Cuando escuchaba el clamor, lacrimógeno a ratos, de algunas autoridades del Consejo de Rectores (CRUCH) por aumentar el gasto público a las universidades, me asaltaron dos preguntas que no pude ver respondidas en ninguna discusión posterior.
1. ¿Será cierto que el Estado está gastando menos en educación superior hoy?
2. ¿Es el aumento del subsidio a las universidades una buena idea?
Respecto de la primera pregunta, sabía que el gasto público total venía expandiéndose sobre el crecimiento del PGB durante el último quinquenio, pero necesitaba verificar cómo los discursos por fortalecer la educación se habían traducido en aportes a la educación superior.
En el estudio más reciente y completo en el tema, los números hablan solos:
-En moneda de igual valor, el aporte fiscal para educación superior se duplicó entre 2006-2010 ($393.144 millones en 2006 a un presupuesto de $788.360 millones en 2010, moneda de 2010).
-Dicha expansión (19% real anual) es más veloz que la del aporte total (11,6% real anual). En 2010 el aporte fiscal para educación superior representaba un 17,6% del gasto público en educación, cuatro puntos más que en 2006.
-En aporte fiscal directo (AFD)- al que solo tienen acceso las universidades amparadas por el CRUCH-, estas recibieron 5% real más en 2010 respecto a 2006; el 95% de los recursos se asignan sobre la base de mera inercia histórica, sin evaluación de mérito.
Por tanto, el Estado gasta hoy más en educación superior. Más, no solo en términos absolutos sino más en proporción al, a su vez creciente, gasto total en educación en 2006.
Respecto de la otra pregunta -¿será deseable seguir inflando el gasto con destino a universidades?- lo primero que recordé fue esa frase que leí esparcida en twitter: “el partido (de la equidad) se juega en la educación pre-escolar y básica; la universitaria es nada más que un alargue”. La máxima es de Mario Waissbluth y, en el lenguaje de economía de la educación, se lee como el reconocimiento de que la rentabilidad privada de entrar a la universidad es todavía mucho más alta que la rentabilidad social.
Cuando el pecado original que dificulta la igualdad de oportunidades está en las diferencias de capital social entre cada niño, ceder a presiones por aumentar gasto público en jóvenes universitarios, atenta, o al menos distrae, los esfuerzos por invertir en destinos de gasto público socialmente más rentables.
Si me dejaran, contestaría la segunda pregunta así: dada nuestra distribución de ingreso, habría que ser muy impúdico para usar plata pública mandando tenistas al rancho de Nick Bolletieri si, con los mismos pesos, puedo equipar cientos de niños futbolistas en Cunco Chico y sus alrededores.
Si la sociedad le dice a nuestro aspirante universitario que matricularse es un negocio imperdible, el incentivo de futura renta es, en general y con excepción de las carreras “truchas”, lo suficientemente fuerte como para evitar dar subsidios.
En cambio, vale más privilegiar el acceso ordenado a un buen sistema de créditos no discriminatorios. Los regalos fiscales mejor concentrarlos en los niños, que en educación remedial de jóvenes de base precaria.
Una excepción fácil de justificar son los subsidios a la admisión de buenos alumnos a las escuelas universitarias de pedagogía. Claramente allí, el objetivo último y principal es mejorar la calidad de la formación en la enseñanza básica.
El acceso al crédito universitario existe hoy, operando a la sombra de una discriminación injustificable.
Por un lado, tasas subsidiadas (UF+2%) para estudiantes de las universidades CRUCH; para el resto, tasas más altas (ente UF+5.9 y UF+6,1%); y con cero acceso, los alumnos de instituciones de formación técnico-profesional, a merced entonces de las predatorias tasas de los créditos de consumo.
Un estudio calculó en 60% el regalo estatal implícito en el crédito subsidiado al que acceden los universitarios amparados por el CRUCH. A la discriminación se suma una pésima gestión de cobranza. El CRUCH está recuperando menos del 40% de lo prestado.
A su turno, las universidades no-CRUCH deben responder como avales por todo préstamo que corresponda a alumnos que deserten de sus carreras. Esto genera un incentivo perverso: si la universidad baja sus estándares académicos, sube su chance de hacer egresar alumnos y traspasar así la papa caliente al Estado para que sea éste quien avale al deudor riesgoso.
En realidad, la discriminación a los estudiantes es el reflejo del desequilibrio más general. Como lo destacaron la OECD y el Banco Mundial el año pasado, la política pública favorece abiertamente a las entidades del CRUCH, excluyendo así al resto donde estudia casi el 70% de los estudiantes que acceden a alguna forma de enseñanza superior.
En suma, pocos motivos para lagrimear por aumentar aún más los aportes remediales a las universidades. Muchos para corregir discriminaciones hacia estudiantes y entidades terciarias no-CRUCH.
Y, final pero principal: no olvidar que la prioridad de gasto público en educación deberá estar por mucho tiempo en las escuelas básicas, los jardines infantiles y las salas cunas.
(*) Texto publicado en El Post.cl
