Resulta del todo indecente, desviar la discusión sobre si es lícito o legítimo lucrar con la entrega de servicios educativos, ya que decencia según la RAE es “dignidad en los actos y en las palabras, conforme al estado o calidad de las personas”. Debemos preguntarnos entonces, qué es una educación digna, conforme al estado de nuestros compatriotas, particularmente de aquellos que tienen menos recursos económicos.
Chile se caracteriza por ser un país muy legalista. Antes de tener cancha, pelotas y camisetas, ya tenemos formado el club. Muchas veces tenemos leyes que no son producto de acuerdos sociales amplios y por ello pierden legitimidad pero no legalidad.
Así, le torcemos la nariz a la realidad y hemos sido ingeniosos para no nombrar las cosas por su nombre pero hacerlas igual, inclusive a costa de la mentira. Esto fue lo que sucedió durante décadas en Chile: dos personas que querían separarse y lograr un divorcio vincular, tenían que utilizar una “mentira institucionalizada» utilizando una causal de la nulidad matrimonial, para la cual un par de testigos mentía respecto del domicilio de uno de los contrayentes y con eso lograba la soltería.
[cita] Resulta del todo indecente, desviar la discusión sobre si es lícito o legítimo lucrar con la entrega de servicios educativos, ya que decencia según la RAE es “dignidad en los actos y en las palabras, conforme al estado o calidad de las personas”. Debemos preguntarnos entonces, qué es una educación digna, conforme al estado de nuestros compatriotas, particularmente de aquellos que tienen menos recursos económicos.[/cita]
A partir de la implementación de la reforma educacional llevada a cabo bajo el régimen militar, a través de la ex LOCE y vigente desde ese entonces en la materia, ha pasado algo similar. En la educación superior se estableció en el artículo 34 que las instituciones de educación superior serían siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro. Sin embargo, muchas, a través de figuras tan impresentables como la nulidad de matrimonio ya comentada, formaron inmobiliarias y sociedades de servicios que arriendan propiedades a las casas de estudio a precios exorbitantes, a través de los cuales retiran utilidades del servicio educacional que prestan. Como sociedad hemos mercantilizado la educación impidiendo una experiencia común de integración, lo que nos deshumaniza y daña.
Ante todo esto, hay algunos temas críticos en los cuales detenerse. Rectores de universidades privadas que han argumentado que ha sido lícito el lucro “en la prestación de servicios educativos”, pues lo mismo sucede con la salud, los alimentos, la luz y otros bienes básicos para el ser humano. Dicha argumentación, a nuestro juicio, es absolutamente impertinente, porque lo que está al centro de la discusión iniciada por los estudiantes, es el derecho a la educación. Este es el verdadero problema del país, la garantía al acceso, calidad y exigibilidad de un derecho establecido por la propia LOCE.
Así las cosas, resulta del todo indecente, desviar la discusión sobre si es lícito o legítimo lucrar con la entrega de servicios educativos, ya que decencia según la RAE es “dignidad en los actos y en las palabras, conforme al estado o calidad de las personas”. Debemos preguntarnos entonces, qué es una educación digna, conforme al estado de nuestros compatriotas, particularmente de aquellos que tienen menos recursos económicos.
Puesto así, el Estado debe ocuparse por garantizar la financiación del acceso y la calidad de los servicios educativos. Ello pareciera ser lo que hoy día en nuestro país nos pide la decencia. Discutir si es legítimo o no el lucro, resulta secundario a la discusión principal.
Debemos discutir si la educación puede y debe ser gratuita para todos, de dónde saldrán los recursos necesarios para el financiamiento de la educación. Ello permitirá reponer, entre otros, temas tabú como una reforma tributaria, o el copago, si es razonable que en un país con la gran desigualdad que sufre el nuestro, los alumnos provenientes del 20% más rico puedan pagar por su educación. Estos temas aparecen como los centrales en materia de sostenibilidad futura de la educación. El sistema actual no está respetando el derecho a la educación tanto en sus aspectos de acceso como de calidad, por ello debemos concentrarnos en resolver cómo la financiamos, quiénes y cómo aportan. Quienes han lucrado a través de resquicios y quieren lucrar, debieran ordenar sus intereses al bien común.
