De eso se trata la cultura de la transparencia, asumir que la información pública debe estar disponible y que quienes son responsables de administrarla lo hagan con la diligencia de quien debe entregarle a su dueño lo que legítimamente le pertenece.
Cuando entró en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, los discursos apuntaban a la necesidad de un cambio cultural en esta materia.
Desde entonces, hace un año y medio, muchas organizaciones de la sociedad civil hemos trabajado en torno a la implementación de la ley con la convicción de ese desafío mayor: promover y construir una “cultura de la transparencia”, la conciencia colectiva de que la información generada por el Estado nos pertenece a todas y todos.
Y si bien es cierto que el acceso a la información pública es un derecho en sí mismo y no necesitamos razones para ejercerlo, es tremendamente relevante tener presente que en la práctica permite ejercer otros: necesitamos información para participar, para acceder a subsidios de vivienda, o para saber cómo avanzar en la solución de una problemática específica.
[cita]De eso se trata la cultura de la transparencia, asumir que la información pública debe estar disponible y que quienes son responsables de administrarla lo hagan con la diligencia de quien debe entregarle a su dueño lo que legítimamente le pertenece.[/cita]
En la Corporación Participa, en el marco del proyecto Incide, Poder Ciudadano trabajamos diariamente con organizaciones sociales de base de diferentes regiones del país que ejercen el derecho de Acceso a la Información y de Participación como una herramienta necesaria para llevar adelante sus causas.
Son grupos que abordan temáticas diversas, ciudadanos y ciudadanas que se han organizado en torno a metas comunes y que en general se encuentran en situación de vulnerabilidad. Algunos ejemplos: en Arica, Lumbanga trabaja para lograr el reconocimiento de la etnia afrochilena, para lo cual es fundamental acceder a la argumentación a favor o en contra que se da en el Congreso; en la Población Gabriel González Videla de Santiago, vecinos y vecinas trabajan hace años en para obtener una solución definitiva a un grave problema con el alcantarillado, para lo cual necesitan conocer las disposiciones municipales sobre responsabilidades en la materia; en Talca Transgéneras por el Cambio trabaja arduamente en contra de la discriminación y el acceso a soluciones de vivienda, para lo cual necesitan conocer los recursos disponibles y criterios para su asignación… la lista es larga.
Estas y muchas otras organizaciones son un ejemplo de ciudadanía responsable y comprometida: se han capacitado, han aprendido sobre la ley de acceso y las herramientas que ella les otorga. Con paciencia y perseverancia utilizan las herramientas para obtener la información que les permite avanzar en sus causas, poniendo de paso en marcha el sistema, ayudando a visibilizar sus bondades y carencias.
Es así como cada vez que un servicio público no cumple con el deber de entregar información -y con los estándares que la ley establece- no sólo vulnera el derecho de Acceso a la Información, sino que pone nuevas barreras para que estas personas y comunidades ejerzan otros derechos y avancen en sus legítimas demandas. De eso se trata la cultura de la transparencia, asumir que la información pública debe estar disponible y que quienes son responsables de administrarla lo hagan con la diligencia de quien debe entregarle a su dueño lo que legítimamente le pertenece.
