Tal como lo señala The Economist, la confianza en el modelo económico parece debilitada, debido a que el movimiento estudiantil cristalizó en la mayoría de la población el sentimiento de que la política, la economía y los medios están alineados en favor de la élite y no de la mayoría ciudadana.
El modelo chileno se atascó el 2011. Las protestas sociales cogieron desprevenidos al gobierno y a la clase política. En el último quinquenio, Chile se desacopló de la mayor crisis económica occidental de posguerra, con un crecimiento del PIB vigoroso, de 6%, incluso en el año mismo de esas movilizaciones.
Esa contradicción nos hizo de nuevo noticia mundial. Junto a la primavera árabe, el movimiento ocupa de Wall Street y los indignados en España. Hoy, en Chile, se debate sobre la desigualdad y cambios o derrumbe del sistema neoliberal y del binominalismo político, tan alabado en muchos sectores de nuestro país, lo que resulta casi una paradoja.
Recientemente, el influyente The New York Times publicó una larga crónica sobre la mundialmente famosa Camila Vallejo y las manifestaciones estudiantiles. Y The Economist, la revista británica, thatcherista en las últimas décadas, publicó sendos artículos sobre: (a) «Como detener que una revuelta de clase media descarrile un exitoso modelo de desarrollo» y (b) «Una popular rebelión estudiantil muestra como los chilenos, al estar mejor, quieren que el gobierno garantice una sociedad más justa. Los políticos bregan para responder.»
Todo esto ocurre, agrega The Economist, cuando Chile destaca en América Latina por su rápido crecimiento, progreso social, estabilidad política y relativamente robustas instituciones. Palabras similares utilizó el presidente colombiano Santos al visitar nuestro país.
[cita]En Chile, el problema es que más que una economía de mercado, existe una doctrina pro empresarial. El modelo favorece a las grandes empresas, que se coluden entre sí y pagan bajos salarios. Los derechos laborales fueron desmantelados por la dictadura, y ellas pagan bajos impuestos, gracias a exenciones tributarias, compañías de papel y resquicios legales que les permiten eludirlos o camuflarlos como inversiones.[/cita]
No obstante, el hábito de la protesta parece hacerse popular. The Economist cita las manifestaciones en regiones, a las que agregaría las ecológicas. Y los líderes políticos del país se interrogan si efectivamente están frente a una rebelión popular en contra del modelo, como se denomina el sistema de libre mercado que legó Pinochet y que sus sucesores dejaron en gran parte intacto.
No obstante, siempre hubo síntomas de que no era oro todo lo que brillaba.
Entre los malos augurios destacan (a) la disminución constante de la participación electoral a partir de 1997, que hizo que en la última elección presidencial fueron más los que no votaron por el ganador que los que lo hicieron; (b) el aumento del descontento con la marcha de la democracia y sus instituciones (Congreso, partidos) y el apoyo a la economía de mercado, pero con fuertes críticas al empresariado (encuestas Latinobarómetro); (c) el estudio del BID, 2008, sobre el crecimiento desdichado, que compara el último quintil del Chile de la Concertación con el de la Honduras de Zelaya, que era más pobre, pero más feliz; (d) las rebelión de los pingüinos, primera generación de adolescentes post dictadura que desató la crisis educacional del país en las calles.
El Chile de hoy es menos pobre que durante la dictadura, pero tanto o más desigual que sus congéneres latinoamericanos. Los que viven bajo la línea de la pobreza han disminuido del 40% a 15% de la población, pero todavía el índice de desigualdad, GINI, no alcanza 0,50. Entre el 2006 y el 2010 los pobres aumentaron de 13,7% a 15,1%. En contraste, en el último quinquenio, el de la gran crisis, la fortuna de los cinco billonarios chilenos de la lista Forbes se duplicó, a 40 mil millones de dólares, y pasó del 20% del PIB nominal a llevarse el 26% del crecimiento económico del país en ese período.
