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Un Estado cómplice del lucro y de espaldas a las universidades públicas

por 23 junio, 2012

En consecuencia, si el Estado ha demostrado nula capacidad para regular el sistema privado, en el caso de las universidades públicas literalmente les ha faltado el respeto, no valorando, reconociendo o apoyando con los recursos necesarios (aportes basales) a casas de altos estudios que por décadas se han dedicado no sólo a la docencia, sino a la investigación, publicación y extensión.
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Uno de los espacios más golpeados e intervenidos tras el Golpe de Estado de 1973, fue el sistema educacional. En el caso de las universidades, ésta se inició con la designación de los (mal) recordados Rectores-Delegados (Decreto Ley número 50, octubre de 1973), dando paso así a uno de los momentos más tristes y oscuros de la vida universitaria nacional, como fue la presencia militar en el mundo de la Academia, lugar por excelencia abierto al diálogo, pluralismo, tolerancia y debate de ideas.

Sin embargo, ahora estaría sometida a la política dictatorial del control y disciplinamiento social. Como apunta Miguel Valderrama (2001), al referirse a la intervención militar en las universidades, “Se suprimieron unidades académicas, se clausuraron carreras, se congeló el ingreso de nuevos alumnos y se expulsó personal docente sobre la base de consideraciones exclusivamente políticas”. En términos más generales y como apunta Brunner y Catalán (1985), fue el inicio e institucionalización de una “cultura autoritaria”, imponiendo un nuevo régimen político a la sociedad, alterando la orientación social, sus formas de representación colectiva, las identidades de los grupos, las formas de expresión simbólica, desde la vida cotidiana hasta los aspectos profesionales.

Si bien la intervención en el mundo de la Academia tenía como objetivo (en palabras de los militares) “normalizar las actividades docentes, de investigación y extensión” (Decreto Ley 762, noviembre de 1974) el objetivo mayor de la dictadura fue delinear -entre otras cosas- una nueva política universitaria que se enmarcara en el nuevo sistema político y económico imperante. En otras palabras, llevar adelante todo un proceso de trasformación enmarcado en la concepción ideología de la seguridad nacional, la ideología del neoliberalismo aplicada a la economía, política y cultura y la influencia de aquellos elementos del tradicionalismo católico. Lo anterior se consagró a través de la Constitución de 1980 y desde el punto de vista educativo con las directivas educacionales del año 1979 y la legislación universitaria de 1981.

En consecuencia, si el Estado ha demostrado nula capacidad para regular el sistema privado, en el caso de las universidades públicas literalmente les ha faltado el respeto, no valorando, reconociendo o apoyando con los recursos necesarios (aportes basales) a casas de altos estudios que por décadas se han dedicado no sólo a la docencia, sino a la investigación, publicación y extensión.

Toda esta ingeniería política y social se ha mantenido prácticamente incólume durante más de 30 años. De ahí la importancia, fuerza y trascendencia que ha tenido el movimiento estudiantil, al poner en tela de juicio y en cuestionamiento el sistema heredado por la dictadura y administrado por los gobiernos de la Concertación. En vista de aquello, ¿puede llamar la atención el reciente informe emanado de la Comisión Investigadora sobre el funcionamiento de la Educación Superior? Para quienes nos desenvolvemos en el mundo universitario, no debería sorprender los aspectos que contiene este informe; sin embargo, no deja de llamar la atención algunas variables que entre otras cosas, viene a ratificar lo expuesto públicamente por el movimientos estudiantil, algunos actores del mundo social y de la Academia.

Teniendo a la vista el informe, uno puede constatar un par de elementos que como mínimo deberían llamara a la reflexión y (auto) crítica de quienes (sectores del empresariado y de la clase política) por años han sostenido el discurso en aras de la “libertad de enseñanza para emprender” , respecto de cómo el sistema ha permitido aumentar fuertemente la cobertura, ya que un 75% de los estudiantes lo hacen en universidades no tradicionales, terminando por convertir la educación chilena en un gran negocio o actividad comercial sin ningún tipo de regulación o supervisión por quienes tienen aquella responsabilidad (Estado, Ministerio de Educación), entregando autonomía a las Instituciones de Educación Superior (IES), detectándose el que no había regulación obligatoria que aumentara las exigencias de entrada, no intervenir en los procesos de admisión, no regular la oferta de carreras, la apertura de sedes, las vacantes ofrecidas, los aranceles”. Asimismo, se estableció un mecanismo voluntario de “acreditación” de las instituciones que al día de hoy ha demostrado estar lleno de vicios (véase los reportajes de Ciper año 2011). En otras palabras, el propio Estado fue creando e instituyendo todo un dispositivo de normas que “permitió, incentivó y fortaleció un sistema de educación superior privado prácticamente desregulado”, que se exteriorizaba en la calidad de algunas de estas instituciones, siendo uno de los elementos más graves -como subraya el informe- el que no se ha realizado en 30 años de lo que lleva de existencia el sistema de educación superior privado, alguna  fiscalización, auditoria  o simple revisión en orden a determinar la existencia de fines de lucro en alguna de las instituciones privadas que han lucrado con ventas millonarias”.

Esta complicidad entre la deficiente regulación por parte del Estado (Ministerio de Educación, clase política) y un sistema universitario privado que haciendo uso (y abuso) del derecho a la libertad de enseñanza y en la oferta educativa, ha transgrediendo principios básicos en esta materia como son la calidad, equidad, responsabilidad, integración y transparencia, siendo los más perjudicados con todo esto aquellos jóvenes y sus familias que ven en la educación una oportunidad de movilidad social, pero que al finalizar sus años de estudio lo han hecho con un sentimiento de frustración, impotencia, rabia y una fuerte carga económica.

Pero no solamente estos jóvenes son los afectados con todas estas malas prácticas del sistema de educación superior. Las universidades públicas también se han visto perjudicadas, al hacerlas “competir” con estas instituciones privadas, con lo cual el Estado ha demostrado una falta de visión, pero sobre todo de compromiso con sus universidades, especialmente con aquellas de regiones, obligándolas a tener que buscar fórmulas para generar mayores ingresos y así cumplir con sus compromisos y los estándares internacionales que rigen a toda Universidad que se dice y asume completa y compleja.

En consecuencia, si el Estado ha demostrado nula capacidad para regular el sistema privado, en el caso de las universidades públicas literalmente les ha faltado el respeto, no valorando, reconociendo o apoyando con los recursos necesarios (aportes basales) a casas de altos estudios que por décadas se han dedicado no sólo a la docencia, sino a la investigación, publicación y extensión.



Por ello y tal como hemos señalado en otras oportunidades, el tema educativo es un buen campo en disputa, es decir, es un tema político e ideológico (como lo reconoció el propio Presidente Sebastián Piñera), el cual tiene que ver con el tipo de sociedad y de ciudadanos que queremos constituir. Por ello, exigir trasformaciones estructurales a la educación chilena implica al mismo tiempo terminar con dos herencias enquistadas de la dictadura: una institucionalidad  en el ámbito político y una desigualdad en lo económico y social.

Si no somos capaces de hacernos cargos de estos temas y logramos cambios de fondo aquella arquitectura autoritaria, seguiremos estando supeditados a un Estado cómplice de estas malas prácticas y de espaldas a las Universidades públicas.

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