De todos los parlamentarios de la derecha, tengo un particular respeto por Gonzalo Arenas, el único Diputado de la UDI que se empeña en mostrar alguna sensibilidad por la causa indígena, por cierto desde su particular mirada y sus opiniones contrastan con la visión de sus colegas conservadores. El 16 de mayo 2011 ha escrito en este medio de prensa un artículo señalando “la importancia de la consulta indígena sobre una nueva institucionalidad para nuestros Pueblos Originarios”. Básicamente destaca el proyecto de reforma constitucional para otorgar pleno reconocimiento a los indígenas de Chile, el cambio de la actual Conadi a una Agencia para el Desarrollo Indígena , la constitución de un Consejo Nacional Indígena y los mecanismos de consulta indígena para nuevos procesos consultivos.
El parlamentario se esfuerza en demostrar que esta consulta impulsada por el actual Gobierno es de mucha trascendencia y que sus resultados son fundamentales para estos temas y sus proyecciones. Lo que el Diputado pareciera omitir o ignorar es que sobre estos temas ya se realizó una primera consulta amplia en el año 2009 sobre reforma constitucional, consejo de pueblos indígenas y representación indígena en el parlamento en el marco de las tareas de la entonces Comisión Presidencial Indígena coordinada por Rodrigo Egaña. Las conclusiones respecto del reconocimiento constitucional se enviaron al Senado. Los resultados respecto del Consejo de Pueblos fueron incorporados en un proyecto de Ley que la Presidenta Bachelet entregó al Parlamento antes de concluir su mandato. Quedaron pendientes las fórmulas respecto de la representación indígena en el Congreso y el tema del Ministerio Indígena quedó a medio camino.
Lo más importante ahora es que el parlamentario omite considerar otro hecho fundamental: en el actual Gobierno no hay política indígena. Lo dice El Mercurio, en su editorial del domingo 15 de mayo al abordar el análisis sobre la compra de tierras. Un segundo elemento de análisis es que el actual Gobierno pretende efectuar un proceso de consulta simultánea sobre cuatro grandes temas nacionales, que afectan a los Pueblos Indígenas de Chile, en un espacio de tiempo limitado. Finalmente, el informe de conclusiones estaría listo para fines del 2011. En consecuencia, debiéramos pensar que las nuevas políticas indígenas, (las que ya fueron formuladas por la Presidenta Bachelet) comenzarían a ser implementadas a partir del año 2012 y con suerte, estarían en plena ejecución al concluir el actual Gobierno. Todo en cuatro años….
[cita]El parlamentario omite considerar un hecho fundamental: en el actual Gobierno no hay política indígena. Un segundo elemento es que el actual Gobierno pretende efectuar un proceso de consulta simultánea sobre cuatro grandes temas nacionales, que afectan a los Pueblos Indígenas de Chile, en un espacio de tiempo limitado[/cita]
¿Porqué el Gobierno conservador no llevó a cabo los compromisos que la Presidenta Bachelet dejó instalados formalmente en el Congreso en enero del 2010?. ¿Porqué la Conadi devolvió al Ministerio de Hacienda, como dice El Mercurio, M$ 33 mil millones de pesos en el 2010 destinados a la compra de tierras para comunidades indígenas?. En cierto modo, el terremoto del 27 de febrero implicó nuevas y urgentes prioridades a lo menos hasta el tercer trimestre de ese año. Pero en octubre del 2010, y en el marco de cierre de la primera huelga de hambre de presos mapuches, el Presidente Piñera anunció en Pucón un paquete de reformas y de políticas indígenas ¡e incluso señaló un plazo de tres a cuatro meses para tener todo cumplido!. Esto es en marzo del 2011. ¿Qué avances han habido?. Nada. Salvo el anuncio reciente del Ministro Kast de adquirir unas modestas 1.000 has para una comunidad indígena. ¿ ¡1.000 has de tierras en 14 meses!?….
La relación de nuestros Pueblos Originarios con el Estado y particularmente con el actual Gobierno pasa por una etapa de profunda distancia y desconfianza. El punto de conflicto principal radica en la prolongada segunda huelga de hambre de presos mapuches condenados de manera desproporcionada por la aplicación de la Ley Antiterrorista. Este tema estará presente en el contexto del 21 de mayo y alcanzará ribetes nacionales e internacionales de mayor envergadura si la huelga se extiende y, eventualmente, se produjese alguna situación desafortunada. Es claro que en este clima los indígenas no están para consultas. Lo que se quiere es que el Gobierno cumpla los compromisos contraídos por el Estado. Esto es: hay comunidades cuya compra de tierras estaba formalmente programada para el año 2010 en una cantidad estimada en alrededor de 45.000 has. La Presidenta Bachelet dejó encaminado el proceso de compras y en el año 2010 no hubo compra de tierras. Esos son los hechos. Y lo segundo es que los proyectos que el Diputado Arenas destaca como relevantes (y de verdad lo son) ya fueron pensados y trabajados con la Presidenta Bachelet y debieron haber sido desarrollados el año pasado. En suma: el Gobierno no tiene autoría en política indígena actual.
