera, resulta preocupante que, en aras de defender su gestión gubernamental, no relevan los problemas de fondo del Proyecto de Presupuesto 2011 del actual gobierno.
En efecto, los dos personeros implícitamente quieren defender posturas cuestionables desde el punto de vista fiscal y político. Veamos primero lo fiscal. Durante su gestión y producto de los buenos precios de los productos de exportación, en particular el cobre, el Gobierno aseguró en los años 2006, 2007 y 2008, superávits por montos equivalentes al 7,9%; 8,4% y 4,3% del PIB respectivamente. Parte importante de estos recursos fueron dirigidos a la compra de activos financieros que en términos netos alcanzaron 5,9%; 7% y 4,1% como proporción del PIB en los años indicados. La decisión estuvo fundamentada, principalmente, por el temor que un incremento del gasto pudiera tener repercusiones macroeconómicas negativas y por la conveniencia de ahorrar, para enfrentar coyunturas económicas negativas futuras. La grave crisis financiera internacional y la consecuente crisis económica internacional vino, ex – post, a legitimar esta decisión.
No obstante respecto de esta política son importantes dos consideraciones, que deben tenerse en cuenta en la actual discusión presupuestaria: a) La compra de activos financieros fue equivalente a la suma de los presupuestos de educación y salud de los años 2006-2008 que sumados alcanzaron la cifra de 5,8%; 6,2% y 7,2% respectivamente. La grave situación que atravesaban y atraviesan ambos sectores plantea si era conveniente haber destinado parte de los recursos indicados, para acelerar el tranco en su mejoramiento. b) Si bien la política de superávit estructural representó una innovación para fortalecer el uso de la política fiscal como instrumento anticíclico, por su parte las decisiones respecto de la compra de activos financieros reflejaron la inexistencia de una estrategia y de conceptos en cuanto al óptimo manejo de situaciones de holgura fiscal en el marco de una política responsable.
Y desde el punto de vista político, el rechazo a realizar mayores inversiones en la educación y la salud (cabría agregar en desarrollo tecnológico y en general en el apoyo al crecimiento de la productividad) asociado a graves conflictos con los grupos vinculados a esos sectores, fue decisivo en la derrota electoral.
La fijación con el déficit y la falta de una revisión autocrítica de la política impulsada conduce a que los autores no analicen los problemas de fondo del proyecto de Presupuesto de Piñera.
Entre los más importantes cabe destacar los siguientes. En primer lugar la reducción de la importancia de la educación pública. El nuevo Presupuesto apunta a igualar la importancia asignada a la educación pública y privada, lo que implica un tratamiento desigual en perjuicio de la educación pública pues ella requiere un apoyo sustantivamente mayor debido a que atiende a los sectores más vulnerables. La pérdida de importancia de la educación pública implica proyectar hacia el futuro la construcción de un país de dos velocidades con baja cohesión social. Es probable que el deterioro relativo de la educación pública se mantenga, además, mientras que ésta siga en manos de las municipalidades -que, con pocas excepciones, son extremadamente débiles,- y no se priorice la subvención preferencial. Algo similar se puede afirmar respecto a la salud, donde la necesidad de terminar con las listas de espera, legitima la creciente compra de servicios al sector privado (a costos muy superiores de los que sería posible enfrentar si se hicieran las inversiones y los gastos de operación necesarios) y el deterioro relativo del sistema público de salud. En lo relativo al rol económico del Estado, la renuncia a que éste se la juegue a favor del desarrollo de nuevas ventajas competitivas, manteniéndose una política que no va más allá de agilizar trámites y flexibilizar el mercado laboral. En relación con el empleo público la mantención de la gran inestabilidad que caracteriza la situación de la mayoría de los funcionarios públicos y como contrapartida el aumento inusitado de los honorarios.
El artículo termina citando a un Profesor de Harvard quien señala: “Los Gobiernos de Centroizquierda a menudo tienen que limpiar los estropicios que dejan los gobiernos de Centroderecha”. El profesor tiene en mente las gestiones de Reagan y de ambos Bush, que aumentaron desmesuradamente el gasto militar y, simultáneamente, redujeron los impuestos a los sectores privilegiados de los Estados Unidos. Quizás los autores temen que la actual administración haga algo parecido. No obstante, pareciera más bien que los autores permanecen prisioneros de una visión bipolar respecto de la política fiscal: o prima la irresponsabilidad fiscal o se debe concentrar la atención en mantener un superávit, independiente de las condiciones económicas y sociales del país.
