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Los postergados de siempre

por 10 julio, 2012

El desafío para Chile es mayor y requiere que tanto la ciudadanía, la sociedad civil y por supuesto el Gobierno asuma la tarea de visibilizar a los niños como personas con necesidades independientes de la familia a la que pertenecen.
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Durante estas últimas semanas hemos visto en los medios de comunicación graves noticias relacionadas con los niños. Niños que son víctimas de abuso sexual en el sector oriente de la capital con una necesidad urgente de diagnóstico, niños descompensados en un hospital siquiátrico en Concepción, niños con necesidades especiales en materia de salud que no son cubiertas ni por el sistema privado de salud, ni por el Estado, niños viviendo en la casa de un árbol porque sus padres no pueden acceder a una vivienda.

¿Cuál es el factor común de todas estas situaciones?, resulta evidente que en el diseño de las políticas públicas hay un gran olvidado, los niños. Las diversas problemáticas que los afectan sólo son visibilizadas por el mundo adulto cuando se presentan las crisis. Los colegios sólo ven con preocupación las situaciones de abuso sexual cuando es un miembro de su propia comunidad educativa quien se ve cuestionado, pero no existe obligación alguna para los establecimientos educacionales de generar protocolos preventivos como sí ocurre en materia de seguridad e higiene.

La oferta de salud mental para los niños es escasa y generalmente se adecúa a cupos dentro de la oferta diseñada pensando en adultos pero, no en las necesidades de los niños. Las garantías de salud sólo se establecen cuando existe una demanda suficiente que permite hacer rentable la inversión social, así muchas familias quedan en la más absoluta soledad enfrentando diversas patologías sin que se diseñe una ayuda apropiada.

El desafío para Chile es mayor y requiere que tanto la ciudadanía, la sociedad civil y por supuesto el Gobierno asuma la tarea de visibilizar a los niños como personas con necesidades independientes de la familia a la que pertenecen.

En el diseño de políticas habitacionales tampoco se toma en consideración las necesidades de los niños, se descuidan los espacios de juego y de intimidad de los miembros de la familia.

Es evidente entonces, que las problemáticas de los niños trascienden la labor que el Servicio Nacional de Menores y las Instituciones Colaboradoras, lleva a cabo. Es necesario y urgente tener una mirada más amplia, universal, que permita visibilizar las diferentes necesidades y realidades que presentan todos los niños de nuestro país, y no sólo los más vulnerables. Es urgente la aprobación de una ley de protección integral de los derechos de los niños que permita un reconocimiento formal de su dignidad como personas y que organice efectivamente al Estado para poder evitar y llegar a tiempo frente a las duras problemáticas a las que nuestra infancia se ve expuesta.

Por todo lo anterior es que un amplio número de organismos no gubernamentales sin fines de lucro, representativo de todas las sensibilidades políticas del país, estamos impulsando ante el Gobierno y el Parlamento, la generación de una Ley de Protección Integral de derechos de los niños.

En este esfuerzo se constituyó una mesa técnica en el ministerio de Desarrollo Social que levantó una propuesta que posteriormente fue analizada dentro del gobierno. Sin embargo, el imperativo que nace de las convenciones internacionales de reconocer derechos universales a la Infancia en Chile se ha visto enfrentado con las dificultades técnicas y políticas de tener que diseñar políticas públicas para todos los niños y niñas, incluyendo aquellos grupos que no necesariamente se encuentran bajo la línea de la pobreza.

El desafío para Chile es mayor y requiere que tanto la ciudadanía, la sociedad civil y por supuesto el Gobierno asuma la tarea de visibilizar a los niños como personas con necesidades independientes de la familia a la que pertenecen.

En consecuencia, se trata de superar ideas preconcebidas de que los problemas que afectan a la niñez se presentan sólo en grupos determinados de la sociedad, los pobres, las familias disfuncionales u otros grupos marginales y dar un salto cualitativo que permita reconocer a todos los niños, niñas y adolescentes en su dignidad de personas, sin distinciones.

Para nosotros, el reconocimiento efectivo de los derechos de la infancia no permite más postergaciones.

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