Valdría la pena, entonces, no seguir parchando el sistema y pensar seriamente en sustituir a los organismos que en la actualidad brindan protección a los trabajadores en la materia, por una solución que sea independiente del seguro de salud, que sea única y la misma para cualquier tipo de previsión de salud que tenga el cotizante.
Al día de hoy, dos iniciativas relativas a licencias por enfermedad común (aquellas que no son producidas en el trabajo o con ocasión del mismo) se abren paso con buen éxito en el Parlamento, en calidad de proyectos de ley.
La más antigua, post denuncias del ex Superintendente Elizalde, apunta al fraude que acometen médicos que aparentemente han hecho de la provisión de licencias falsas un lucrativo negocio. El proyecto fue elaborado durante la gestión terminal de la Presidenta Bachelet y del Ministro Erazo y el modelo estadístico de la denuncia original se ha seguido reproduciendo todos los años, para echar aire al fuego de la caldera donde el proyecto de ley se cuece.
La segunda, una sorpresa, cae en la cámara hace un par de meses con el propósito de hacer del FONASA una suerte de ISAPRE que controla el uso de las licencias por parte de sus cotizantes, reemplazando a las COMPIN. Es decir, el denominado modelo de “juez y parte” de los seguros previsionales privados de salud es extrapolado al seguro público, siguiendo la línea de los “incentivos correctos” que tanto entusiasmo provocaba en su momento a algunos economistas de la Concertación.
[cita]Valdría la pena, entonces, no seguir parchando el sistema y pensar seriamente en sustituir a los organismos que en la actualidad brindan protección a los trabajadores en la materia, por una solución que sea independiente del seguro de salud, que sea única y la misma para cualquier tipo de previsión de salud que tenga el cotizante.[/cita]
Si bien ambos proyectos apuntan a problemas reales (el fraude y la falta de control, en particular en el caso de FONASA), la mala noticia es que ambos proyectos son un nuevo remendado a un sistema que ya no se sostiene por razones más profundas y diversas que las dos que se abordan en esta nueva “vuelta de tuerca”. Y, por qué no decirlo, uno de estos proyectos traerá además externalidades negativas que, más allá del evidente deseo de los gestores de ir por la presa, no han sido correctamente dimensionadas.
Al fraude, las penas del infierno (o su equivalente actualizado, ¡todo el rigor de la Ley!), en eso estamos todos de acuerdo. Pero el fraude representa apenas un pequeño espacio dentro de la laxitud general que se aprecia en el sistema. No son las licencias transadas en negros mercados, sino la inmensa mayoría de ellas, muchas veces verdaderamente asociadas a eventos de enfermedad, donde un par de días de más suman a la gran masa de gasto en una sociedad que entiende que hay aquí un recurso disponible para resolver problemas cotidianos de diversa índole y que hacerlo así no es ilegítimo. Y hay más cosas. Piense en los médicos resistiéndose a la solicitud de su paciente de alargar dos o tres días la licencia para alcanzar un total de once y que así no le descuenten los tres –ahora quizás dos- primeros. O en los pacientes que requiriendo reposo como medida terapéutica básica, rechazarán la licencia para evitar esos descuentos, contagiando a sus compañeros de trabajo. O en aquellos pacientes que se quejarán de dolor lumbar en forma inveterada, sin que existan medios que permitan al médico tratante corroborar o descartar el diagnóstico. O en aquellos que permanecerán en reposo mucho más allá de lo razonable mientras esperan que corra la lista de espera para resolver el problema de salud que les aqueja.
Y agregue a lo anterior los vacíos de la seguridad social que las licencias han venido a rellenar en Chile: patología laboral subnotificada, protección insuficiente frente a pérdida del empleo, limitaciones para transformar en Chile la invalidez transitoria en invalidez permanente. Y por último, si bien el ausentismo laboral sí importa, sume también las nuevas formas de “moral hazard” que involucran a empleadores (faenas con alta estacionalidad), dado que un tercero es el que paga la cuenta. Por último, considere un sistema donde la gobernabilidad del mismo está distribuida entre distintos ministerios y agencias dependientes de los mismos y la norma se ha tornado definitivamente engorrosa, inequitativa e ineficaz. Es decir, estamos frente a un problema social complejo.
Y ahora se nos viene encima el modelo de “juez y parte”. Cuidado con él. Este modelo que hoy existe en las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) es rechazado profundamente por la gran mayoría de los médicos, actores principales del sistema y también por los pacientes. Y ha sido costoso para las ISAPRE, a pesar de que han logrado contener el gasto, porque el costo no ha sido en “efectivo”, sino en imagen. En efecto, si hay algo que ha comprometido la imagen de las ISAPRE en la comunidad ha sido el enorme esfuerzo de control que éstas realizan sobre el uso de las licencias médicas que sus clientes hacen y sobre los médicos que las extienden, en consideración a que ese mismo control redunda en mejores resultados económicos y a que se realiza muchas veces de manera gruesa, traspasando el “peso de la prueba” a los clientes. Aunque no es el único factor, éste ha impedido generar y clausurar entre cotizantes y sus seguros –las ISAPRE- un vínculo en que los primeros experimenten la sensación de estar adscritos a un sistema que los protege frente a los eventos de enfermar. Y FONASA, ahora, se mueve en la misma dirección.
Ni hablar del despliegue de recursos, de buena información y de capacidad de gestión que se requerirá tener para hacer bien la tarea, recursos, información y capacidad de gestión que no estuvieron disponibles, por lo demás, durante la vida útil de las COMPIN como contralores y cuyos referentes son los recursos que se utilizan precisamente en las contralorías de las ISAPRE, que son cuantiosos. ¿Imaginará la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de qué se trata esto?
Valdría la pena, entonces, no seguir parchando el sistema y pensar seriamente en sustituir a los organismos que en la actualidad brindan protección a los trabajadores en la materia, por una solución que sea independiente del seguro de salud, que sea única y la misma para cualquier tipo de previsión de salud que tenga el cotizante y que involucre fuertemente a los interesados –seguros, trabajadores y empleadores- en la preocupación por el cuidado del sistema. Para la administración y control del mismo, sería necesario crear un ente especializado que sea efectivo en la tramitación de las licencias, eficiente en la gestión, transparente en su proceder y permanentemente fiscalizado. Pero tal parece que estamos llegando tarde y que habrá que esperar otro par de años hasta que se abra una nueva oportunidad.
