Lo expresó una dirigenta estudiantil hace algunos días. “Queríamos escuchar a Camila Vallejos, pero la televisión sólo mostró desmanes.¡Y nosotros en Coyhaique no pudimos conocer su mensaje!”
Su sencillo reclamo apuntó directo al corazón de la eterna discusión sobre el rol de los medios de comunicación. Esas lejanas y omnipotentes instituciones que predican desde un inalcanzable púlpito pero a cuyos controladores los mueven terrenas motivaciones. Ese Cuarto Poder que en la cátedra tiene un rol social, pero que en la realidad, en demasiadas oportunidades, hace lo que más conviene a intereses distintos de los colectivos.
Recuerdo hace algunos años cuando la prensa se alzó como el gran fiscalizador. El gobierno de turno, las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica nada podían hacer contra los entrometidos periodistas que todo lo escudriñaban, que todo lo sabían, que todo lo develaban. Eran nuestro escudo contra los fácticos de siempre, en esos primeros años de retorno a la democracia.
Pero el poder absoluto siempre ha sido y es un riesgo. Al alzarse la prensa como el Catón de la modernidad, la lógica pregunta era… ¿y quién los fiscaliza a ellos? La protección entre iguales siempre ha sido una humana tendencia y ¡ay de aquél ingenuo que ose cuestionar a la prensa, que sufrirá las penas del infierno escritas en papel o lanzadas al aire!
A pesar del tétrico escenario, hoy algo está cambiando. La ciudadanía ya no acepta que los medios ejerzan a su arbitrio en sus informativos o en su publicidad. Hoy se cuestionan sus contenidos no sólo mediante los métodos del mercado: el control remoto, el dial o la billetera.
Un claro ejemplo ha sido la respuesta a la ofensiva comunicacional de HidroAysén y los medios proclives al proyecto, donde la ciudadanía ha apelado a la propia institucionalidad para exigir información y publicidad de calidad.
A raíz de la cobertura de El Mercurio sobre la publicación de correos, teléfonos y mails institucionales de los miembros de la Comisión de Evaluación Ambiental regional, previo a la aprobación de HidroAysén, el 28 de abril presenté una denuncia ante el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social por tergiversación de hechos y omisión de información relevante. Esto debido a que recurrentemente El Mercurio consignó intencionadamente que se trataba de información personal –no institucional- y dirigió la cobertura hacia la criminalización del movimiento titulando incluso una tendenciosa crónica como“¿Terrorismo medioambiental?”
El 24 de junio el organismo acogió la denuncia y desde tal fecha el director de El Mercurio tiene 10 días hábiles para formular sus descargos. Una queja similar ingresé ante el Colegio de Periodistas por la participación de colegas, la que tramita hoy el Tribunal de Ética del Consejo Regional Aysén.
La famosa frase “¿Usted cree que a los santiaguinos las preocupa la salud en la Región de Aysén?” publicada en medios regionales gatilló a mediados de junio otro requerimiento, esta vez por parte de Acción Ecológica ante el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, por infracción al Código de Ética Publicitaria que señala que «los mensajes publicitarios no deberán denigrar ni menospreciar a personas o grupos». Luego de acoger la denuncia, el organismo ofició a Daniel Fernández de HidroAysén y Roberto Cuadros de la Agencia de Publicidad Marcas & Conceptos S.A. para que respondan sobre la acusación.
Y, por último, los diputados DC Gabriel Silber, Gabriel Ascencio y José Ortiz enviaron al CNTV una carta por la publicidad de HidroAysén en TVN que “suponemos por razones comerciales, colabora con la empresa cuestionada, transmitiendo, suponemos, costosos avisos, desinformando a la población”. Su preocupación alude al rechazo ciudadano generalizado y las ilegalidades denunciadas en la tramitación de la iniciativa, señalando que “si las actuales autoridades del canal no logran discriminar entre los contenidos, no sólo de su programación, sino también de su avisaje tendencioso, entonces su rol debe ser revisado pues, sin ninguna duda, no es ese el espíritu que anima la idea de un medio de comunicación público, al servicio de todos los chilenos”.
Los ciudadanos han debido recurrir a estas instancias porque en Chile la mayoría de los medios no cuenta con procedimientos para que sus clientes (o usuarios al entender la información como un servicio) hagan sus descargos más allá de una breve carta al director. En otros países es la figura del defensor del lector el cable a tierra de toda empresa periodística cuando ésta se obnubila con el poder y deja de ejercer el rol social que la sociedad le delega.
Pero todo esto sólo es válido en el entendido de que la información (e incluso la publicidad) debe regirse por normas de interés colectivo y no sólo de mercado. Porque la libertad de expresión es un derecho, pero un derecho que es necesario compatibilizar con el acceso ciudadano a la buena información.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
