Gobernar es difícil, porque el principal requisito para hacerlo bien es ejercer la autoridad. El candidato puede sonreírle a todo el mundo y decirles a todos que sí, pero cuando se convierte en gobernante no puede seguir en campaña electoral y debe hacer valer su autoridad y velar por el respeto a las leyes. Si continúa comportándose como candidato, el país se le va a ir de las manos.
Y en estos días el país se le está yendo de las manos al Gobierno. Hay ilegalidad y violencia en demasiadas partes, porque no hay autoridad. Y se prueba una y otra vez que atropellando la ley se consigue cualquier cosa.
Ahora hay una costosa huelga ilegal en la mina de cobre más importante del país, Escondida. El Gobierno dice que se trata de una empresa privada y por eso no va a intervenir, pero el problema no es privado sino público, pues se ha atropellado la ley y se ha hecho uso de la fuerza ilícita, y eso nunca ha sido un problema privado. Con el agravante de que en la empresa minera estatal, Codelco, comienza a gestarse otro movimiento huelguístico, también ilegal, en apoyo del primero.
Días atrás los pobladores de Dichato ejercieron violencia extrema y consiguieron una solución. ¿Es esto un buen ejemplo para los demás chilenos que aspiran a conseguir algo del Gobierno?
El movimiento terrorista que opera en el sur ha perpetrado su atentado número 110 contra la familia Urban. Hay carabineros heridos a bala por los terroristas. Se puede asegurar que habrá más, porque los policías sólo pueden responder el fuego terrorista con balines de goma y bombas lacrimógenas. Al ver esto, el agricultor Seitz, de la misma zona, que ha sido ya víctima de atentados y robos, advierte que él va a repeler los ataques con sus propias armas de fuego. ¿No era evidente que esto iba a suceder? Si el Gobierno no es capaz de imponer la legalidad, la gente honrada se ve obligada a tomar la defensa de la ley en sus propias manos.
Los estudiantes han ocupado por la fuerza colegios y universidades. En los primeros se va a perder, al parecer, el año escolar. ¿Y la autoridad? No hace nada. Ofreció cuatro mil millones de dólares y ello no sirvió de nada, pues las clases no se han reanudado. ¿Cómo puede ser que los alumnos que quieren asistir a clases no puedan hacerlo y tengan que perder el año porque el Gobierno no es capaz de ejercer sus atribuciones legales?
Ya en Magallanes la autoridad echó pie atrás en una iniciativa completamente justificada, como lo es la de que los habitantes de la zona paguen algo aproximadamente parecido a un precio razonable por el gas que consumen. El Ministro de Energía debió renunciar por impulsar esa justa medida. El precio del gas en esa zona es la novena parte del de Santiago. Eso se traduce en un consumo abusivo. En invierno las casas de Punta Arenas se vuelan de calor. Claro, porque el gas está demasiado barato. Todo eso conduce a una encrucijada, pues un precio tan bajo conducirá fatalmente a la escasez. Y todo porque el Gobierno no fue capaz de imponer su autoridad para que el gas allá tuviera un precio justo, se consumiera menos y se crearan incentivos para un mayor abastecimeiento.
El déficit del Transantiago será eterno si no se consigue que quienes hoy eluden el pago del pasaje comiencen a pagarlo. Pero eso exige imponer la disciplina, aunque sea a la fuerza. Impopular, por supuesto, pero de otra manera nunca se va a solucionar el problema y el mal ejemplo cundirá.
Ya vimos que en Isla de Pascua un inversionista privado fue víctima de una «toma» ilegal. Ante la falta de energía del Gobierno para defender el derecho de propiedad, tuvo que entrar en una transacción que le implicará perder su inversión dentro de un plazo de 30 años. Si ese inversionista hubiera sabido eso, seguramente no habría hecho el millonario desembolso. Pero creyó que en Chile regían las leyes.
Entonces no le busquemos «la quinta pata al gato» para saber por qué hay tantos desmanes, paralizaciones, «tomas» y protestas violentas. No es que la gente esté «indignada»; es porque se ha dado cuenta de que se puede conseguir cosas atropellando las leyes y eso queda en la impunidad.
El desorden generalizado no es, pues, un signo de los tiempos, sino la consecuencia lógica y necesaria de la falta de autoridad.
