Si no queremos que Magallanes mire hacia el Oriente o Arica hacia el Norte; si queremos que los “patagones” comprendan que sus aguas son de todos los chilenos y antofagastinos y calameños, que el cobre es también de sus hermanos del centro y sur; si queremos, en fin, un Chile integrado, es necesario un país participativo, una nación comprometida. Pero aquello sólo es alcanzable llevando los niveles de decisión estatales a las instancias locales correspondientes y en las dimensiones y alcances justos y adecuados.
Es un hecho innegable que Chile es un Estado Unitario y que, en tal carácter, sustenta su desarrollo en al menos cuatro ejes centrales: la unidad de la Nación, es decir de sus habitantes; la unidad de su ordenamiento jurídico, con una Constitución, leyes y normas que rigen para todos; una concepción unitaria de su estructura gubernamental y de poderes; y su unidad territorial.
Asumiendo este valor con inquebrantable voluntad, con la misma fuerza y convicción parece cada vez más indispensable avanzar, rápida y decididamente, en un modo de gestión de nuestro Estado que muestre una clara vocación orientada a la descentralización territorial y una consistente y creciente desconcentración en la perspectiva funcional y de atribuciones.
[cita]Si no queremos que Magallanes mire hacia el Oriente o Arica hacia el Norte; si queremos que los “patagones” comprendan que sus aguas son de todos los chilenos y antofagastinos y calameños, que el cobre es también de sus hermanos del centro y sur; si queremos, en fin, un Chile integrado, es necesario un país participativo, una nación comprometida. Pero aquello sólo es alcanzable llevando los niveles de decisión estatales a las instancias locales correspondientes y en las dimensiones y alcances justos y adecuados.[/cita]
En efecto, la sociedad contemporánea hace tiempo perdió la pasividad y se ha liberado del letargo y somnolencia que fueron propios de un mundo mal intercomunicado y con escasa información; las personas se sienten hoy parte activa de esa figura jurídica que denominamos Estado y, en consecuencia, reclaman para sí un rol más activo y protagónico en su desarrollo y modernización, en el logro de nuevas metas y búsqueda de nuevos desafíos personales y sociales.
Chile vive un régimen plenamente democrático. Su pueblo se origina a partir de una pluralidad de etnias que, en nuestra especial geografía, presentan una enorme diversidad. Sin embargo, durante su breve pero rica historia se han generado en su territorio obvias inequidades que han traído consigo marcadas y profundas heridas. Hoy, más que nunca, se requiere cicatrizarlas, iniciando así un proceso de recomposición que, mediante mayor participación ciudadana, permita establecer un nuevo y más armónico orden nacional.
Modernizar el Estado implica transferir funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos financieros, materiales y tecnológicos desde el Gobierno central hacia las regiones, de manera que su redistribución y gestión responda de manera efectiva y eficiente a las necesidades locales. Descentralizar es delegar en forma permanente, desde los niveles más altos del sistema público a los regionales, el ejercicio de parte significativa de las atribuciones que hoy ostenta el Estado central, traspasando los recursos consistentes con tales nuevas responsabilidades a los niveles de base que forman parte del mismo organismo.
Este proceso requiere de una participación social activa y protagónica, involucrando a todos los sectores de la vida jurídica, política, cultural y económica del país. De esa manera, se propende a una más justa y equitativa reasignación local de derechos y deberes.
La responsabilidad social se fomenta incentivando el sentido de pertenencia país y ésta, cuando los derechos de cada ciudadano son respetados, pues en ese proceso, las personas asumen los deberes consustanciales a tales derechos dignificados. Si no queremos que Magallanes mire hacia el Oriente o Arica hacia el Norte; si queremos que los “patagones” comprendan que sus aguas son de todos los chilenos y antofagastinos y calameños, que el cobre es también de sus hermanos del centro y sur; si queremos, en fin, un Chile integrado, es necesario un país participativo, una nación comprometida. Pero aquello sólo es alcanzable llevando los niveles de decisión estatales a las instancias locales correspondientes y en las dimensiones y alcances justos y adecuados.
Si más del 90% de la inversión pública del país se va a seguir resolviendo en el barrio cívico de la capital, si se van a diseñar más Transantiago a espaldas de los santiaguinos, si no hay mayor injerencia de la voluntad ciudadana local en la asignación de recursos de salud, educación, vivienda, seguridad, medioambiente, obras públicas, infraestructura municipal, calles y otros temas de gran impacto en la vida de las personas, la exigida responsabilidad social es un discurso vacío.
Quienes creemos en la descentralización y desconcentración de atribuciones y recursos como forma de ir poniendo al día a nuestro Estado y entregar así mayores responsabilidades y dignidad a la ciudadanía en todo el territorio nacional, tenemos la esperanza que en esta segunda etapa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se avance vigorosamente en esta Gran Reforma que, por lo demás, constituye un eje fundamental de su Programa de Gobierno y con la cual podría marcar a fuego su mandato.
La descentralización y desconcentración es el punto de partida para resolver diversos problemas presentes en los sistemas de Educación y Salud, en la igualdad de accesos a los beneficios sociales, en una mayor integración de etnias que se sienten desplazadas, incrementando así la participación ciudadana, la responsabilidad social, el sentido de pertenencia nacional y la capacidad de resolución de problemas a nivel local, todas acciones que morigerarían el surgimiento de causas útiles a activistas de todo tipo que explotan justas disconformidades circunstanciales, creando conflictos que afectan el normal desenvolvimiento del país en su conjunto.
