En esta elección se encuentra en juego la participación del Colegio en la definición del contenido de importantes normas que regulan el quehacer jurídico, pero que también afectan directamente a todos los ciudadanos.
Esta semana, entre el 17 y 19 de mayo, se realizará una nueva elección en el Colegio de Abogados. En esta oportunidad deben renovarse nueve consejeros de los 19 que lo conforman. Hace cuatro años, Libertades Públicas decidió presentarse por primera vez a las elecciones de Consejeros Nacionales convencida de la necesidad de que éste dejara atrás el enfoque tradicional y doméstico con que hasta entonces había desempeñado su rol. Lo que más se echaba de menos en dicha época era una participación activa en aquellos asuntos que en nuestra opinión son relevantes en una sociedad democrática y que, sin embargo, no habían sido asumidos como una tarea propia por el Colegio.
Aquellas propuestas programáticas para las elecciones de los años 2007 y 2009 se centraron en la necesidad de reformar las anquilosadas normas que regulaban el ejercicio profesional y el procedimiento de reclamos por faltas a la ética, reclamar del Colegio una participación activa en la reforma a la organización de los tribunales y los procedimientos judiciales, y la defensa pública de la vigencia de los derechos fundamentales.
[cita]En esta elección se encuentra en juego la participación del Colegio en la definición del contenido de importantes normas que regulan el quehacer jurídico, pero que también afectan directamente a todos los ciudadanos[/cita]
Sin lugar a dudas, ellas tuvieron eco. El jueves recién pasado, y gracias al trabajo de todo el Consejo, se presentó un nuevo Código de Ética y un nuevo Procedimiento de Reclamos. Libertades Públicas lo recibió con orgullo al haber instalado y promovido estos temas, que constituyen el mayor éxito del saliente Consejo.
Hoy enfrentamos una nueva elección para la renovación de parte importante del Consejo y aún queda mucho por hacer. Seguimos convencidos que el Colegio debe contribuir a la formación y consolidación de una cultura cívica de respeto por los derechos fundamentales. Entendemos que el Colegio debe involucrarse en aquellos asuntos de interés público donde se encuentre comprometida su vigencia, reafirmando así el compromiso de los abogados con los principios básicos de justicia política.
En tal sentido, la reforma procesal civil y la iniciativa de la Asociación Nacional de Magistrados y el Instituto de Estudios Judiciales en torno al Foro de Modernización Judicial reclaman de forma urgente una participación decidida del Colegio. Se trata de materias directamente relevantes para nuestro desempeño, debiendo el Colegio de Abogados tener un punto de vista respecto de la institucionalidad del gobierno judicial.
Asimismo, en materia de tuición ética, más allá de los desafíos que hoy enfrenta el Colegio en la implementación de los nuevos Tribunales de Ética y consolidación de la práctica del nuevo procedimiento de reclamos, consideramos necesario que el Colegio asuma un rol mucho más activo en el control ético del ejercicio profesional de todos los abogados, impulsando el proyecto de ley de Colegios Profesionales y ofreciendo, entretanto, asesoría profesional gratuita a los clientes afectados por el indebido ejercicio profesional de abogadas y abogados no colegiados, ante los tribunales de justicia.
En suma, en esta elección se encuentra en juego la participación del Colegio en la definición del contenido de importantes normas que regulan el quehacer jurídico, pero que también afectan directamente a todos los ciudadanos.