Gurúes derechistas sostienen que la desigualdad tiene poca importancia. Uno muy católico dijo que esa diferencia era parte de la creación, y se sumó a la teología de la predestinación calvinista. Otros, más animalistas, consideran que estimula el emprendimiento, cuya base serían dos instintos: la envidia a los que tienen más y el afán de lucro, es decir, la codicia.
Sin embargo, ningún político derechista en ninguna parte defiende la desigualdad. El proyecto de Thatcher , considerado radical, se camufló como la «sociedad de propietarios», iniciado con la venta de un millón y medio de viviendas del sector público a sus arrendatarios por precios para ellos accesibles. Y hasta ahora los conservadores británicos predican la doctrina de un solo país, y no de dos, uno de los ricos y otro de los pobres, proveniente de la novela de Disraeli «The Two Nations» (1845). En Gran Bretaña, por tanto, las AFP, las ISAPRES y la educación con fines de lucro desempeñan un rol muy secundario.
En Chile, el problema es que más que una economía de mercado, existe una doctrina pro empresarial. El modelo favorece a las grandes empresas, que se coluden entre sí y pagan bajos salarios. Los derechos laborales fueron desmantelados por la dictadura, y ellas pagan bajos impuestos, gracias a exenciones tributarias, compañías de papel y resquicios legales que les permiten eludirlos o camuflarlos como inversiones.
Para The Economist, ello se complementa con uno de los más impopulares oligopolios como son las dos alianzas políticas dominantes gracias al sistema electoral binominal que transformó a los cargos de elección popular en sinecuras y avanza rápidamente hacia una gerontocracia.
La educación superior tuvo un aumento explosivo en los últimos veinte años, en un país que abrazaba la democracia y la economía de mercado, y preparaba la fuerza de trabajo para el aterrizaje en la sociedad del conocimiento.
El número de estudiantes superiores en Chile pasó de 200.000 a 1.100.000, desde 1990 a la fecha, es decir el 45% de la población que tiene entre 18 y 24 años de edad. De ellos, el 70% son la primera generación que llega a ese nivel de estudios en sus familias.
Chile tiene un gasto consolidado alto en educación entre los países de la OCDE, 7% del PIB. Pero a diferencia de sus socios, más de un tercio de ese gasto es privado, lo que lo pone a la cola del gasto público. A ello se añade que en la educación superior el 80% del financiamiento recae en los estudiantes y el 60% de ellos reciben becas y préstamos con respaldo estatal, pero que solo les alcanza para cubrir menos del 70% de los costos.
En las universidades de elite económica el pago fluctúa entre 700 y 1.000 dólares mensuales en un país en que el salario promedio es algo más de mil dólares.
La situación se agrava porque el 40% de los graduados descubre que sus remuneraciones no retornarán la inversión que hicieron en sus estudios ni les alcanzarán a pagar las deudas que contrajeron, combinación que el ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Andrés Velasco: «es explosiva».
Todo ello explica porqué el movimiento estudiantil del 2011 trascendió el marco educacional y se instaló como agenda política nacional, con amplio apoyo ciudadano. Es un problema familar y social, al mismo tiempo.
El Gobierno finalmente propuso aumentar los impuestos para financiar mejoras en la educación. Según muchos es insuficiente, pues se requiere recaudar a lo menos 2 o 3 por ciento más del PIB. El actual ministro de Hacienda sostiene lo contrario, indicando que los niveles tributarios actuales son suficientes para una economía del nivel chileno.
Las perspectivas de mejoramiento se ven lentas. Con todo, hoy parece haber un activo nuevo: una juventud liberada de los fantasmas del pasado. Cuando se le preguntó al líder estudiantil de 2011 Giorgio Jackson que significaba la dictadura para él, contestó: «Nada, nací en 1987».
Tal como lo señala The Economist, la confianza en el modelo económico parece debilitada, debido a que el movimiento estudiantil cristalizó en la mayoría de la población el sentimiento de que la política, la economía y los medios están alineados en favor de la élite y no de la mayoría ciudadana.
