Citando al propio Ministro de Vivienda, a raíz de su aparición en una reciente campaña de Gobierno transmitida por radio y televisión, lo difícil es consensuar una visión de nuestras ciudades para los Pérez y los Mackenna sin perder de vista el bien común y un territorio llamado Chile, que no es lo mismo que Santiago de Chile.
El ministro de Vivienda y Urbanismo Rodrigo Pérez Mackenna se ha propuesto contar a fin del presente año con una política capaz de alinear a los diversos organismos públicos que intervienen en el territorio y orientar el desarrollo de las ciudades a lo largo del país. Veintisiete años después de la última política de alcance nacional de planificación territorial, hoy se propone encausar nuevamente el desarrollo de nuestras urbes a través de la elaboración de una Política Nacional de Desarrollo Urbano.
Para cumplir con esta misión, se ha constituido una mesa de expertos, pero además de expertos, los ciudadanos también estaremos convocados, gracias a la ley de transparencia y participación ciudadana, que demandará consultas abiertas. Siendo optimistas, estos mecanismos de participación articulados de forma clara y transparente podrían estimular un auténtico debate nacional, lo que a su vez permitiría elaborar una política para nuestras ciudades realmente participativa, como es el espíritu de la ley. Sin embargo, es necesario señalar que el principal problema de este desafío es consensuar una política que trascienda a un gobierno en particular y consolide una visión de Estado en materias de desarrollo urbano y territorial.
[cita]Citando al propio Ministro de Vivienda, a raíz de su aparición en una reciente campaña de Gobierno transmitida por radio y televisión, lo difícil es consensuar una visión de nuestras ciudades para los Pérez y los Mackenna sin perder de vista el bien común y un territorio llamado Chile, que no es lo mismo que Santiago de Chile.[/cita]
Durante demasiado tiempo las instituciones públicas han demostrado debilidad en su rol como guía, árbitro y fiscalizador de los distintos intereses que se concentran en el desarrollo de nuestras ciudades. En particular, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, indistintamente del color político, aunque más marcadamente durante el gobierno actual, ha jugado un rol dúctil y permeable a los intereses privados. Perdiendo no sólo el equilibrio, sino también la imparcialidad, en varios debates públicos, como el de la extensión urbana del Gran Santiago y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Este sesgo se verifica con mayor claridad en la forma en que las inversiones públicas y privadas se implementan en el territorio urbano. Un claro ejemplo son las viviendas sociales y la influencia que ha ejercido sobre su disposición la Cámara Chilena de la Construcción, articulando una visión de ciudad flexible y dúctil a los intereses de mercado por sobre la planificación del bien común. Asimismo el Plan de Reconstrucción, ha demostrado la voluntad de fragmentar el territorio en proyectos emblemáticos y privilegiar las alianzas privado-públicas, eludiendo la responsabilidad de planificar en ausencia de intereses privados.
El sector público pareciera carecer de una visión propia sobre nuestro desarrollo urbano y territorial, vistiéndose de intereses privados para materializar los proyectos e inversiones que benefician a unos pocos, en vez de articular una estrategia estatal de desarrollo territorial para el país, capaz de revertir la segregación e injusticia espacial que afecta a todos los habitantes de nuestras ciudades. No es posible llegar a una política pública sobre nuestras ciudades, cuando los distintos actores y sectores de nuestra sociedad no poseen una visión comprehensiva del territorio, ni son capaces de consensuar y complementar una visión a futuro, esa es la gran tarea de la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano.
Incrementalmente se ha comenzado a discutir sobre ciudades, territorios, barrios y ciudadanos en los medios de comunicación, opiniones que han buscado instalar distintas ideas de ciudad; hay quienes abogan por la ciudad de los presidentes y las grandes obras emblemáticas, mientras otros han defendido una ciudad para los ciudadanos, junto con un rol más activo en los procesos y decisiones sobre el bien común.
Citando al propio Ministro de Vivienda, a raíz de su aparición en una reciente campaña de gobierno transmitida por radio y televisión, lo difícil es consensuar una visión de nuestras ciudades para los Pérez y los Mackenna sin perder de vista el bien común y un territorio llamado Chile, que no es lo mismo que Santiago de Chile.
