Unos pocos, a quienes hemos delegado el poder, controlan el destino de nuestras instituciones y aquello tiene que cambiar. Requerimos, entonces, transferir poder a la ciudadanía de modo que sea ella la que tenga la última palabra respecto del diseño constitucional que queremos implementar. Así, la ratificación de un nuevo pacto constitucional es esencial para posibilitar una reforma de la magnitud que se plantea.
Dejemos de lado por un momento el revuelo político provocado por la propuesta RN-PDC. Centrémonos en el contenido de la misma, en sus premisas y recomendaciones. Encontraremos que es un documento que apuesta por la moderación, por la prudencia. No digo que sea una mala propuesta. Muy por el contrario, sin duda que ella atiende muy importantes aspectos de la vida democrática. Pero, intentaré probar que deja fuera otros aspectos que considero fundamentales, esenciales en la distribución de poder político y social.
El documento contiene tres proposiciones: la necesidad de fortalecer las instituciones representativas disminuyendo el presidencialismo exacerbado; la recomendación de fortalecer los partidos políticos; y el reto de estimular la participación ciudadana. Todo aquello bajo el entendido que debemos atender simultáneamente a la gobernabilidad y la representatividad.
Las propuestas específicas concentran su atención en cuatro áreas de reforma: establecimiento de un nuevo régimen de carácter semipresidencial; democratización del gobierno regional y municipal; establecimiento de un sistema electoral proporcional corregido; y fortalecimiento de la calidad de la política a través de variados mecanismos asociados al límite en los cargos de elección popular, financiamiento público, transparencia y democracia interna de los partidos.
[cita]La propuesta RN-PDC recuerda mucho el pacto liberal-conservador del siglo XIX que buscaba remediar algunas enfermedades de la antigua República. Recuerda también al acuerdo Concertacionista-aliancista que reformó parcialmente la Constitución de Pinochet en 1989 y 2005. Se trata de un programa que apuesta por alterar parcialmente el balance de poder entre Ejecutivo y Legislativo, pero que no cuestiona en lo más mínimo la distribución de poder en la sociedad. Una agenda en definitiva moderada, cauta. Podríamos decir, una propuesta conservadora.[/cita]
Gran parte de estas propuestas o están siendo discutidas en el Congreso Nacional o se encuentran plasmadas en intentos de reforma fracasados en años pasados. Pero ello no la hace menos meritoria. Su virtud es sin duda quienes la firman. RN y el PDC consideran esta reforma como “una tarea esencialmente patriótica”. Los dos pasos más innovadores son avanzar hacia un semi-presidencialismo y establecer un nuevo sistema electoral.
Sin embargo, la propuesta opta por la moderación. La considero así por cuanto no alterará sustancialmente las relaciones de poder en la sociedad. Es decir, la propuesta ajustaría nuestras instituciones representativas, pero no necesariamente ello quiere decir que la distribución del poder en la sociedad será más justa.
Existen tres áreas sensibles que no merecieron la atención de sus autores. La primera se refiere a las desiguales condiciones de competencia de los pocos que concentran muchos recursos, y los muchos que cuentan con escasos recursos para hacer valer sus perspectivas. Un nuevo régimen político requiere como pre-condición la modificación de la escandalosa relación entre dinero y política. Ello implica cambiar la ley de financiamiento electoral, aprobar una ley de lobby, y regular más estrictamente los conflictos de interés, entre otros.
Segundo, un nuevo régimen político necesita establecer un equilibrio diferente entre mayorías y minorías. Hoy existe una gran concentración de normas orgánicas constitucionales que requieren altos quórum para su modificación. Todavía más, el Congreso Nacional podría establecer un acuerdo y modificar completamente la Constitución sin tener que preguntar ni una sola vez a la nación. Unos pocos, a quienes hemos delegado el poder, controlan el destino de nuestras instituciones y aquello tiene que cambiar. Requerimos, entonces, transferir poder a la ciudadanía de modo que sea ella la que tenga la última palabra respecto del diseño constitucional que queremos implementar. Así, la ratificación de un nuevo pacto constitucional es esencial para posibilitar una reforma de la magnitud que se plantea.
Tercero, la propuesta no dice nada en relación a la forma en que superaremos las desigualdades históricas presentes en nuestra sociedad. La crisis de representación no se vincula solo con las dificultades experimentadas por las instituciones representativas (el presidencialismo exacerbado, por ejemplo). También se refiere a la injusta distribución de poder en la sociedad: injusta para los indígenas, para las mujeres, los jóvenes, los territorios empobrecidos, las personas con discapacidades físicas. Debiésemos explicitar en nuestras propuestas la forma concreta en que reduciremos estas brechas, y la única forma es a través de explícitos mecanismos de acción afirmativa.
La propuesta RN-PDC recuerda mucho el pacto liberal-conservador del siglo XIX que buscaba remediar algunas enfermedades de la antigua República. Recuerda también al acuerdo Concertacionista-aliancista que reformó parcialmente la Constitución de Pinochet en 1989 y 2005. Se trata de un programa que apuesta por alterar de forma relativa el balance de poder entre Ejecutivo y Legislativo, pero que no cuestiona en lo más mínimo la distribución de poder en la sociedad. Una agenda en definitiva moderada, cauta. Podríamos decir, una propuesta conservadora.
